GINEBRA– La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aplaudió el día de ayer la pronta entrada en vigor de un protocolo clave para un tratado internacional que, por primera vez, permitirá presentar quejas individuales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, colocando así todos los derechos en pie de igualdad.
Luego de cruzar el umbral de ratificaciones requeridas el pasado martes, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) entrará en vigor el 5 de mayo próximo.
“La entrada en vigor del Protocolo Facultativo es un gran avance que permitirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales,” dijo Pillay.
“El Protocolo proveerá una importante plataforma para exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, mismos que hasta el momento las víctimas tienen que soportar sin poder apelar a ningún recurso a nivel internacional. Este Protocolo permitirá personas, que de otra manera estarían aisladas e indefensas, concienciar a la comunidad internacional sobre su situación,” dijo la Alta Comisionada.
“La entrada en vigor del Protocolo Facultativo finalmente permitirá colocar los derechos económicos, sociales y culturales al mismo nivel de otros derechos humanos,” dijo Pillay. “El Protocolo es una fuerte e inequívoca declaración sobre el valor de igualdad y la importancia que guardan todos los derechos humanos, así como de la necesidad de fortalecer la protección legal de los derechos económicos, sociales y culturales en particular,” añadió.
Uruguay desencadenó la entrada en vigor de este Protocolo cuando, el 5 de febrero, se convirtió en el décimo país en ratificarlo, uniéndose a Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia y España.
El Protocolo Facultativo fue adoptado hace cuatro años, el 10 de diciembre de 2008, por la Asamblea General de la ONU; le da al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – el órgano que monitorea el Pacto Internacional al que el Protocolo se ha añadido – la competencia para examinar denuncias individuales o (colectivas) que reclamen violaciones de derechos protegidos en el PIDESC. También permite al Comité llevar a cabo investigaciones si es que recibe información confiable que indique violaciones graves o sistemáticas de cualquier derecho económico, social y/o cultural previsto en el Pacto, por algún Estado parte.
“Con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo se desarrollará una jurisprudencia que ayudará a definir el alcance de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y a delinear reparaciones adecuadas para las víctimas,” dijo Pillay.
La Alta Comisionada alentó fuertemente al resto de los 160 Estados que ya son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a ratificar el Protocolo Facultativo lo antes posible. El Protocolo equivalente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor hace 37 años (en marzo de 1976), y ha sido ratificado por 114 Estados.
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