Foto: CDHDF
El Tercer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Antonio Guevara Bermúdez, señaló que la recomposición política del país ofrece una ventana de oportunidad para que la cuestión migratoria pueda revisarse, de manera que el Congreso retome la Ley de Migración, a la luz de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos.
Al participar en la mesa Migración y Seguridad, organizada por la Oficina de la Fundación Ford para México y Centroamérica, consideró que la crisis humanitaria que supone la violación a derechos humanos de los migrantes se debe, entre otras cosas, a la aplicación de leyes violatorias, como la Ley de Migración, y a las omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Añadió que es responsabilidad del Estado impedir que entre particulares se cometan abusos, como son los crímenes por parte de la delincuencia organizada contra los migrantes. Dijo que también son causa de estas violaciones, la omisión de investigar y castigar a los responsables de estos delitos, así como tener zonas de tolerancia donde se sabe que se cometen estos crímenes y nadie hace nada por detenerlos.
Apuntó que la Ley de Migración criminaliza la migración porque faculta a las autoridades a detener hasta por 60 días, o indefinidamente si al migrante se le ocurre hacer valer algún derecho, en estaciones migratorias.
Expuso que la Ley contempla facultades de las autoridades migratorias para hacer pesquisas y generar actos de molestia a nacionales y no nacionales y con filtros migratorios que pueden ser móviles o fijos, que violan disposiciones constitucionales, como circular libremente por el territorio nacional sin portar pasaporte. “Se considera a un migrante como amenaza a la seguridad nacional y frente a esa expectativa hay pocos argumentos para desmentirlo”.
A su vez, la Presidenta del International Crisis Group y ex Alta Comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló que el desafío en este continente y en otras partes del mundo, es darle alguna protección a aquellos ciudadanos que teniendo el derecho de mantener a sus familias, tienen que hacerlo de manera ilegal o indocumentada.
“Resistir los esfuerzos de algunos por convencernos a todos de que todos (los migrantes) son delincuentes y que tienen que ser tratados como tales, resistir la presión de criminalizar a la gente que ya es víctima”, pidió y resaltó que en México hay mucha gente que cree necesario tener un mejor marco para la migración.
Explicó que los migrantes son personas que dejan su país de origen en general porque sus propios gobiernos no pueden o no están dispuestos a darles la oportunidad de sostenerse y cubrir sus necesidades básicas, “son migrantes económicos que por su propia sobrevivencia se mueven”.
Subrayó que en todo lugar donde las instituciones estatales son débiles, el crimen organizado penetra en todos los mercados lucrativos: tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, “todas estas actividades se ven invadidas por estos grupos, cuya capacidad para atacar y abusar a las poblaciones migrantes es muy grande, siempre encuentran la ruta en donde la capacidad del Estado y de las instituciones es la más débil, donde hay corrupción de los funcionarios estatales”.
En tanto, la Directora del Instituto para las Mujeres en Migración, Gretchen Kuhner, expuso las conclusiones de un Informe sobre el vínculo entre Seguridad y Migración. Dijo que al revisar la normatividad y la política pública, el planteamiento es que el problema se sitúa en la falta de capacidad institucional para proteger a la población migrante mexicana y extranjera de la delincuencia organizada.
Señaló que, en su conjunto, las políticas de disuasión justificadas por discursos de seguridad nacional, pública y fronteriza de Estados Unidos y México han contribuido a la actual crisis humanitaria para la población migrante indocumentada en la región, caracterizada por accidentes, extorsión y violencia durante operativos, secuestros y ejecuciones dentro de México, en la frontera.
“Revisando los discursos y documentos del Instituto Nacional de Migración, vemos que el gobierno sabe que la política de contención o disuasión obliga a la población migrante indocumentada a viajar por vías y rutas más clandestinas, que ponen en riesgo su integridad física”, añadió.
Apuntó que hay un discurso para combatir la delincuencia organizada, que incluye el tráfico y la Trata de personas, así, “con el fin de proteger a la población migrante de esta criminalidad, en acciones coordinadas, autoridades como la Secretaría de Marina, Seguridad Pública, Defensa Nacional, policías estatales y municipales, los detienen y los deportan”.
Por su parte, el Director del Programa de Política de Seguridad Regional de la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA), Adam Isacson, habló de la securitización en la migración y dijo que esto tiene que ver con el temor y miedo, sentimiento reinante en Estados Unidos, aunado a lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, la cobertura sobre hechos de violencia en México y la percepción que de eso se tiene en Estados Unidos.
Abundó que los norteamericanos sin educación universitaria han visto estancados sus salarios desde 1980, y esos trabajadores son quienes más ven a la población migrante como una competencia directa, o al menos una razón por la cual los sueldos no se activan, y hay muchos políticos que se aprovechan de esas percepciones.
Además, dijo, la migración se ha esparcido a muchas partes del país que antes no, y la propia población blanca ha migrado a las zonas fronterizas con México, llevando sus viejas actitudes. Consideró que se puede superar esto con una política basada en hechos y evidencias, con esfuerzos para educar y que llegue una reforma migratoria.
A su vez, la Viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, Rita Claverie, indicó que al tiempo que se resguarda la seguridad y los intereses de los nacionales de cada país, los estados no deben escatimar esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras en sus territorios, “llevar un discurso coherente, lo mismo que esperamos para los nuestros, procurarlo a los que nos visitan como países de tránsito y de destino”.
Indicó que la migración no es una amenaza, porque es un desplazamiento debido a la inseguridad y falta de oportunidad, de manera que se deben afrontar los problemas estructurales que originan la migración regionalmente.
Expresó que a dos años de la tragedia de San Fernando, es evidente que el número de personas víctimas aumenta y que la crueldad y atropellos infringidos a ellos excede la capacidad de comprensión de cualquier ser humano, desbordando a los estados en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Urgió a fortalecer la cooperación y coordinación entre los estados para impulsar la legal estancia de migrantes en los países, porque lo contrario da como resultado el incremento de la vulnerabilidad y el uso de rutas de alto riesgo para su seguridad. Sugirió que mediante permisos de trabajo, México haga posible la migración regulada.
Mencionó la pertinencia de fomentar el sentido de la solidaridad humana en las poblaciones de los estados, rechazando todas las formas de discriminación.
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