Foto: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace énfasis en que el Estado mexicano conserva una deuda social con todas las personas a quienes el salario mínimo no les garantiza el pleno acceso a los productos y servicios básicos para su subsistencia, desarrollo y ejercicio efectivo de sus derechos humanos.
Este Organismo considera que garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado es fundamental para fortalecer un sistema social más equitativo, donde el acceso a los derechos de las personas no se encuentre condicionado por las carencias y limitaciones a sus condiciones de vida.
Lo anterior, después de conocer los datos ofrecidos por el Observatorio del Salario Mínimo de la Universidad Iberoamericana (OSM), el cual señala que en casi 6 años el poder adquisitivo de las y los mexicanos ha decaído en un 32%, principalmente debido a los incrementos a productos de primera necesidad como las tortillas (270%); frijol (167%); arroz (140%); jitomate (115%) y leche (73%), así como a la gasolina en 86%.
En este sentido, al examinar el cuarto informe periódico de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos y Sociales (Comité DESC) expresó su preocupación por la disminución del poder adquisitivo del salario en nuestro país y el impacto negativo que esto tiene en la calidad de vida de las personas.
A poco más de media década desde el último examen del Estado mexicano ante el Comité DESC, los datos del Observatorio obligan a revisar la vigencia de las inquietudes y recomendaciones expresadas por este órgano, así como a señalar el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano para garantizar condiciones de vida dignas a las y los mexicanos, a través de la garantía de una remuneración adecuada y equitativa por el trabajo que se realiza, en los términos del Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ante este escenario, la CDHDF hace un llamado a revisar, bajo una perspectiva de derechos, la actual situación salarial y las políticas públicas que impactan, en la vida cotidiana, el derecho a un nivel de vida adecuado y que, de manera contextual, contribuyen a incrementar las condiciones de desigualdad económica, exclusión social, marginación, discriminación, déficit alimentario, salud, vivienda, educación y, en conjunto, deterioran las condiciones de exigibilidad de todos los derechos en nuestro país.
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