Foto: Prodecon
Autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y el presidente de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Rodrigo Muñoz Serafín se pronunciaron porque en la Reforma Fiscal es necesario concretar una mayor transparencia en la aplicación del gasto y el uso correcto de los recursos para garantizar los derechos humanos de los contribuyentes, principalmente de los grupos más vulnerables en el país.
En la conferencia magistral La Reforma Hacendaria y los Derechos de los Pagadores de Impuestos, impartida por el licenciado Muñoz Serafín por la apertura de la Delegación Centro-Pacífico de la Prodecon, comentó que los derechos humanos son valores, que pueden y deben verse reflejados en el ámbito fiscal, sin estar consignados en una norma tributaria, disposición legal o internacional, sino, con el cambio de paradigmas.
Comentó que la democracia y la participación ciudadana, además de estar sustentada en la formulación de las normas, tiene que estar apuntalada con una permanente vigilancia en la correcta aplicación de los recursos por parte de los pagadores de impuestos.
“El respeto de los derechos humanos debe ser una tarea conjunta con cambios de paradigmas, en el que se debe dejar de ver al Estado como algo aislado de la sociedad, con acciones conjuntas con contribuyentes en la búsqueda para lograr la consolidación de esos objetivos”, comentó.
El presidente de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal resaltó el papel determinante de la Prodecon en estas tareas, ya que ha cumplido a cabalidad su función de defensa ante actos de autoridades fiscales y de manera paralela, ha promovido la creación de una nueva cultura contributiva basada en los derechos humanos y en el deber de los contribuyentes.
Aclaró que en torno a esos esfuerzos de las autoridades del organismo autónomo, es necesario que el Estado y los pagadores de impuestos hagan causa común con distintas acciones para lograr estos objetivos y puso como ejemplo una frase Félicité Robert de Lamennais: El derecho y el deber son como las palmeras; no dan frutos si no crecen uno al lado del otro.
El licenciado Muñoz Serafín consideró que para lograr la materialización de los derechos humanos en el ámbito fiscal, es necesario establecer que el pago de impuestos no es solamente una obligación económica, sino, un deber solidario de los mexicanos, principalmente a favor de los grupos vulnerables y de la sociedad en general.
En su intervención, el subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de la Prodecon Juan Carlos Roa Jacobo resaltó que dentro de sus atribuciones y por convicción de los funcionarios que integran la Procuraduría, se ha promovido una nueva cultura contributiva en la que los pagadores de impuestos se puedan convertir en “fiscalizadores del fisco” en un marco de transparencia.
El licenciado Roa Jacobo consideró que por medio de estas acciones se podrá llegar a un esquema de mayor justicia en el sistema fiscal, en el que tenga la finalidad de lograr que los contribuyentes vean que el pago de sus contribuciones, trae aparejado el derecho a ser informados sobre el uso de estos recursos.
En el tema de los derechos humanos de los contribuyentes, el Subprocurador dijo que negar su existencia constituye un falso debate y afirmar que tal negativa sería un acto regresivo, una ingratitud y una oportunidad perdida para generar vinculación entre los ciudadanos y el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
El titular de la Delegación Regional Centro-Pacífico, Francisco Javier Ceballos Alba enfatizó que en materia fiscal no se debe aceptar ningún retroceso en contra de los derechos humanos y subrayó que en varios países europeos, los ciudadanos cumplen con sus obligaciones sin la necesidad de esquemas agresivos.
El Delegado Ceballos Alba se pronunció a favor de cambios en la normatividad interna de las autoridades fiscales cuando vayan en contra de los derechos humanos de los contribuyentes, para que puedan prosperar los cambios al artículo primero de la Constitución.
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