Foto: Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, con lo que se establecen medidas preventivas, sancionatorias y de reparación del daño para esta práctica.
La reforma abroga además la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), señaló que el principal beneficio de la reforma, es que se castiga toda la cadena de explotación desde la persona que “capta” a otra para explotarlo hasta el propio cliente de los servicios sexuales.
“Ninguna víctima más vivirá en la injusticia, se castigará toda la cadena de explotación y además se dará una atención integral a las víctimas hasta lograr la inserción social”, dijo.
Las consideraciones del dictamen señalan que una de las modificaciones importantes que realizó el Senado de la República es el cambio a la redacción de la Fracción V del Artículo 2, con el fin de evitar que pudiera interpretarse que la ley sólo protege a los menores de edad, dejando fuera a dos tercios del universo de víctimas reales y potenciales de la trata de personas en sus diferentes modalidades.
Otra modificación es la reorganización del catálogo de los delitos en materia de trata de personas, y reintroduciendo el orden en que aparecen los delitos en los artículos que contienen los tipos penales, las remisiones internas de cada fracción a los artículos que contiene tipo penal catalogado, con el doble fin de facilitar el trabajo de las autoridades y evitar romper con el principio de certeza que debe presidir todo instrumento legal vinculatorio.
El dictamen fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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