Foto: Cámara de Diputados
El diputado Humberto Lepe Lepe (PRI) impulsa una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que se sancione con multa de hasta 50 días de salario mínimo y suspensión de derechos o prerrogativas por un año, a los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos que se abstengan de votar sin causa justificada.
Mencionó que en la elección del pasado primero de julio fueron convocados 3.5 millones de nuevos electores, de los cuales, según los cálculos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, sólo decidieron emitir su voto alrededor del 35 por ciento.
Lepe Lepe resaltó que en México el voto en las elecciones tiene un costo 18 veces mayor que el promedio en toda América Latina. El financiamiento implica que cada voto o sufragio cuesta alrededor de 17.24 dólares en promedio, lo que contrasta, por ejemplo, con los 41 centavos de dólar que cuesta en Argentina; los 29 centavos de dólar en Brasil; en Colombia 1.95; Ecuador 1.09; Panamá 5.25; Uruguay 3.72, y el más elevado, sin contar a México, es el de Costa Rica, que asciende a 8.58 dólares.
Detalló que en las pasadas elecciones presidenciales en México del primero de julio se destinaron para la organización de las elecciones 18 mil 451 millones de pesos, de los cuales al Instituto Federal Electoral se canalizaron 15 mil 953.3 millones de pesos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2 mil 368.9 millones de pesos y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales un total de 129.4 millones de pesos.
Considerando la participación de tan sólo el 63.14 por ciento de los votantes, se presume un costo por cada voto emitido, de alrededor de los 370 pesos (27.40 dólares al tipo de cambio de 13.50) el más alto, por mucho, de toda Latinoamérica, dijo.
Refirió que la Constitución Política contempla el derecho ciudadano de poder votar y también como una obligación, así como una sanción en el caso de no cumplirla, “pero en la praxis, no existen mecanismos en la legislación secundaria que garanticen el cumplimiento de este imperativo constitucional”.
Sostuvo que en países como Colombia y Nicaragua el voto es sólo un derecho y no una obligación, similar al caso de México, y por lo tanto, existe un alto porcentaje de abstención de hasta el 65 por ciento.
Los países donde se aplican las disposiciones más drásticas para los votantes registrados que se abstengan de sufragar son Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, donde las multas van de los 3.50 a los 180 dólares por ciudadano, además de contar con sanciones administrativas procedimentales, recalcó.
Enfatizó que la obligatoriedad del voto será un factor decisivo para que la democracia en México sea, por mucho, menos dispendiosa.
La obligatoriedad de votar representa una corresponsabilidad entre una comunidad que tiene la necesidad de proteger su estilo de vida democrática, su libertad, así como sus fundamentos políticos, y un Estado democrático responsable de ofrecer y otorgar a sus ciudadanos los medios necesarios que garanticen la libertad de elegir a sus gobernantes y todas las demás libertades que construyen una democracia, subrayó.
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