El Congreso debe crear legislaciones que eviten contenidos discriminatorios y omisiones que permitan a los servidores públicos excluir a grupos de la población, manifestó ayer en el Senado de la República, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tras presentar a la Comisión de Asuntos Vulnerables el Reporte sobre la Discriminación en México 2012.
Con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, señaló que México se encuentra en una disyuntiva, pues legalmente es un Estado democrático de derechos humanos, y por otro, es un país que tiene profundas desigualdades en su interior, ya que prevalecen sistemas de privilegios comunitarios, sociales, culturales, económicos y políticos.
Por ello, consideró necesario superar ese dilema «porque el país no se pude quedar a la mitad, no puede quedarse con un rumbo que marca la igualdad para todas las personas y, al mismo tiempo, tener un sistema que hace profundas diferencias entre los grupos de población».
En este sentido, aseguró que la legislación que se crea en el Congreso de la Unión es indispensable para detonar cambios a nivel institucional, con el objetivo de combatir desde la estructura del Estado la desigualdad y la discriminación.
Precisó que este estudio tiene como fin crear un sistema de «medición de la discriminación» que dé cuenta no sólo de percepciones sino también de datos duros sobre los efectos que tienen las políticas y normas en la vida de las personas que sufren mayor discriminación.
En su turno, el académico Ricardo Raphael de la Madrid explicó que el estudio realizado busca «colocar en el corazón del debate público y del Estado Mexicano, la lucha contra la discriminación».
Estimó que el Congreso debe otorgar «coherencia» a esta lucha porque a pesar de haber multiplicado la legislación en esta materia «nos encontramos con una acción fragmentada, dislocada del Estado, que se inhabilita a sí mismo para confrontar el cierre social, que es justamente el que construye este mecanismo discriminatorio».
En su intervención el senador Emilio Gamboa Patrón, afirmó que existe interés en el Senado para legislar sin discriminación, por lo que este documento será de gran utilidad para impulsar políticas públicas que ayuden a eliminar esta práctica.
Para el legislador priista la legislación ha avanzado en esta materia en los últimos años «pero lo que hace falta es llevarla a políticas públicas», y para ello es necesario dar seguimiento a su aplicación y vigilar que atienda a las personas que pertenecen a grupos vulnerables.
En tanto, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirmó que la discriminación es uno de los pendientes «más sensibles» del Estado mexicano, pues nos aleja de ser una nación incluyente que garantice el respeto integro de los derechos humanos.
Por ello –consideró– se deben aplaudir y reconocer todos los esfuerzos tendientes a establecer estrategias y redefinir los mecanismos que permitan combatir este problema.
A su vez, el senador panista Francisco Salvador López Brito expresó que este reporte da cuenta del desafío que tiene el Poder Legislativo para concretar una «agenda antidiscriminatoria» que se respete la diversidad «sin que esto implique la negación o condicionamiento de los derechos para las personas».
Agregó que existen herramientas jurídicas para atender el problema de la discriminación y la desigualdad, y coincidió con el senador Gamboa Patrón en que «falta aterrizarlas en acciones y políticas públicas».
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