Foto: UNAM
La construcción de ciudadanía y de redes de la sociedad civil es fundamental para enfrentar el reto del crimen organizado en México, consideraron expertos en el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, que organiza la UNAM.
Ante el actual proceso incivilizatorio que los grupos criminales reproducen en el país con autoritarismo y violencia, se necesita impulsar uno civilizatorio, basado en un Estado democrático, con una sociedad civil organizada y participativa, consideró Luis Alejandro Astorga Almanza, académico del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios.
En la mesa Sociedad y crimen organizado, moderada por Javier Ulises Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Astorga planteó que “el reto que se presenta en el país es la construcción de ciudadanía y de un Estado democrático. Necesitamos grandes cambios culturales que incluyan el respeto al otro y a las leyes”.
Los grupos de traficantes surgieron y se consolidaron en función de la prohibición; se incorporó a campesinos, comerciantes de clase media, y élites económicas locales. “Sin prohibición no hay criminal, sino comerciantes de mercancías. La diferencia es el límite que ponen las leyes”, afirmó.
Ante su desarrollo, la clase política ha actuado como protectora y controladora de esos negocios. “El vínculo entre tráfico, política y sociedad es laxo y subordinado”, acotó. Ha significado crear un hábito cultural que por años no se consideró una transgresión grave, pero que actualmente preocupa a la sociedad por el aumento de la violencia.
Edgardo Buscaglia, senior scolar en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y director del International Law and Economic Development Center, de Estados Unidos, destacó que en México el Estado está fragmentado, con policías locales al servicio de los cárteles. “En estas condiciones, no puede ser parte de la solución, y el catalizador debe surgir de la sociedad civil, que no está controlada por organizaciones criminales”.
En el país, las organizaciones no gubernamentales operan de manera atomizada y falta que se integren en un tejido social sólido, capaz de brindar servicios de previsión, refugios para víctimas y apoyo para familiares de desaparecidos, pues ese tipo de actividad disminuye la violencia, resumió.
René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre la Violencia Social del IIS, dijo que la sociedad mexicana vive una crisis educativa, económica y de seguridad. “La corrupción está ligada al miedo social e individual, que se ha traducido en inmovilidad de la ciudadanía ante el autoritarismo que se ha ejercido por décadas”.
La narco-cultura prevaleciente está asociada al éxito fuera de la legalidad, exalta la grandiosidad, el poder y la violencia. “Es una forma de ver el mundo, en una nación que deja poco espacio para los pobres. Se piensa que es mejor vivir cinco años con carros y mujeres, que una vida entera pobre”, apuntó.
En su oportunidad, Robson Rodrigues da Silva, jefe del Estado Mayor Administrativo de la Policía Militar de Río de Janeiro, Brasil, expuso un programa de pacificación social que actualmente se implementa en las favelas de esa ciudad, donde se canjeó la guerra contra el narcotráfico que se sostenía desde la década de 1980, por la construcción de la paz a partir del 2000.
Aunque aún no se consolida, se basa en la participación de la sociedad civil, que impulsa la integración y la solidaridad a partir de redes de control, donde los grupos civiles apoyan a la policía local, detalló.
Por su parte, Andrés Emiliano Hirsch Soler, miembro del capítulo México de la Asociación Students for Sensible Drug Policy, y de ReverdeSer Colectivo, destacó la necesidad de integrar en la colectividad la voz de los jóvenes, que constituyen un grupo heterogéneo y vulnerable, pues son ellos quienes más se suman a las filas del crimen organizado.
Organizaciones criminales
“El narcotráfico no es un sinónimo de crimen organizado”, fue la frase de apertura en la mesa Las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ilícitas en México, de Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.
“La detención de los líderes de los cárteles ha provocado fragmentación en los mismos. La violencia se ha desplazado en sentido norte-sur, en dirección contraria al de las drogas”, apuntó, y fijó en siete, la cifra de las principales organizaciones delictivas.
En tanto, María Olga Noriega Sáenz, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), basó su intervención en tres enfoques. El primero, en que el combate al narcotráfico demanda imperativamente una cooperación internacional; el segundo, el requerimiento de un acuerdo anticorrupción de todos los partidos políticos y, finalmente, el reconocimiento en que dicha actividad tiene otros 22 delitos conexos, como la trata de personas y el abuso a menores.
Para Martín Gabriel Barrón, académico del INACIPE, las organizaciones han aprovechado el vacío histórico que ha existido en materia de prevención social para asentarse entre la población más vulnerable. “Hoy en día existen nuevas rutas terrestres y hay que poner mayor atención en la colusión de los gobiernos estatales”, enfatizó.
Mónica del Carmen Serrano Carreto, del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, destacó que no puede eludirse que las actividades relacionadas son proclives a la corrupción y a la violencia. “Sólo el ocho por ciento de la población mundial se ubica en América Latina, pero esta región concentra una tasa de 28 por ciento de homicidios en el planeta”, expresó.
Octavio Rodríguez Ferreira, coordinador del Proyecto Justicia en México, del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, presentó un mapa distributivo de la violencia originada por las organizaciones, donde destacó que la zona de conflicto se está desplazando hacia el centro de la República. “Desde el 2010, es paradigmático el alto nivel de violencia en Nuevo León, Jalisco y Veracruz”, concluyó.
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