Foto: CIMAC
Por mayoría de votos, las comisiones unidas de Equidad de Género, Justicia y Salud del Congreso de Guerrero desecharon la iniciativa de reforma enviada en mayo pasado por el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Reunidos la tarde de ayer, nueve de los 14 diputados que conforman las comisiones avalaron el dictamen con el que se desechó la iniciativa para modificar el Código Penal local y la Ley de Salud del estado, para permitir y garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tal y como ocurre en el Distrito Federal.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Ana Lilia Jiménez Rumbo, sostuvo –en conferencia de prensa– que para la elaboración del dictamen se ponderaron las opiniones de la gente, ya que se observó que “la mayoría rechaza la despenalización del aborto”.
Agregó que el dictamen negativo a la iniciativa se ciñe a comentarios de científicos, católicos y grupos religiosos en contra de la despenalización, pues aseguró que sus voces son mayoritarias a las de quienes están a favor, aunque no aclaró de qué modo se realizó esa valoración.
Cabe recordar que la elaboración del dictamen se dio tras una serie de foros y consultas que promovió el mismo Congreso guerrerense, al asegurar el pasado 15 de mayo (primera fecha en la que estaba prevista la votación de la iniciativa) que “necesitaba más información” al respecto.
A estas reuniones acudieron representantes de grupos civiles, académicas y expertas en salud sexual y reproductiva, entre las que destacan la directora de Ipas-México, Raffaela Schiavon, quien dijo a las y los legisladores que una de las principales causas de muerte materna (MM) en la entidad es el aborto inseguro.
También acudió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien (de acuerdo con la información difundida por el Congreso local) aclaró a las comisiones legislativas que “la discusión no es despenalizar el aborto, sino detener la criminalización que sufren las mujeres que por alguna u otra razón se ven en la obligación o la necesidad de recurrir a esa práctica”.
Al mismo tiempo, la iniciativa contaba con el respaldo de la Secretaría de la Mujer (Semujer) y del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, instituciones que se pronunciaron a favor de la iniciativa al considerar que lo que se protegía era la salud de las mujeres, pues se buscaba brindarles mejores condiciones de salud y de ninguna manera se promovía el aborto como un método anticonceptivo.
Es de destacar que a la par de los foros y reuniones hubo una fuerte campaña de represión, hostigamiento y hasta descalificación contra quienes apoyaban la iniciativa.
Incluso ayer se denunció en redes sociales que se impidió a activistas y grupos civiles a favor de las mujeres entrar a la reunión de las comisiones, mientras que a grupos religiosos sí se les permitió.
Ayer mismo integrantes de la academia enviaron al Congreso local una carta abierta para conminar a las y los legisladores a aprobar el proyecto para despenalizar el aborto.
En la carta firmada por 180 académicas y académicos, entre ellas Gabriela Delgado Ballesteros, Julia Monárrez, Lucía Melgar y Lourdes Enríquez, se afirma que es inaceptable “atribuir a la mujer la responsabilidad única de evitar el embarazo y en cambio negarle el derecho a decidir sobre su maternidad”.
Al penalizar el aborto –agregan– “se ejerce influencia desde el Estado en el entorno social, se estigmatiza la interrupción voluntaria del embarazo como si fuera una conducta indebida, inmoral, execrable, con lo cual se combate la libertad y se fomenta al mismo tiempo el repudio de la mujer que decide sobre su cuerpo”.
Y enfatizan que en materia de libertad y derechos no deberían existir discriminaciones, ya que la prohibición penal del aborto “es un acto de desigualdad, de segregación, prohibido en las leyes internacionales de Derechos Humanos”.
Al mismo tiempo recuerdan que el Estado laico es una conquista histórica, por lo que las decisiones de las autoridades deben darse al margen de cuestiones religiosas.
Resaltan también que a raíz de la despenalización del aborto en el DF se ha “logrado que esta práctica deje de ser clandestina”, y se “ha abatido la mortalidad y morbilidad de mujeres, a quienes se les practicaba el aborto en condiciones inseguras”.
El dictamen negativo podría ser votado en la próxima sesión del Congreso tentativamente el lunes 16 de junio. Ahí, las y los diputados podrían votar en contra del dictamen y proceder a que se despenalice el aborto.
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(CIMAC)
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