Los juicios orales en el Distrito Federal están a la vuelta de la esquina, y el interés por esta modalidad ordenada por la reforma penal de 2008 se reflejó el miércoles 5 de diciembre, durante el simulacro realizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Eran las seis de la tarde y la planta baja del edificio del Tribunal, en avenida Juárez 8, ya lucía abarrotado. Abogados y abogadas, jóvenes y maduros, vestidos de traje y trajes sastre, estaban sentados en sus sillas o parados miraban la pantalla que ahí fue colocada para observar el simulacro.
Como si fuera un juicio estadounidense de los que la televisión se ha encargado de popularizar, así se desarrolló el simulacro.
Se trataba de mostrar como en los juicios se hace desahogo de pruebas, se hace uso de peritos, y de proyectores para reforzar o desechar pruebas.
El caso mostrado fue el de Stanislao, hombre que cuidó un departamento propiedad de Fernández SA de CV durante más de un año y se le dio dinero para su mantenimiento y promoción de venta de la propiedad, pero no se le pagó por su trabajo. Entonces decidió demandar a los dueños por 75 mil pesos, pero Fernández SA argumentaban que sí le habían pagado, y enseñaron dos recibos, uno de diciembre de 2008 y otro de enero de 2009, con los que pretendían mostrar que además del pago para el mantenimiento le habían dado sus honorarios.
El abogado de la parte demandada, que se dirigía a la jueza como «su señoría» cuestionaba a Stanislao por el hecho de haber estado tanto tiempo viviendo en el departamento en cuestión, sin exigir pago.
También le hizo preguntas en términos jurídicos inaccesibles para no iniciados y el abogado de Stanislao pidió que fuera improcedente y la juez le dijo «ha lugar». De esta manera se cumplía el objetivo de evitar que tecnicismos incomprensibles perjudicaran a los involucrados a los juicios.
La parte demandada decía que sí había pagado dos veces pero de acuerdo con el demandante sólo fue una vez, en diciembre de 2008. La parte demandada se apoyaba en un recibo firmado supuestamente por Stanislao.
Cada una de la partes llevo a un perito experto que analizó la supuesta firma. Los peritos pasaron al estrado y el de Stanislao dijo que la firma era falsa. Resulta que era identica a la de diciembre, algo que es prácticamente imposible: hacer una firma igual dos veces a menos que sea falsa. A pesar de que el perito de la parte demandada dijo que no era falsa, un tercer perito estableció que sí lo era, y respondió satisfactoriamente a todos los cuestionamientos del abogado de la parte demandada, que no bajó de «dogmático» al perito por decir que por ser igual la firma era falsa, y la reacción de los asistentes fue de murmullos, tomando partido por una u otra parte.
Desahogadas las pruebas, la juez anunció que daría sentencia.
Fue casi salomónica la resolución, ya que Stanislao no acreditó que hubiera signado con Fernández SA de CV que tenía un contrato con ellos, pero ésta asimismo no acreditó que hubiera hecho un segundo pago, ya que como se recordará el segundo recibo contenía una firma falsa de Stanislao.
La sentencia ordenaba por ello que Fernández debía pagar la contraprestación.
Luego de haberla leído, y como establece la modalidad de juicios orales, la juez preguntó a las partes si deseaban pedir algún documento, y los abogados de ambas partes pidieron copias certificadas de audio y video a lo que la juez, tal como estará obligada, accedió, avisándoles que por ello tendrían que hacer un pago previo.
El simulacro duró una hora, con argumentos y contraargumentos, cuestionamientos de los abogados de las partes tanto a lo que decían las partes como a los argumentos de sus contrapartes, y sobre todo, con el interés de los asistentes, ante la inminencia de la entrada de los juicios orales civiles, planeados para entrar en vigor en enero de 2013.
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