Foto: PJF
El Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó la obligatoriedad para sus jueces, magistrados y personal jurisdiccional de capacitarse en materia de protección y garantía de los derechos humanos establecidos en fuentes constitucionales nacionales e internacionales, en virtud de las obligaciones jurídicas que emanan de los tratados de derechos humanos, firmados por México.
También, dispuso el desarrollo de estrategias con el propósito de garantizar una adecuada impartición de justicia al juzgar el delito de desaparición forzada de personas.
En sendos informes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expuso que, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), prepara a todos sus funcionarios jurisdiccionales que intervienen directamente en la emisión de sentencias a fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la aplicación de los estándares internacionales sobre derechos humanos.
“Desde nuestro punto de vista es sumamente importante que los funcionarios judiciales sigan extendiendo la armonización entre el derecho internacional y el derecho constitucional, sobre todo si los jueces nacionales juegan un rol trascendental en la integración del derecho internacional de los derechos humanos”, precisó la SCJN.
De igual forma, explicó, se capacita a los juzgadores y al personal jurisdiccional sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, especialmente lo relativo a los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales, protección judicial y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.
Asimismo, la capacitación habrá de incluir el debido juzgamiento del delito de desaparición forzada y de los hechos constitutivos del mismo, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada, así como la utilización de la prueba circunstancial, indicios y presunciones.
En el informe a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional del país destacó que se han puesto en marcha programas a fin de que los titulares del PJF reciban al mismo tiempo los mismos elementos introductorios (de manera presencial y a través de materiales especializados) acerca de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, aprobadas durante 2011.
Sobre el control de convencionalidad, la SCJN afirmó que éste es el tema de mayor interés para los impartidores de justicia federales, por lo cual, durante este año se han estado llevando a cabo jornadas de actualización cuyo objetivo es dotar al personal jurisdiccional federal de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para ejercer el control difuso de convencionalidad, de conformidad con los más altos estándares de protección y garantía de los derechos humanos establecidos en fuentes constitucionales e internacionales.
Por su parte, en el documento elaborado para la CoIDH acerca de las medidas tomadas a partir de la sentencia relacionada con el Caso Radilla, se precisa que la SCJN determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar; y también estableció que las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal civil competente.
En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró, mediante la Tesis Aislada LXXI/2011 que el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 13 Constitucional que regula el fuero de guerra.
Además, se manifiesta que con el propósito de que los juzgadores federales emitan sentencias bajo un mismo catálogo de criterios, la SCJN aprobó el Acuerdo General 6/2012, del 7 de mayo de 2012, mediante el cual ordena a todos los juzgados y tribunales federales del país que, en caso de que tengan bajo su conocimiento algún asunto relacionado con el tema, lo informen al Tribunal Constitucional para éste reasuma su competencia originaria o bien ejerza su facultad de atracción por tratarse de un tema de importancia y trascendencia, a fin de establecer los criterios correspondientes sobre el tema del fuero militar.
Como consecuencia de lo anterior, la Suprema Corte tiene actualmente radicados para su conocimiento y eventual resolución de 29 amparos y 2 conflictos competenciales, así como la Contradicción de Tesis 293/2011, mediante la cual definirá la posición que ocupan los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano y el carácter vinculante u orientador de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
De igual forma, el PJF, ha establecido programas que -mediante una estrecha vinculación entre el Instituto y el Consejo de la Judicatura Federal y la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Corte- buscan proporcionar herramientas analíticas de carácter interpretativo sobre bloque de constitucionalidad, mecanismos para la interpretación conforme, control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, principio de interpretación pro persona, principios de interpretación, obligaciones generales del Estado, teoría general de las reparaciones, organismos públicos de protección de derechos humanos, además de mecanismos y herramientas para la aplicación práctica de los recursos conceptuales a través de la resolución de casos concretos.
Se han dado cursos para capacitar sobre el debido juzgamiento del delito de desaparición forzada y de los hechos constitutivos del mismo, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada, así como en la utilización de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones; el objetivo es conseguir una correcta valoración judicial de este tipo de casos de acuerdo a la especial naturaleza de la desaparición forzada.
Dichos cursos, que tienen el carácter de obligatorios, son los siguientes:
Durante 2010 y 2011 se llevaron a cabo dos Diplomados Virtuales Sobre Aplicación de los Estándares Internacionales y Regionales de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género en la Argumentación Jurídica y la Impartición de Justicia con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de la aplicación de los estándares internacionales y de la perspectiva de género en el juzgar.
En abril del 2011, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Judicatura Federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo ha sido coadyuvar en la implementación de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos impulsando actividades de sensibilización y formación en relación con ellas.
Este grupo organizó, los días, 23 y 24 de septiembre del 2011, el Seminario Introductorio: Las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y Derechos Humanos y sus Implicaciones para el Trabajo Jurisdiccional, dirigido a 1,137 titulares de Juzgados y Tribunales federales. Dicha actividad se desarrolló en siete sedes en seis ciudades del país (Distrito Federal, León, Puebla, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez y Saltillo) y contó con alrededor de 90 ponentes nacionales e internacionales de instancias académicas, gubernamentales y jurisdiccionales, incluidos miembros del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A fin de que la formación sobre los contenidos de las reformas constitucionales no se limite al personal judicial federal, de manera conjunta con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la SCJN, el CJF y la SRE, durante 2012, han replicado en dos ocasiones el Seminario Introductorio, dirigido a titulares de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados. Se tiene programado impartir el Seminario en todas las regiones del país.
Durante este año se han llevando a cabo las Jornadas Itinerantes: el impacto de las reformas constitucionales de amparo y de derechos humanos en la actividad jurisdiccional, entendidas como una serie de actividades de diferente formato cuyo eje vertebral es el análisis del significado y la metodología para la aplicación del control difuso de convencionalidad.
En el marco de esta actividad, se ha dispuesto la elaboración de una carpeta con el marco normativo y precedentes sobre desaparición forzada de personas y jurisdicción militar, que ha quedado a disposición de la totalidad de asistentes a las Jornadas, para su estudio y consideración.
En abril de 2012, inició el Programa Integral de Posgrados en Derechos Humanos y Democracia con Mención en Protección de Derechos Humanos, mediante el cual se busca brindar un sólido entrenamiento teórico sobre las principales corrientes contemporáneas en materia de derechos humanos, y un sólido entrenamiento práctico, adecuado a los requerimientos del ejercicio profesional de las personas participantes.
Así como, proveer las herramientas necesarias para la argumentación jurídica desde el derecho internacional de los derechos humanos y la perspectiva de género, de conformidad con el marco constitucional mexicano
En tanto las actividades de formación no pueden dirigirse exclusivamente a las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, siendo necesario que los contenidos que en ellas se brindan se extiendan al personal que labora en Juzgados y Tribunales, a través del Instituto de la Judicatura Federal se han impulsado el Curso sobre las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, el Curso de Nociones Generales en Materia de Derechos Humanos y el Curso sobre la reforma constitucional en materia de amparo y su ley reglamentaria, dirigidos al personal que labora en aquéllos y que auxilia en la labor jurisdiccional.
En septiembre del 2012 se llevará a cabo el Seminario interdisciplinario de discusión sobre el derecho de reparación de violaciones de derechos humanos, cuyo objetivo es analizar las interrelaciones entre la reforma constitucional sobre derechos humanos, la reforma al sistema de justicia penal y la reforma en materia de amparo en el ámbito del derecho a la reparación; identificar estándares internacionales y regionales en materia de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
También se pretende proporcionar los conocimientos necesarios para otorgar herramientas a quienes imparten justicia y a quienes la procuran para determinar reparaciones conforme a estándares internacionales en casos de violencia de género y otras violaciones de derechos humanos y coadyuvar, así, con la vigencia de la reforma constitucional en esa materia.
Actualmente se trabaja en colaboración con ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres en la elaboración de un Curso Virtual sobre la Reforma de Derechos Humanos y el Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, que tiene como propósito proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para aplicar el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México. Está dirigido al foro jurídico, litigantes, defensores y defensoras de derechos humanos y personal que imparte justicia a nivel local y federal. Se espera que dicho curso esté listo para enero de 2013.
Finalmente, derivado de las multicitadas reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, y de la necesidad de conocer los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, tanto Universal como Interamericano, y tomando en cuenta la carencia de herramientas idóneas para compilar y sistematizar las normas jurídicas dispersas en diferentes fuentes y la interpretación que de éstas realizan los órganos competentes, la SCJN se ha propuesto el desarrollo de un Buscador de Derechos Humanos, cuyo objetivo es dotar a las y los operadores jurídicos, de un sistema de consulta exhaustivo, confiable y de fácil acceso a ordenamientos jurídicos y precedentes judiciales, nacionales e internacionales, relacionados con los derechos humanos.
Con la finalidad de generar herramientas útiles para la labor jurisdiccional en el marco de la reforma constitucional en derechos humanos, que introdujo el reconocimiento de los derechos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la obligación de realizar interpretación conforme con los tratados internacionales de derechos humanos, en febrero de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el cual ha sido ampliamente difundido entre el sistema jurisdiccional nacional.
En la misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, elaboraron una Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables a México, la cual consta de tres tomos: uno sobre derechos humanos, otro sobre Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de las Personas Refugiadas y otro sobre Derecho Internacional del Trabajo y Derecho a la Propiedad Intelectual.
Los informes, para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CoIDH, se canalizaron a través de la Secretaría de Gobernación que es la encargada, de acuerdo con la ley, de articular la relación entre los Poderes del Estado Mexicano.
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