Foto: UNAM
La industria minera en el planeta alcanzó un nivel de explotación histórica mundial, con repercusiones ambientales, legales y generación de conflictos comunitarios en México, coincidieron académicos y expertos en el Seminario Megaproyectos mineros, devastación ambiental y derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios informó que este fenómeno se ubica en un contexto de crisis mundial multidimensional. La demanda de metales en el orbe avanzó de 100 millones de toneladas en 1900, a tres mil 500 millones de toneladas en la actualidad.
En los últimos años se han agotado las vetas de rocas mineralizadas, y las que se extraen tienen una proporción muy baja de metales como aluminio, cobre, hierro y oro. Por ello, las tecnologías de extracción se han transformado para lograr una rentabilidad más alta de yacimientos de «baja ley».
Al respecto, Andrés Barreda, de la Facultad de Economía (FE), sostuvo que el pico minero coincide con el agotamiento de los recursos petroleros en el mundo, extinción de la biodiversidad, declive de las reservas de agua dulce, incremento de la acidez en los océanos, aumento de la luminosidad nocturna, y cambio climático global.
Esto explica que el mundo viva una «fiebre del oro» por la escasez mundial del metal, único valor seguro de reserva para respaldar las monedas nacionales ante un escenario de depreciación global. En 2007, la onza de 31 gramos se cotizaba en mil dólares, para superar los mil 900, en 2011. “Esta característica lo convierte en un recurso natural estratégico extraordinario”, subrayó.
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, Marycarmen Color, de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó que en el tema de los megaproyectos mineros, diversas instancias internacionales están preocupadas por la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, en las esferas politica, social y económica, como puede constatarse en el último informe del relator especial para los derechos de estas poblaciones.
El objetivo y fin de las medidas requeridas en nombre de sus integrantes es preservar su modo de vida tradicional y garantizar que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones serán respetados y protegidos por los estados, enfatizó.
Arturo Burnes, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sostuvo que a partir del siglo XX, la minería en la entidad implica desnacionalización, descapitalización y deterioro ambiental. En Mazapil, municipio catalogado como uno de los más pobres del país, se localiza la mina Peñasquito, filial de Goldcorp, primera empresa productora de oro en México, y la segunda de América Latina, expuso.
Al año, utiliza 13 millones de metros cúbicos de agua, en una cuenca con capacidad de recarga de 10 millones. La explotación a cielo abierto genera diariamente 130 mil toneladas de desecho. Esto es ejemplo del deterioro ambiental y del despojo a las comunidades, dueñas originales del recurso, aseguró.
En su oportunidad, Sergio Serrano, del movimiento anti-megamineria tóxica Pro San Luis Ecológico, recordó que existen concesiones para explotación minera en casi el 40 por ciento del territorio nacional, 800 proyectos autorizados, lo que representa un escenario de conflicto.
En la entidad, ejemplificó, están concesionadas 400 hectáreas a las empresas que se dedican a esta actividad, con ampliaciones para otras cuatro mil en los próximos años, lo que representará la extinción de la biodiversidad. En 15 ó 20 años, esto significará que grandes extensiones de tierra en el país no serán útiles para otros fines, consideró.
Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), sostuvo que esos proyectos generan presión sobre los territorios y una política de fomento a la inversión privada, lo que lleva al saqueo de la riqueza nacional, devastación ambiental, y a que las opiniones de ciudadanos, pueblos y comunidades no sean tomadas en cuenta.
Entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de la cantidad de oro y la mitad de plata, de la producida en 300 años de explotación colonial en el país. El modelo de desarrollo actual excluye a las poblaciones de los dividendos generados, reciben una mínima parte de las ganancias y toda la contaminación y deterioro de su entorno, sin participar en las decisiones.
Por último, José Luis Abarca, del movimiento anti-megamineria tóxica Rema-Chicomuselo, Chiapas, informó que, del 2000 al 2010, se otorgaron 112 concesiones mineras en la región. Del total, 19 por ciento pertenecen a un consorcio canadiense.
Está dedicado a la extracción de barita, titanio y hierro, y se localiza en el ejido Grecia, del municipio referido, desde 2006. Desde su establecimiento no ha cumplido con el compromiso de generar desarrollo económico, social y sustentable, lo que ha derivado en conflictos comunitarios y deterioro del tejido social.
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