Foto: Azteca Noticias
La situación que prevalece en el sistema carcelario de la ciudad de México requiere atención bajo un esquema que aborde fenómenos estructurales y sistémicos.
Así lo estableció la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), añadiendo que un primer paso para su mejoramiento lo constituye la adopción de un marco jurídico que de manera armónica con otros textos normativos de la materia, ofrezca alternativas de solución a las problemáticas identificadas.
La recién publicada Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, aunque bien intencionada, continúa con el desfase para la atención del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, y genera algunos retrocesos en materia de derechos humanos, informó.
El texto pone de manifiesto algunos avances, tales como el establecimiento de un servicio profesional de carrera para el personal penitenciario; reconoce la ubicación de personas de acuerdo a su género; la posibilidad de que personas próximas a obtener la libertad sean incorporadas a “Programas de Reinserción Social,” entre otras.
Sin embargo, según la comisión, estos aportes siguen sin satisfacer las exigencias previstas en el Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La finalidad de la ley era establecer las bases generales para la operación y funcionamiento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, a través de la implementación de programas, acciones y actividades para contribuir con la reinserción social de las personas de acuerdo a los tratados internacionales y los estándares en la materia, pero de su análisis se aprecian disposiciones con falta de sistematización y en algunos supuestos incluso contrapuestos con el texto constitucional.
Además, «no contiene un lenguaje incluyente con perspectiva de género ni en su redacción, ni en sus disposiciones; dogmáticamente considera el valor del respeto a los derechos humanos, pero pierde esa centralidad en las disposiciones operativas».
Una ausencia preocupante para la CDHDF es la de un Consejo de Honor y Justicia como ente encargado de conocer y pronunciarse sobre actos u omisiones de personal de seguridad y custodia, cuyo objetivo sea brindarles certeza jurídica a todas las personas internas, además de evitar la impunidad por los actos que se cometieren.
Ante la situación expuesta y con el objeto de participar en la construcción de un marco normativo a partir de la centralidad de los derechos humanos y del corpus iuris de los derechos de las personas privadas de la libertad, dicha Comisión entregará de manera institucional las preocupaciones de la ley a la Asamblea Legislativa sin menoscabo de las acciones que en sus atribuciones correspondan.
El cuadro de observaciones generales, observaciones específicas y aportaciones están disponibles en www.cdhdf.org.mx.
=Mónica Muñiz=
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