Foto: Cámara de Diputados
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar la continuidad de certificación de los cuerpos policiacos por la vía de los controles de confianza.
De igual forma, para dar a conocer el programa de reestructuración de las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
En un punto de acuerdo aprobado como de urgente y obvia resolución, los legisladores avalaron exhortar a los gobiernos de los estados para que redoblen esfuerzos en las evaluaciones de control de confianza y dar de baja a quienes no aprueben, además de sancionar a los funcionarios que no acaten los resultados.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) impulsor de la propuesta con punto de acuerdo, recordó que ante el debilitamiento de la Policía Federal, el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza a los elementos de las policías Federal y Ministerial, creándose para ello el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
Mencionó que las recientes modificaciones planteadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la Unión, en torno a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a partir de este jueves, y sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Gobernación, no deben poner en riesgo los avances en la certificación policial.
“Los legisladores del PAN velaremos para que los avances logrados en administraciones pasadas se mantengan y se refuercen. Consideramos de suma importancia dar continuidad a políticas públicas exitosas”.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el senador Arturo Zamora Jiménez (PRI) destacó que el proceso de certificación llevado a cabo en los últimos años no es el producto de la genialidad de una persona, sino del trabajo del Congreso de la Unión desde 2008, cuando elaboraron un proyecto importante.
Mencionó que el Congreso aprobó recientemente continuar con el proceso de certificación al comprender los alcances e importancia de contar con policías eficientes, eficaces y que no estén infiltradas ni por la delincuencia organizada ni por los delincuentes del orden común. “Estamos de acuerdo con este proceso de certificación, también coincidimos en que la Secretaría de Gobernación informe sobre la reorganización de las funciones de seguridad pública”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) destacó que el tema de la certificación es medular. Nos parece, dijo, que el plazo que se dio de 10 meses tiene que seguirse a detalle. Agregó que no sólo se trata de saber quién pasa o no el examen, sino qué ocurrirá con aquellos elementos que causen baja.
El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) mencionó que el proceso de certificación de los cuerpos policiacos aún no está consolidado y prueba de ello son los casos donde integrantes de las distintas corporaciones siguen siendo corrompidos por el crimen organizado. Lo anterior, abundó, cobra mayor relevancia con los cambios que propuso el Ejecutivo al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Gobernación.
La senadora Gabriela Cuevas Barrón, avaló la propuesta y sugirió exhortar a los gobiernos de las entidades federativas que por conducto de los centros de Evaluación y Control de Confianza redoblen esfuerzos y practiquen a la brevedad las evaluaciones a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Así como a terminar el proceso de baja de aquellos integrantes que no hubieran aprobado, lo que fue avalado por el Pleno.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, manifestó que el tema de la vinculación de los mandos policiacos, de la policía en general o de funcionarios de alto nivel con la delincuencia organizada es algo que pareciera ser común en este país. “No estamos exentos de saber que casi todos los ayuntamientos están desobedeciendo la Ley de Seguridad Pública para dar de baja a un mando o un policía que reprueba el examen de control y confianza”.
Dijo que más allá de los exhortos es necesario ser más contundentes, por lo que propuso una adición al punto de acuerdo para sancionar, conforme a la Ley de Seguridad Pública, a los funcionarios que no acaten los resultados que arrojen dichos exámenes de control y confianza. Esta propuesta también fue aprobada.
En tanto, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, consideró que al consolidarse la nueva estructura de la Secretaría de Gobernación, se visualiza una estrategia diferente. Es necesario, abundó, hacer una revisión de la situación jurídica y de las formas de actuación de las policías, así como de sus necesidades de capacitación y equipamiento para su fortalecimiento.
Sostuvo que la seguridad debe ser una política de Estado, “pero también una política popular sustentada en un gran consenso nacional. Acciones como la ampliación del plazo para certificar a las policías del país y la transferencia de la policía federal y el mecanismo de inteligencia denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación, forman parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública que ha dejado más de 60 mil muertos en lo que va en los últimos años”.
Silvano Blanco Deaquino, del PRD, señaló que la estrategia de seguridad implementada por el anterior presidente tuvo un rotundo fracaso, por lo que al actual jefe del Ejecutivo no puede exigírsele que dé resultados en tan breve plazo, “pero la idea de certificación de las policías estatales y municipales debe continuar”.
De igual forma, demandó un mayor respaldo del gobierno federal a los estados y municipios para los procesos de certificación, toda vez que carecen de los recursos suficientes para concluirlos. Añadió que la inseguridad no se resolverá si no se va de la mano con actuar en contra de la corrupción.
Comentarios recientes