Foto: Cámara de Diputados.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy en lo general, con 424 votos a favor, 39 en contra y nueve abstenciones y en lo particular, el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de educación, presentada por el Ejecutivo federal.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) fundamentó que en la actualidad no existe una política integral que regule la carrera docente. Lo que tenemos, dijo, es una serie de programas y acciones aisladas, desarticuladas y contradictorias.
Por ello, abundó, se pretende crear un servicio profesional docente; establecer a nivel nacional las bases del ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el servicio educativo, y dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo que se podrá fortalecer la política del Estado y su rectoría en la educación.
Lamentó que en materia educativa nuestro país ocupe el lugar 48 de un total de 63 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el último lugar en Latinoamérica.
Moreno Rivera resaltó que de acuerdo con datos del Banco Mundial, México destina el 5.3 por ciento de su Producto Interno Bruto a la educación y a pesar de ello ocupa el lugar 118 de 144 naciones clasificadas por la calidad de su educación primaria. Asimismo, refirió, es alarmante que en promedio, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo la mitad termina su instrucción media superior.
Con los anteriores datos es más que evidente la necesidad de una reforma que eleve la calidad de la educación a fin de superar los bajos índices de preparación y aumentar la productividad y la competitividad económica.
PRI
En la ronda de posicionamientos, la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela pidió romper paradigmas, ya que no se trata, dijo, sólo de una reforma educativa, sino de reafirmar la rectoría del Estado en la política educativa y sobre cualquier otro interés.
Esta reforma, abundó, es un ejemplo de convergencia de visiones, voces y fuerzas de todos los partidos, y cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, de empresarios, de instituciones educativas y universidades, incluyendo a la UNAM. Fundamentalmente, aseguró, “de los grandes protagonistas de la educación: las maestras y maestros”.
Destacó que los secretarios de Educación de las entidades federativas y del Distrito Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se adhirieron de manera espontánea a esta iniciativa.
La legisladora concluyó que con la reforma se privilegia el mérito y la capacidad de los docentes al obligar que todos los ingresos y promociones sean por concurso de oposición, además de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo autónomo, con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional.
PAN
El diputado Fernando Rodríguez Doval manifestó que la educativa es una reforma que constituye una síntesis de los avances que el gobierno federal implementó en los últimos años, y que incluye demandas históricas del Partido Acción Nacional.
Pidió no olvidar que fue en 2002 cuando se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al igual que la prueba Enlace, y que en 2008 se conformó el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional, además de que el año pasado se inició un ambicioso programa de evaluación docente.
Esta reforma, concluyó, no es de un gobierno, ni siquiera de los partidos que firmamos el Pacto por México; es de los ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia y de los maestros. “Estamos aprobando una reforma histórica, lo hacemos a partir de las coincidencias que dignifican la política. Esta reforma es un paso trascendental para el desarrollo de nuestro país”, dijo.
PRD
El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, refirió que la reforma constitucional en materia de educación no es menor. Es de fondo y va encaminada no sólo a mejorar la calidad educativa, sino que es un paso certero para que el Estado retome la rectoría en esta materia.
Resaltó la importancia de que en este decreto se prevea la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, además de plantear y dirigir una estrategia de evaluación para garantizar la calidad de la educación.
Con esta reforma, dijo, se alcanza una vieja aspiración de la izquierda, aunque hoy sea al artículo 3o constitucional y no se trate propiamente una reforma educativa. “Los problemas educativos de nuestro país no son de coyuntura, son estructurales, de fondo, correlacionados con los socioeconómicos y políticos. Nos hace falta una reforma de fondo”, puntualizó.
PVEM
Ruth Zavaleta Salgado manifestó que esta reforma es “revolucionaria” porque transforma la cuestión educativa. Solamente una educación de calidad, dijo, nos permitirá ser libres de pensamiento y ejercer nuestros derechos plenos como ciudadanos.
Añadió que “no es una reforma impuesta”, ya que surge del Pacto por México que firmaron todos los partidos políticos, y es de la reconciliación, porque exige dignificar el papel de aquellos que educan a nuestros hijos.
“Basta de buscar culpables en los maestros. Somos responsables todos. Por ello, los gobiernos, los ciudadanos y sobre todo los legisladores, debemos darles las herramientas y los instrumentos a los maestros para dignificar su trabajo”, subrayó.
Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila consideró que se trata de una reforma “excluyente, insuficiente e incompleta y atenta contra el federalismo”. Indicó que en el discurso se dice que es una prioridad, pero en los hechos demuestra lo contrario. “Se construye un imperio de intereses ajenos a la educación y la reforma sólo es un acuerdo que intenta darle un coscorrón a la cúpula sindical”.
Indicó que “nadie puede negar que la educación está envuelta en múltiples problemas que derivan, entre otras situaciones, en los bajos niveles de aprovechamiento escolar; altos índices de deserción; desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva, integral y de calidad, y está rodeada de pésimos antecedentes y de pésima alimentación chatarra, que no se logra eliminar, sólo prohibir”.
PT
Héctor Hugo Roblero Gordillo planteó que la educación inicial también sea materia de evaluación permanente y sistemática. Manifestó que en esta reforma se entrecruzan diversos intereses, muchos de ellos legítimos, como los de los maestros que piden mejores salarios; de los padres de familia, porque sus hijos accedan a una educación de calidad; y los de los jóvenes, por formarse adecuadamente y tener un empleo bien remunerado.
Sin embargo, agregó, hay intereses negativos, como la venta de plazas y la infinidad de licencias sindicales para fines partidistas que no tienen sustento ético alguno.
Nueva Alianza
Dora María Guadalupe Talamante Lemas consideró que la reforma debe garantizar lo establecido en el artículo 3o. constitucional e impulsar una política de Estado para acceder a la educación de calidad, con equidad, pertinencia y condiciones imprescindibles para atestiguar el auténtico crecimiento de nuestra nación.
Dijo que nadie en su sano juicio debe estar en contra de transformar, modernizar y beneficiar el sistema educativo nacional, sino por el contrario, abundó, “se trata de una gran oportunidad de voltear a ver las múltiples carencias que existen. Sólo con una visión parcial y con prejuicios podría considerarse únicamente una parte del sistema y no el todo de sus componentes”.
Previo a ello, los diputados Ricardo Mejía (MC) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), presentaron, cada uno, una moción suspensiva al considerar que existió una violación al procedimiento de dictaminación, lo cual, coincidieron, se hizo de forma exprés, por lo que solicitaron regresar el dictamen y reponer el procedimiento.
“Estamos a favor de una reforma educativa de fondo, pero no de ésta, que es sólo mediática, mediocre, regresiva y ajena al interés público”, indicó Ricardo Mejía. Ambas propuestas fueron rechazadas en votación económica.
Votación en lo particular
Al discutirse y votarse en lo particular, se aprobó con 400 votos a favor, 57 en contra y 6 abstenciones, la reserva que modifica el artículo 3°, fracción III, propuesta por la Comisión de Puntos Constitucionales.
El artículo 3º en su fracción III del dictamen establece: Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
Añade: “La ley reglamentaria de este artículo fijará los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo”.
Debe decir: “Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.
Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo”.
De igual forma se aprobó la reserva presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) que modifica el artículo 73, fracción 25, de la Constitución para dotar de facultades al Congreso de la Unión para regular lo relativo al servicio profesional docente, “que armoniza el artículo 3º con el 73 Constitucional”, explicó el legislador.
Otra reserva aprobada fue la presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), que modifica el artículo 3° Fracción IX, párrafo II y III; Transitorio Segundo, párrafo primero y la adición de un párrafo Cuarto al artículo Segundo Transitorio.
Lo anterior, con la finalidad de que el Ejecutivo Federal presente una terna para cada uno de los miembros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y que el Senado proceda a su asignación en un plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos terceras partes. El legislador explicó que la modificación permitirá que el INEE sea un organismo autónomo, con credibilidad y confiabilidad.
Del mismo modo, fue aprobada, una reserva al artículo 3º, primer párrafo, de la fracción IX, de la diputada María Beatriz Zavala Peniche (PAN), a fin de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, evalúe la calidad del sistema educativo nacional.
También fue aprobada con 351 votos a favor, 85 en contra y 11 abstenciones una reserva al inciso b), fracción III, del artículo 5º transitorio, propuesta por la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos de escuelas en las comunidades más pobres, dando prioridad a los estados con mayor rezago.
Se aprobaron en su conjunto, con 387 votos a favor, 57 en contra y 10 abstenciones, los reservas de los artículos 3° Fracción III; 3° Fracción IX, Primer Párrafo, 3° fracción IX Párrafo Segundo y Tercero; Transitorio Segundo, párrafo Primero y adición de un párrafo Cuarto al artículo Segundo Transitorio y artículo 73 Fracción XXV.
Por lo que respecta a la votación del artículo Quinto Transitorio fracción III, inciso B, se emitieron 351 votos a favor, 85 en contra y 11 abstenciones.
El proyecto de decreto que reforma los artículos 3º, fracciones III, VII y VIII, así como el 73, fracción XXV y adiciona una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política, propone la creación de un Servicio Profesional Docente que permita el concurso de ingreso y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en los niveles de educación básica y media superior.
Establece que los criterios para determinar la promoción deben corresponder, de manera efectiva, al mérito del maestro en su desempeño individual, además de cumplir con los requerimientos del perfil respectivo.
Plantea también la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, encargado de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Adicionalmente, menciona que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, el fortalecimiento de la formación continua de los maestros y la expedición de normas que refuercen la autonomía de gestión de las escuelas.
Del mismo modo, establecer las escuelas de tiempo completo e impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en los planteles el consumo de los llamados “alimentos chatarra”, ya que no favorecen a la salud de los estudiantes.
El dictamen aprobado en lo general y en lo particular fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Finalmente se levantó la Sesión y se citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 20 de diciembre de 2012, a las 11:00 horas.
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