Foto: Senado.
Con 114 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, el Senado de la República aprobó ayer, con modificaciones en lo general y los artículos no reservados, la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y transfiere sus atribuciones a la de Gobernación.
Asimismo, se elimina a la Secretaría de la Función Pública del entramado institucional y distribuye sus facultades en distintas dependencias; no obstante, esta decisión entrará en vigor en cuanto el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones.
En tanto –aclararon los senadores– la SFP continuará ejerciendo sus funciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del Decreto
Así lo informó el Senado mediante un comunicado.
De igual manera, se ratificó la reorganización de atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que pueda diseñar programas y estrategias que contribuyan a eliminar la pobreza en el país.
También, se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de la de Reforma Agraria y se consolida a la Oficina de la Presidencia de la República como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente a las tareas políticas públicas del Ejecutivo federal.
Con la aprobación de la minuta se instituye la figura del Comisionado Nacional de Seguridad, que estará al mando de la Policía Federal y se encargará de la administración de los reclusorios federales, del manejo de Plataforma México, así como de los estímulos, apoyos y mejoramiento de la estructura de todas las policías estatales y municipales.
Los senadores modificaron la minuta de los diputados, a fin de facultar a esa dependencia para que formule y ejecute políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación.
Una de las medidas que incluyeron es que el secretario de Gobernación comparezca cada seis meses ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a efecto de que informe sobre los asuntos de su competencia en esta materia.
En caso de que el encargado de la política interior auxilie a la procuraduría general de la República en la investigación y persecución de delitos, se estableció que los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
De igual manera, eliminaron la atribución de la Segob para regular y autorizar la portación de armas para empleados federales, con la finalidad de que ésta quede exclusivamente en la Secretaría de la Defensa Nacional.
El titular de Gobernación también fomentará el desarrollo político, contribuirá al fortalecimiento de las instituciones democráticas y promoverá la activa participación ciudadana, “salvo en materia electoral”.
Los senadores hicieron notar que tienen conocimiento de la intención del gobierno federal de constituir una Gendarmería Nacional, cuyas funciones, estructura y recursos se definirán posteriormente y que orgánicamente dependerá del Comisionado Nacional de Seguridad.
Pero –subrayaron– en virtud de no conocer dichas propuestas no fueron consideradas en el presente documento.
Al presentar el dictamen, la senadora priista María Cristina Díaz Salazar destacó “la imperiosa necesidad” de cambiar la administración pública federal, a fin de propiciar una nueva dinámica en el ejercicio público y una verdadera gobernabilidad.
En este sentido, aseguró la presidenta de la Comisión de Gobernación, las adecuaciones a la Ley son una oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien, pues a ningún gobernante –en ningún lugar en el mundo– se le puede negar la intención de trabajar con los elementos mínimos que considera necesarios para su proyecto.
Aseveró que las reformas representan “la transición hacia un gobierno de resultados” y confirman que la división y el equilibrio entre poderes es una de las premisas fundamentales de un nuevo sistema democrático y del correcto funcionamiento de las instituciones.
En su turno, el senador panista Raúl Gracia Guzmán resaltó que con las modificaciones no se trata sólo de mejorar la organización de la administración pública, sino de concentrar las funciones políticas y policiales en una sola Secretaría y esto es “algo inédito en cualquier país democrático”.
“La fusión de la política y la policía necesariamente transita por controles políticos parlamentarios”, enfatizó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, del Senado.
Ante este panorama, agregó, se pretende establecer la ratificación del comisionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, así como la comparecencia del titular de Gobernación para informar periódicamente sobre la política criminal y los asuntos de seguridad nacional.
Al fijar la postura del PRI, el senador Raúl Cervantes Andrade reiteró que “cuando hay el voto a favor de un partido, no sólo se gana la posición específica dentro del Ejecutivo federal, sino que se tiene el derecho de proponer cuál debería ser la estructura administrativa para ejercer el contrato social que le ofreció a los ciudadanos”.
Sobre las nuevas atribuciones de la Secretaría de Gobernación expresó que “sería increíble pensar que ex ante estamos calificando que las instituciones policiales sistemáticamente van a violar los derechos humanos y que por lo tanto no pueden estar en el mismo lugar donde está el control político y mucho menos en donde está el control de los derechos humanos”.
Afirmó que su grupo parlamentario admitió que se pueda ratificar a los funcionarios de seguridad, pero “lo único que estamos pidiendo es que se modifique la Constitución” para ello, pues “no es un prurito legal”.
En tanto, el senador Héctor Larios Córdova hizo notar que con las propuestas relativas a la Segob la posición del PAN “era no aceptar lo que no existe en ningún país democrático en el mundo”; sin embargo, “prevaleció el criterio de dejar al gobierno que defina al diseño institucional”.
Pero “si ahora al secretario de Gobernación le corresponde definir la política del combate al delito, formalmente denominada política criminal –manifestó–, que venga a las comisiones de Seguridad del Senado a exponer” los avances de ésta.
Si le compete una buen parte de la Seguridad Nacional, estando el Cisen en la Secretaría de Gobernación –agregó–, que comparezca en las reuniones secretas de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
El senador perredista Armando Ríos Piter resaltó que la iniciativa propone que la Secretaría de Gobernación absorba una fuerza de 37 mil efectivos y un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos, pero “jamás ha habido, en un solo cargo, tal concentración de facultades”.
Subrayó que en los países democráticos se ha buscado avanzar hacia la separación de estas áreas y profesionalizarlas, por lo que su fusión “nos trae un recuerdo del pasado que no debemos permitir”.
Por esa razón, precisó, se sugirió que el planteamiento legítimo de reorganización gubernamental cuente con “los mínimos contrapesos” con la ratificación de los nombramientos de los funcionarios en materia de seguridad pública, por parte del Senado de la República.
A nombre del PVEM, el senador Luis Armando Melgar Bravo expresó que “los mexicanos exigimos mayor seguridad y políticas eficaces para el combate de la delincuencia organizada”, reclaman una estrategia integral y mayor eficiencia en las políticas sociales para enfrentar la pobreza y rendición de cuentas de los recursos públicos.
Sin embrago, consideró que el planteamiento de ratificar al comisionado y al secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública “excede los alcances” de la reforma y “distorsiona el espíritu de la Ley, por lo que esta facultad debe incorporarse en la Constitución” como ocurre con otros cargos públicos.
Afirmó que la posibilidad de que comparezca el secretario de Gobernación, como se estima en el dictamen, “violaría el marco constitucional y la Ley Orgánica de este Congreso que estipula el acuerdo”.
En opinión del senador petista Manuel Bartlett Díaz otorgar a la Segob las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública “es una total aberración”, porque “no se puede convertir al corazón de la política de un país en un organismo policiaco”.
Las funciones de Gobernación, dijo, están por encima de la función policiaca y no hay por qué incorporarle “un ejército lleno de problemas y acusaciones”.
Aseguró que con el dictamen dicha dependencia se transformará “en una amenaza”, pues “estamos viviendo momentos de excesos policíacos” y será la encargada de “intervenir en todo el país, de mandar tropas a todos lados, de tener una flota de aviones especializada y un sistema de espionaje colosal”.
Para la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, los problemas de seguridad pública no se solucionan con una “supersecretaría”, que después de los hechos registrados el primero de diciembre tendrá “tentaciones represoras con la policía a su mando”.
Enfatizó que la vocación de la Segog es política y “hoy más que nunca se necesita el diálogo y la reconciliación”, por lo que no se debe “contaminar” con funciones policiacas.
Dijo que la desaparición de la Secretaría de la Función Pública es un acierto y manifestó que “un indicativo de que el combate a la corrupción no es un acto de simulación” sería fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y crear “un tribunal de cuentas”.
En la discusión en lo general, el senador priista David Penchyna Grub dijo que “no hay miedo de venir a comparecer ni de los controles democráticos”, pero debido al grado descoordinación que existe en tareas de inteligencia, combate al crimen organizado y al narcotráfico la ciudadanía ha hecho un llamado para que se implemente una mejor estrategia y que haya coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Por Acción Nacional, el senador Javier Corral Jurado dejó en claro que ante la decisión del gobierno federal de concentrar la administración de la política y las facultades en materia de seguridad interior, el Congreso está obligado a “poner controles del orden político democráticos”.
Su compañero de bancada, el senador Roberto Gil Zuarth precisó que no se plantean cambios a la minuta “con el propósito de obstaculizar ni de cobrar venganza”, sino “evitar el abuso de poder”.
Para el senador perredista Manuel Camacho Solís el proyecto de la ley de administración pública “no es el diseño de una presidencia democrática” y frente a estos hechos se deben establecer contrapesos parlamentarios.
Posteriormente, el senador del PRI, Raúl Cervantes Andrade se reservó para la discusión en lo particular el artículo 27 para establecer que el secretario de Gobernación propondrá al presidente de la República el nombramiento del comisionado nacional y del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Asimismo, para eliminar el último párrafo de dicho artículo en donde se indicaba la ratificación de dichos funcionarios por parte del Senado de la República.
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