Foto: CDHDF.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) está documentando la investigación abierta de oficio sobre el caso del operativo policial que se desarrolló el domingo 15 de julio y que derivó en la detención de 226 jóvenes.
Las principales líneas de investigación se encuentran vinculadas con la proporcionalidad del operativo, con posibles detenciones arbitrarias, retención ilegal y con actitudes discriminatorias presuntamente imputables a agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en perjuicio de los jóvenes que fueron detenidos por esta institución.
Así lo informó la comisión de derechos humanos.
De acuerdo con el boletín enviado, el organismo sigue recabando toda la información de las autoridades, así como testimonios y denuncias tanto de los jóvenes detenidos como de las personas que resultaron afectadas por los actos de violencia que se registraron ese día.
Es importante mencionar que la CDHDF estuvo presente en una buena parte de las actuaciones ministeriales emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y pudo constatar que los derechos del debido proceso legal que asistían a las personas detenidas fueron respetados, salvo circunstancias particulares asociadas a la sobrecarga de trabajo que fue consecuencia directa de tener que procesar un caso con 226 personas puestas a disposición.
De igual forma, cabe destacar que de las investigaciones primarias, esta Comisión no ha encontrado elementos que indiquen acciones de uso desproporcionado de la fuerza o de tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de las detenciones por parte de la policía capitalina.
Al igual que en otros casos, la CDHDF reitera su interés por mantener una relación institucional de trabajo y de colaboración con la PGJDF y con la SSPDF con la certeza de que es posible caminar conjuntamente hacia políticas públicas que no estigmaticen a los jóvenes y que envíen un mensaje de respeto pleno a sus derechos.
La CDHDF enfatiza que no se opone a los operativos policíacos que se requieran para resguardar la seguridad de los ciudadanos, ni a la investigación y consecuente sanción penal de quien resulte responsable de la comisión de hechos delictivos, pero insiste en que, por el bien de la ciudadanía, éstos deben estar apegados a los estándares de protección a los derechos humanos.
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