Acusa General Escorcia coacción de PGR

Foto: PGR

Abel Barajas / Agencia Reforma

Al rendir su declaración preparatoria ante un juez federal, el General de División en retiro Ricardo Escorcia Vargas acusó a la PGR de haberle obligado a firmar un testimonio ministerial falso para relacionar al General Tomás Ángeles Dauahare con una entrega de dinero del narcotráfico.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, ayer Ángeles, Escorcia y el General Brigadier Roberto Dawe González, así como el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto, rechazaron ser parte del crimen organizado.

Los militares comparecieron ante el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, dentro de la causa penal 44/2012 que consta de 16 tomos, en la cual les acusan de delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud.

De acuerdo con informes judiciales, los cuatro inculpados solicitaron al juez duplicar de 72 a 144 horas el plazo constitucional para definirles su situación, motivo por el que será a más tardar el próximo lunes a medio día cuando se defina si les inician un juicio o quedan en libertad.

Los cuatro también se quejaron de las condiciones insalubres en las celdas a las que fueron confinados, en el Penal del Altiplano, y del impedimento para ingresar sus medicinas.

La información recabada indica que los miembros del instituto armado negaron ante el juzgador las imputaciones de los testigos protegidos «Jennifer» y Sergio Villarreal Barragán «El Grande», quienes los acusan de haber colaborado con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Cada uno manifestó en forma reiterada que no pertenece o ha pertenecido ni colaborado con ningún grupo delincuencial.

Dawe, tras rechazar la acusación, se reservó su derecho a declarar y solicitó al juez entregar su declaración por escrito en las próximas horas.

En lo particular, el General Ricardo Escorcia desconoció una declaración que supuestamente rindió en junio ante la SIEDO y en la que manifiesta que Ángeles Dauahare le pidió de favor enviar a alguien a un restaurante de Cuernavaca, por unas escrituras, y que luego las llevara a casa de su madre en esa ciudad.

Según una fuente que estuvo presente ayer en la diligencia, Escorcia relató que en una ocasión fiscales de la PGR lo visitaron al centro de arraigo para hacerle firmar dicha declaración y que fue obligado bajo la advertencia de que tenían a sus hijos afuera del centro de arraigo.

Con base en el testimonio que ahora desconoce el acusado, el favor pedido por Ángeles habría ocurrido en 2007, cuando Escorcia era jefe de la 24 Zona Militar en Morelos y Ángeles Dauahare el subsecretario de la Defensa Nacional.

El simple dato de pedir un favor de este tipo pareciera intrascendente, de no ser porque el Mayor Iván Reyna Muñoz, entonces subordinado de Escorcia, declaró a la SIEDO que su jefe en aquella ocasión le solicitó ir por unos documentos de Ángeles a un restaurante y al llegar descubrió que era dinero del narco, el cual, por cierto, dice que no lo recibió.

Ayer Escorcia sostuvo ante el juzgado que el testimonio donde refiere que Ángeles le había pedido este favor, es un testimonio armado y falso que fue obligado a firmar en el Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde estuvo arraigado 80 días.

Con la anuencia del juzgador, Escorcia emitió una nueva declaración en la que negó los hechos referidos.

Angeles Dauahare pidió al juez que, ante la denuncia de Escorcia, no le diera valor probatorio a la declaración que firmó bajo presión. En tanto, Silvio Hernández detalló que, con base en sus pruebas, él va a acreditar que no estuvo en los lugares y fechas que le imputan los testigos protegidos.

La audiencia arrancó a las 11:30 horas y concluyó a las 20:00 horas. A lo largo de la semana, se llevarán a cabo diversas diligencias de descargo solicitadas por los militares y a más tardar el próximo lunes el juzgador determinará si los libera o dicta la formal prisión.

Esto último, de suceder, significaría la permanencia de los acusados en el Penal de alta seguridad del Altiplano, durante la eventual instrucción del juicio.