En su segundo día de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones constitucionales en materia de transparencia con cambios que fueron impulsados por el PAN y el PRD para dar reversa a las modificaciones que el PRI había promovido en comisiones, y que algunos actores políticos y sociales consideraban regresivos.
En dichos cambios, se otorgó autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y se estableció que los actuales consejeros podrán formar parte de la nueva estructura del órgano en tanto dure su nombramiento, si el Senado lo autoriza.
En las modificaciones se dejó plasmado que solamente el consejero jurídico de la Presidencia de la República pueda apelar las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y únicamente cuando puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Será en una ley secundaria donde se defina qué será considerado un peligro para la seguridad nacional.
Los priistas habían planteado que las resoluciones del IFAI no fueran inacatables en materia de seguridad nacional, derechos humanos y cuestiones económicas. Sin embargo, en el periodo extraordinario, el PRI tuvo que cambiar de postura y permitir que la mayoría de las resoluciones del IFAI fueran incontrovertibles.
Los diputados de oposición consiguieron que se retirara el requisito de que cuatro de los siete comisionados del IFAI fueran licenciados en derecho con 10 años de antigüedad como mínimo.
La oposición también consiguió que los partidos políticos y sindicatos estén obligados a transparentar su información sobre los recursos públicos que reciben, sumándose así a la figura de sujetos obligados a rendir cuentas, que incluye a los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, los órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos.
Están dentro de este supuesto también cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.
Los diputados devolvieron al Senado la minuta de transparencia con los cambios que le hicieron. La Cámara Alta deberá estudiarlos y decidir si los aprueba o no.
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(ADN Político)
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