Foto: Cámara de Diputados
Diputados del PRI, PRD, PVEM, MC, PT y Nueva Alianza, integrantes de la Comisión del Trabajo Y Previsión Social, cuestionaron la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal en materia laboral, durante una reunión con la titular del ramo, Rosalinda Vélez Juárez, quien asistió al Palacio Legislativo de San Lázaro.
En tanto, el grupo parlamentario del PAN dijo que se trata de una iniciativa perfectible que viene al seno del Poder Legislativo para ser enriquecida.
El presidente de la Comisión del Trabajo, diputado Carlos Aceves del Olmo (PRI), afirmó que hablar de la reforma laboral no es sólo discutir sobre el outsourcing o la flexibilidad en la contratación, sino que “también hay que profundizar con base en la Constitución de 1917; hay temas que no pasan de moda y no se deben tocar”.
Dijo que es necesario mejorar todo lo que se pueda, siempre pensando en el bienestar de la gente, de los que son recipiendarios de ella. “Estoy seguro que lograremos un dictamen positivo, mediante el criterio de mis compañeras y compañeros de los siete partidos políticos, a través de negociaciones, de pláticas, en el poco tiempo que contamos”.
PRI
El diputado Ricardo Pacheco Rodríguez reconoció que hay coincidencias entre la iniciativa preferente con las presentadas por los grupos parlamentarios, entre ellas, las normas contra la discriminación, regulación de la actividad minera, de la subcontratación, el impulso de la productividad y capacitación de los trabajadores.
Sin embargo, añadió, también hay puntos divergentes, sobre todo en cuanto al respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores, como la huelga, contratación colectiva y la asociación o libertad sindical.
Por su parte, el diputado Ricardo Aldana Prieto dijo que la pretensión de esta iniciativa comprende el análisis de más de 400 artículos; no obstante, el formato establecido no permite la revisión y discusión de cada uno de ellos.
Cuestionó la manera en que se pretende, a través de esta iniciativa, incrementar el empleo; cómo se visualizan los sueldos para los próximos cinco años; cuál será el trato al empleo informal; qué impacto tendrá en la seguridad social y si no se esperan reacciones sociales, crisis, inflación, desempleo, como ocurrió en España, donde se llevó a cabo una reforma laboral.
A su vez, el diputado Patricio Flores Sandoval consideró que hubo un exceso de confianza del Ejecutivo y queda la duda, por la experiencia legislativa del Presidente, si tomó o no en cuenta que se necesitaban más de 30 días para sacar una reforma responsable.
“Hay elementos para afirmar que la propuesta no está a favor de los trabajadores. Nosotros vamos a revisar responsablemente lo que mandó el Ejecutivo, vamos a sacar lo que verdaderamente le sirve al país. Nos daremos tiempo para buscar el marco legal adecuado; no podemos resolverlo en 30 días”, advirtió.
PAN
La diputada Esther Quintana Salinas llamó a no descalificar sin conocer a fondo la iniciativa de una reforma sustantiva a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor en 1970, “en una realidad muy distinta a la del México del siglo XXI. Hay 497 iniciativas que la preceden y se han realizado diversos foros sobre el tema”.
Aceptó que es una iniciativa perfectible “que viene al seno del Poder Legislativo para ser estudiada, analizada, discutida y enriquecida y tenemos la facultad de desecharla o aprobarla”.
En su oportunidad, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño señaló que en los procesos del trabajo existen tiempos fatales para las partes que intervienen en ellos, sin embargo, dijo, sería justo que igualmente existieran ciertos términos fatales para quien administra la justicia.
El diputado José Alfredo Botello Montes mencionó que la iniciativa del Presidente será mejorada en este espacio de discusión y de diálogo, “donde los legisladores no vamos a ser ya una oficina de trámite del Ejecutivo”, sino de manera responsable discutir “no como una camisa de fuerza que puso el Presidente Calderón”, para darle a este país el sí o no en la modernidad de las relaciones laborales.
PRD
El diputado Martí Batres Guadarrama se pronunció en contra de la iniciativa, “porque destruye la estabilidad laboral, elimina la certeza jurídica del empleo, facilita el despido, fragmenta el salario hasta llevarlo a pagos de 7.79 pesos la hora, despido sin notificación, subcontratación sin responsabilidad para el patrón, límite al pago de salarios caídos y el ejercicio de derecho de huelga”.
El legislador argumentó que se trata de una propuesta violatoria de los derechos humanos, ya que no existe una ampliación sindical, “pues obliga a los trabajadores que quieren cambiar de directivas a entregar sus nombres al patrón, al gobierno y a las dirigencias sindicales cuestionadas; por ello, esta iniciativa debe ser desechada”.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa destacó que aceptar la iniciativa del gobierno federal sería renunciar a los derechos y conquistas que han conseguido los trabajadores. “La reforma violenta la libertad de asociación, la abolición efectiva del trabajo infantil y deroga la indemnización en caso de lesiones en el trabajo, principios establecido en nuestra Constitución”.
El diputado Silvano Blanco Deaquino resaltó que la iniciativa favorece más a la clase empresarial, tanto nacional como internacional, que a los trabajadores, porque trastoca la estabilidad laboral al proponer nuevas formas de contratación. Ante este panorama pidió trabajar por una reforma que beneficie a la gente, “que se dé la desaparición de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y que haya juzgados laborales que dependan del Poder Judicial”.
PVEM
El diputado Antonio Cuéllar Steffan mencionó que la iniciativa, en cuanto a la medición del empleo, tiene que ver con la competitividad internacional, ya que la legislación nacional ha quedado rezagada con relación a muchas otras del mundo.
Refirió que la reforma al artículo 25 de Ley Federal del Trabajo establece como condición laboral la incorporación de la CURP, lo cual cerraría las puertas al trabajo legal y la protección que le ofrece la Ley General de Trabajo a los migrantes que laboran en el país, y al no contar con este requisito sus contratos quedarían invalidados.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan sostuvo que la iniciativa recogió jurisprudencias de interpretación armónica sobre la relación obrero-patronal, la cual debe ser apegada conforme la Constitución y los derechos fundamentales internacionales.
El legislador Tomás Torres Mercado reiteró que su grupo parlamentario está convencido de la pertinencia de la iniciativa, pero consideran que una reforma laboral se inscribe en la concepción política y económica de un gobierno, no solamente por el tiempo transcurrido y la oportunidad de la presentación de la iniciativa como preferente.
PT
El diputado Adolfo Orive Bellinger expresó que la propuesta del titular del Ejecutivo es contraria a las necesidades laborales del país ya que, dijo, busca reducir sólo los costos del empleo y no se preocupa por impulsar la producción.
Explicó que según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo la productividad de las empresas se ha reducido en 40 por ciento desde 1960. “Lo que ustedes proponen es seguir profundizando el hoyo, seguir reduciendo la productividad de la economía mexicana”, subrayó.
En una segunda ronda de preguntas, advirtió que es necesario que los empresarios mejoren el progreso técnico en lugar de reducir los costos laborales, ya que de lo contrario se abatirá al mercado interno, lo que tronará al pequeño y mediano empresario, sector que, subrayó, concentra el 45.7 de trabajadores.
Durante una tercera intervención, criticó que dentro de la propuesta de reforma no se considere la figura del seguro de desempleo, además que, dijo, los únicos que se beneficiarían con la reforma son alrededor de 31 mil 500 grandes empresarios, mientras que 3 millones 631 mil pequeñas y medianas empresas se verían afectadas.
Movimiento Ciudadano
En su turno, la diputada Luisa María Alcalde Luján cuestionó respecto de cuál es el sustento para señalar que la reforma creará más empleos y generará más competitividad en jóvenes y mujeres. “El argumento más común del gobierno es que nuestro modelo es rígido, cuando los datos demuestran que hay un nivel de rotación del 70 por ciento, 7 de cada 10 trabajadores cambian de empleo en un año”.
En el tema de subcontratación, dijo, la iniciativa sólo garantiza derechos mínimos y omite poner límites, por lo que podría volverse en un régimen común y los salarios irían cada vez a la baja.
La diputada mencionó que la reforma plantea que no se admitirá una nueva demanda por ninguna organización sindical hasta después de un año de que haya concluido otro juicio, por lo que preguntó si no se ha pensado en la posibilidad de que “el patrón pueda autodemandarse para vacunarse contra una demanda de titularidad auténtica”.
Preguntó a la titular de la STPS en qué beneficiará a las mujeres y jóvenes la subcontratación, los contratos por hora, los salarios caídos en un año, y limitar el derecho de asociación. “No cree que lo único que provocará es mayor precariedad en el modelo laboral donde el 66 por ciento de los trabajadores ganan menos de 3.5 salarios mínimos”.
Nueva Alianza
El diputado José Angelino Caamal Mena consideró que la propuesta del Ejecutivo no prevé las instancias, ni la reglamentación que garanticen los derechos sociales mínimos, como el salario digno, la pensión y la jubilación. “Los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna no están a salvo porque donde se pone como elemento regulador los factores de producción se elimina el derecho social”.
Comentó que la propuesta no establece una normativa que regule el trabajo de los menores de 14 años dentro de la familia, “o sea ¿en la familia sí puede ser explotado el hijo?”. Simplemente, dijo, se está dando un giro para que la protección se le dé al patrón y se deja desamparados a los trabajadores. Se pronunció por la libertad sindical, indicó.
El legislador reconoció que es positivo regular el trabajo de las mujeres, el doméstico y los tipos de contratación, pero quedan vacíos. “Es un desamparo para el trabajador el conceder al patrón que de manera unilateral él decida su despido y que no notifique la razón”.
Señaló que se debe prever un fondo para un seguro de desempleo o que las empresas contraten un seguro que garantice a los trabajadores que no sean ellos los que paguen la prolongación de los juicios por la reducción de los salarios caídos.
Titular de la STPS
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rosalinda Vélez Juárez subrayó que la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal en materia laboral no trastoca, modifica o violenta el artículo 123 constitucional.
Su presentación ante el Congreso, aseguró, no representa una reforma al vapor, ya que es un tema que se ha estado estudiando; prueba de ello es que en los últimos 15 años se han presentado más de 503 iniciativas que modifican la Ley Federal del Trabajo.
Mencionó que la propuesta es una ley equilibrada, sin sesgo y busca beneficiar a la población. Además, representa un proyecto que atiende de manera justa las necesidades y demandas de los trabajadores, empresarios y de quienes hoy buscan un empleo, particularmente los jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
La iniciativa, afirmó, persigue la equidad y el equilibrio de las relaciones laborales; fortalece los derechos de los trabajadores, y promueve la generación de empleos formales mejor pagados e impulsa la productividad de las empresas.
Vélez Juárez resaltó que se incorporan nuevas modalidades de contratación individual con periodos de prueba, de capacitación inicial y de temporada, y para evitar abusos se dicta que los contratos sean establecidos por escrito, por una sola vez, improrrogables y que los trabajadores tenga los mismos derechos de aquellos que ocupan una plaza similar y con seguridad social.
Además, dijo, plantea el “teletrabajo” y considera a la productividad como un criterio para ascender u ocupar una vacante; sin embargo, no elimina la antigüedad; incorpora el principio de trabajo decente o digno; prohíbe el acoso y el hostigamiento sexual; impide la solicitud de certificados de no embarazo y el despido por embarazo.
Reconoce la licencia de paternidad con diez días con goce de sueldo; tipifica como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar; contempla derechos para los trabajadores domésticos y los del campo; prohíbe el trabajo en pozos de carbón; propone medidas para agilizar los juicios en la materia, detalló.
La titular de la STPS mencionó que se contempla el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad, autonomía y democracia sindical, así como el derecho de huelga y de contratación colectiva.
En respuesta a los señalamientos de los diputados la titular de la STPS precisó que hay una mala interpretación en cuanto al pago de siete pesos por hora al trabajador, “no se está pensando en deteriorar la relación de trabajo, pues la Ley establece que ningún trabajador pueda recibir menos de un salario mínimo”.
La legislación, destacó, no impide la subcontratación, pero reconoció que ésta ha sido utilizada indebidamente para evadir el cumplimiento de las obligaciones patronales en detrimento de los derechos de los trabajadores, como la seguridad social. Por ello “tenemos la obligación de establecer un marco legal que los proteja”.
En cuanto a un seguro de desempleo, resaltó que el Ejecutivo Federal está a favor de cualquier derecho adicional que pueda incrementarse a los trabajadores. “Esto está en manos de los legisladores”, estableció.
“Mientras exista un trabajador sin empleo o en la informalidad sabemos que tenemos que seguir trabajando, por eso se hace indispensable que esta iniciativa camine. Los mexicanos no pueden esperar más”, aclaró reiteró Martínez Vélez.
Al término de la reunión, el presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, aseveró que la dinámica que se llevará a partir de las siguientes reuniones será distinta, “porque se tienen plazos fatales; el día 21 de septiembre, a las 3:00 de la tarde, es el último día y hora en el podrán entregar propuestas de modificaciones o agregados al proyecto que haya de dictamen”.
Apuntó: “Ya estamos hoy a 17, entonces nos faltan cuatro días y esos plazos son irreductibles y se tiene que cumplir”, dijo.
Informó que mañana habrá un encuentro con los secretarios de la Comisión, y que la próxima reunión plenaria se realizará el miércoles 19 de septiembre a las 5:00 de la tarde.
Comentarios recientes