Foto: Diario Jurídico México.
¿Es posible desaparecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Esa fue la pregunta más repetida al término de las participaciones de los ponentes en la mesa redonda “La calificación de la elección presidencial”, de acuerdo con el moderador Ricardo Valero.
Así ocurrió luego de que los participantes hicieran una dura evaluación sobre el Tribunal
Netzai Sandoval, maestro en Derecho constitucional, consideró que la sentencia del Tribunal sobre la elección presidencial no se puede sostener.
Su actuar puede llamarse “garantismo espurio”, término que tomó prestado de Pedro Salázar, experto en elecciones y constitucionalista. Sandoval se refería a los cambiantes criterios con que el TEPJF atendía asuntos similares.
“Por lo menos hay que tener consistencia en el error”, consideró quien ha trabajado como asesor en el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Un ejemplo fue cómo hasta antes de 2010 el tribunal había sancionado la difusión de informes de gobierno.
Pero en 2010 evitó hacerlo con el informe del entonces gobernador del estado de Hidalgo, quien difundió su informe en época de precampaña en el estado. Fue tan notorio que hasta cambiaron la jurisprudencia y los gobernadores pueden difundir informes en precampañas.
En el caso de la calificación de la elección presidencial, no se revisó que en esta elección por parte del candidato Enrique Peña Nieto pudo usarse más dinero privado que público, lo que sería motivo de anulación.
El tribunal también dijo que la distribución de tarjetas no llevaba a nulidad, ya que de acuerdo con el argumento del PRI el dinero empleado en dichos instrumentos financieros era para militantes y con esa acción ya no se cambiaba entonces su intención del voto.
El máximo tribunal electoral pedía al Movimiento Progresista demostrar que las tarjetas cambiaban el sentido del voto de quienes las recibían.
“Es absurdo, cuando existen tipos penales que sancionan la compra de voto”.
También criticó la falta de revisión de recursos de impugnación ciudadana, algo que va contra tratados internacionales; empero el tribunal adujo que los ciudadanos no eran actores interesados para presentar la impugnación.
Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, John Ackerman el tribunal hizo un papel por debajo del tribunal que se encargó de la calificación de la elección presidencial de 2006, que en su resolución final aceptaron que el entonces Presidente Vicente Fox puso las elecciones presidenciales en riesgo con su continuo intervencionismo, y regañó al Consejo Coordinador Empresarial por sus spots contra Andrés Manuel López Obrador.
“En esta ocasión (el tribunal) no reconoció ninguna violación”, dijo el doctor en Sociología Política por la Universidad de California.
Por su parte el ex consejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas dijo que el tribunal es constitucional pero no actuó como tal, y consideró que no fue objetiva su interpretación porque no revisó pruebas de la impugnación presidencial.
En su opinión, los actuales magistrados están condicionados a las presiones de los medios de comunicación, de los partidos, “y la gente (los magistrados) se cansa”.
Integrante del equipo que diseñó la estrategia jurídica general para impugnar la elección presidencial, explicó que aunque eran cosas concretas las que pedían investigar al tribunal, tales como informes de empresas bursátiles que tenían vínculos tanto con Televisa como con Enrique Peña Nieto.
Asimismo, pidieron investigar las notas que diario presentó Televisa desde 2005 sobre Peña Nieto y que eran “infomerciales”.
El papel del tribunal en la calificación presidencial fue tan cuestionado, que la doctora en derecho por la Universidad Complutense, Susana Pedroza de la Llave dijo que las mil 300 páginas de la calificación presidenciales fueron inútiles, y ni siquiera debió revisar las pruebas que presentó el Movimiento Progresista, sólo revisar el 25 por ciento de las casillas sobre las que se tenían dudas: Lo demás estaba de más.
“No es constitucional, ya que no viene en normas, eso es certeza jurídica. Si la Constitución dice verde, es verde, si no termina interpretándose como morado”.
A pesar de las críticas, los participantes pidieron que siga el Tribunal pero con un mejor desempeño.
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