Foto: César Martínez López
CIMAC
Desde hace más de una década la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es señalada por la deficiente atención que ofrecen las agencias especializadas en delitos sexuales, y el maltrato a las mujeres que denuncian estos crímenes.
En el año 2000 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) evidenció el actuar de la Procuraduría capitalina, entonces encabezada por Samuel Del Villar Kretchmar, al emitir la recomendación 3/2000 por la mala atención a las víctimas de violación sexual.
Aunque la PGJDF aceptó parcialmente la recomendación e implementó acciones para revertir la situación, hoy en día ocurren casos como el de Yakiri Rubí Rubio Aupart, joven que presuntamente fue violada el pasado 9 de diciembre.
La recomendación de hace 14 años se derivó de la queja de un grupo de académicas, políticas, activistas, feministas y organizaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, y los programas de Sexualidad Humana e Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual, ambos de la Facultad de Psicología de la UNAM.
A esa denuncia se sumaron Defensoras Populares, la Red Nacional de Abogadas, el Centro Integral de Apoyo a la Mujer Coyoacán, la Asamblea Nacional de Mujeres por el Cambio, el Consejo Yaocíhuatl, la Asamblea Nacional de Mujeres, y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, entre otras agrupaciones y personalidades.
Las activistas manifestaron en su momento su preocupación porque las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la PGJDF, creadas en 1989 a partir de la demanda del movimiento de mujeres, no cumplían debidamente con su función, por lo que solicitaron una investigación al respecto.
Estas organizaciones que trabajaban de cerca con víctimas de violación sexual y que en algunos casos ofrecían apoyo psicológico o legal se percataron de los procesos denigrantes a los que eran sometidas, por lo que demandaron una revisión exhaustiva y a fondo de las agencias que se suponían especializadas en la materia.
La CDHDF sustentó la queja a partir de tres casos: el primero ocurrido en 1996, cuando un hombre acudió a la agencia de Coyoacán a denunciar la violación de su hija de 14 años. Ahí le indicaron que esa agencia no le correspondía y no le iniciaron la denuncia. Recorrió todas las Agencias de Delitos Sexuales hasta que al final la averiguación previa se inició en Coyoacán –donde acudió desde el principio–.
El segundo caso fue el de una mujer que en 1999 solicitó apoyo de la Policía Judicial para presentar al presunto responsable de la violación de una niña de 13 años ante la Agencia Especializada en Miguel Hidalgo. La agente del Ministerio Público (MP) se negó a ordenar la indagatoria, así que después la averiguación previa se inició en la agencia de Coyoacán.
Un caso más fue cuando en 1999 una mujer acudió a la Agencia 48 Especializada en Delitos Sexuales para denunciar la violación de su hija de dos años. La trataron muy mal y según su testimonio la médica legista fue tan desatenta con la menor, que ésta se resistió a la revisión.
Con tres testimonios de por medio, el entonces ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, inició una investigación sobre las agencias especializadas y encontró que a excepción de quienes fueron contratados cuando se inauguraron las instancias, el personal no fue seleccionado ni capacitado específicamente.
Sumado a la nula especialización, detectó que desde 10 años atrás el personal no recibía capacitación en materia de delitos sexuales y carecía de manuales operativos o de normatividad, y en algunos turnos faltaban médicos o sólo había una patrulla que no siempre estaba disponible.
Asimismo, la PGJDF brindaba cada mes a su personal materiales de investigación, como sellos para puertas, cintas, lámparas para diligencias nocturnas, o formatos de fe de vehículos, que muchas veces eran insuficientes.
A partir de la evidencia, la CDHDF realizó una recomendación para pedir a la Procuraduría capitalina resarcir las deficiencias, por lo que la autoridad actuó en consecuencia para mejorar la infraestructura, el inmobiliario, elaborar manuales operativos y capacitar a su personal, y así la recomendación se tomó por cumplida en 2005.
Pese a ello aún ocurren casos en los que se cuestiona el actuar de la PGJDF, como el de la joven Yakiri, quien está encarcelada acusada de homicidio, luego de que se defendió del agresor que presuntamente la violó sexualmente.
En este caso, agrupaciones civiles conformadas en un Comité Ciudadano aseguran que la Agencia 50 del MP que conoció de los hechos incurrió en diversas irregularidades; la primera de ellas: no iniciar la averiguación previa por el delito de violación, sino por el de homicidio y tomar a la víctima como presunta acusada.
Las activistas sostienen que el MP no tomó en cuenta los moretones en la parte trasera del muslo derecho de Yakiri, lesiones en la entrepierna izquierda, en la espalda y en ambos antebrazos, y que la PGJDF ha tomado una posición contra la joven, quien hoy permanece reclusa por ser considerada la presunta asesina del sujeto que la agredió.
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(CIMAC)
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