El proyecto elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sobre Florence Cassez, parte de un punto erróneo: el montaje.
En ese punto coincidieron especialistas convocados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el foro “Florence Cassez: La prueba y el debido proceso”.
Se trata del proyecto que el 21 de marzo será discutido y analizado por la primera sala de la SCJN.
El caso, el de la ciudadana francesa encontrada culpable de secuestro, pero que pidió un amparo, y que ha sido defendida incluso por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien ha pedido su libertad.
Samuel González, consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada, criticó que el proyecto de Zaldívar arrancara en el montaje hecho para una televisora, y no en los hechos criminales del secuestro en el que participó la francesa.
Asimismo, el catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México consideró que el proyecto del ministro tiene confusión entre el debido proceso y la presunción de inocencia.
“No valen solo los testimonios, valen los hechos”, dijo el abogado de la Asociación Alto Al Secuestro, presidida por Isabel Miranda Wallace.
Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, consideró que es “un exceso de Zaldívar que por un video y por falta de aviso consular (que no se le hizo a la francesa y que Zaldivar considera para pedir su libertad) se piense que el efecto tiene un proceso corruptor”.
Por su parte Michel Diban, consultor internacional para la oficina de Organizaciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo que de lo que sabía del caso, opinaba que: “fue un video impertinente” y pidió que se castigue al responsable del montaje, pero no a las víctimas.
Y abundó: “No cualquier error de un funcionario implica de privar de eficiencia probatoria o los medios de prueba por los que los obtuvo”.
Por su parte Jairo Ignacio Acosta, abogado colombiano señaló que si en el proyecto del ministro Zaldívar todo gira en torno de una prueba ilícita, no tendrá validez, pero la prueba ilícita es excluida y hay pruebas que sustenten el caso, entonces es suficiente.
El catedrático de derecho procesal penal en la Pontificia Universidad Javeriana, agregó que cuando derechos de las víctimas y victimarios se cruzan deben ponderarse cuál pesa más.
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