Foto: Cámara de Diputados.
Por unanimidad, con 369 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que expide la Ley General de Víctimas, la cual obliga al Estado a velar por la protección de las personas que hayan sido dañadas por algún delito, o por la violación a sus derechos humanos. Se remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) destacó que a través de esta ley se establece el Registro Nacional de Víctimas, que según registros, hasta el año pasado había 70 mil.
Así lo informó la Cámara en un boletín publicado hoy.
Asimismo, agregó, se crea un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, constituida por partidas presupuestales y que inicia con una dotación de 270 millones de pesos.
Este fondo, dijo, se enriquecerá con los bienes decomisados al crimen organizado producto de la Ley de Extinción de Dominio; “con los bienes abandonados, con los bienes de la delincuencia que son subastados, las fianzas y multas que se hacen efectivas por los intereses del propio fondo y por las donaciones”.
El diputado Benítez Treviño hizo énfasis en la creación de la Asesoría Jurídica Especializada en materia de atención a víctimas, que engloba también el del secuestro.
Agregó que esta ley es de la mayor relevancia porque representa un reclamo del pueblo de México en materia de atención a las víctimas de los delitos, que constituyen la parte más sensible del drama penal.
Asimismo, explicó que la Ley General de Víctimas, que consta de 189 artículos y 16 transitorios, es reglamentaria de los artículos 1º, 17º y apartado C, del artículo 20º constitucionales, donde se establece el derecho de las víctimas y ofendidos.
Al hablar en pro del dictamen, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del PT, manifestó que con esta ley el Estado deberá asumir plenamente su responsabilidad de atender y responder a todas y cada una de las víctimas. “Con esta ley se honran y cumplen varios de los principios que fundan los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”.
Reconoció el trabajo de los movimientos sociales que impulsaron su creación y su proceso legislativo, entre ellos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
A su vez, la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del PRD, resaltó la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, constituido por titulares y secretarios de los tres ámbitos de gobierno.
Celebró la sensibilidad “política y humana” para atender el llamado de los conciudadanos que han sufrido en carne propia el flagelo de la delincuencia y autoritarismo.
“También reconocemos el trabajo de la sociedad civil, ya que han sido motor fundamental para la generación de este dictamen”, subrayó.
En tanto, el diputado Gastón Luken Garza, del PAN, señaló que con la aprobación de esta ley se da cumplimiento a un mandato constitucional y a un justo reclamo social. “Se cumple con los compromisos establecidos en los acuerdos de Chapultepec”.
Agregó que con esta nueva legislación se garantizan los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los de asistencia, protección, atención a la verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados debido a negligencia y no repetición.
Asimismo, hizo un reconocimiento a las organizaciones de víctimas que canalizaron “su tragedia, tristeza y dolor, en algo a favor de los demás para evitar pasar por las mismas experiencias”.
Participaron en este mismo tema los diputados Jaime Cárdenas Gracia, Pedro Vázquez González, del PT, María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, Pedro Jiménez León, de Participación Ciudadana y Emilio Serrano, independiente.
Al final de los posicionamientos, el diputado Humberto Benítez Treviño presentó una fe de erratas con motivo de la redacción final del dictamen.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva, aclaró que algunos párrafos fueron modificados por error, por lo que precisó: “se vota exactamente en los términos del Senado, porque de votarse diferente volvería al Senado. Por esa razón es que el diputado Humberto Benítez Treviño presenta la fe de erratas”.
De acuerdo con el dictamen, se constituye el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con objeto de brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Los recursos de dicho Fondo serán previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y estarán administrados y operados por medio de un fideicomiso público que no será entidad paraestatal, además de que no contará con estructura orgánica.
Se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será la máxima instancia en la materia y tendrá como prioridades establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral del daño.
Dicho órgano estará conformado por todas las entidades públicas federales, estatales, municipales, por organismos autónomos y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Contará con una Comisión Ejecutiva que será la encargada de permitir la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todas las instituciones de este Sistema.
Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Víctimas como un mecanismo administrativo y técnico que rastreará todo proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema.
Señala que las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie, y no podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva.
En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos podrán solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que asesore a las autoridades competentes sobre la investigación y la realización de peritajes.
De igual forma, las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de expertos revisen, informen y lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.
Comentarios recientes