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A lo largo de sus 97 años de vigencia, la Constitución Política de México ha sido reformada 573 veces, dando como resultado un texto «parchado» y desordenado que requiere ser «exprimido» en uno nuevo, consideraron expertos.
Los especialistas dijeron que, en el marco del 97° aniversario de la Carta Magna, es tiempo de hacer un trabajo a fondo para dar orden al contenido legal del documento, o de plano crear una nueva.
Y es que, con todas las modificaciones, se ha cambiado el 80 por ciento de los artículos que el Constituyente aprobó en 1917. De 136 artículos en total, sólo 27 han permanecido intactos. Los restantes han sido reformados, algunos en varias ocasiones, como el artículo 73 que ha sufrido 69 cambios.
Los constitucionalistas Miguel Carbonell, Francisco Burgoa y Ricardo Sepúlveda consideraron que es urgente reordenar la Constitución Política para que deje de ser un texto construido «a pedazos».
Miguel Carbonell, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que aunque lo más recomendable sería redactar una nueva Constitución acorde con la realidad del país, un reordenamiento del texto podría funcionar mientras eso ocurre.
«Yo me inclino a estas alturas por una nueva Constitución porque tendríamos una oportunidad para replantearnos lo que queremos como país y cuál es el modelo normativo con el que nos vamos a regir. Pero la idea de reordenarla es más factible porque, una de las cosas que hemos criticado es que los cambios no se han dado de forma sistemática y hay que darle un nuevo orden al texto que está vigente hoy día», sostuvo.
Carbonell indicó que el reordenamiento completo de la Constitución requeriría que se integrara una comisión de expertos que revisara el texto y presentara una propuesta “exprimida” de la versión actual, donde estuviera solo lo básico y ninguna regulación, pues estos detalles deben quedar plasmados en leyes secundarias.
Después, dicha propuesta debería ser aprobada por el Congreso de la Unión y, más tarde, tendría que ser sometida a referéndum para obtener el respaldo de la población.
Si, en cambio, se prefiriera redactar una nueva Constitución, se tendría que convocar a elecciones para votar por quienes formarían parte de un Congreso Constituyente, que se reuniría exclusivamente para redactar la Carta Magna, por lo que esa posibilidad es menos factible, apuntó Carbonell.
Francisco Burgoa, constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que la esencia de la Constitución Política de 1917 ya ha sido cambiada de forma sustancial y se ha convertido en un ente «parchado» que requiere ser revisado.
«Nuestra Constitución está sobrerreglamentada. El problema es que nuestra clase política piensa que por poner grandes temas en el texto constitucional se van a cumplir y se van a poder resolver. No puede ser que, por ejemplo, en el artículo 41 constitucional haya un mini-Cofipe (Código Federal de Procedimientos Electorales). Toda esa regulación debe ir fuera; nuestra Constitución debe ser un eje, un documento de principios del que se deriven otras regulaciones separadas y, para eso, hay que reorganizar la Carta Magna y sacarle toda esa regulación», explicó Burgoa.
Ricardo Sepúlveda, constitucionalista, académico y director general de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, comentó que desde hace varios años se ha planteado la posibilidad de reordenar la Constitución Política y presentar un nuevo texto basado en el actual.
«Sin embargo, cuando comenzó la discusión de las grandes reformas, como la del sistema penal, la de derechos humanos o la reforma en materia de amparo, dejó de hablarse del tema porque se consideró que estas reformas daban cierto espacio al propio texto constitucional por haberlo actualizado. Pero yo creo que cada vez más hay más conciencia de que tal como está actualmente, nuestra Constitución no se acerca a la realidad actual; estamos lejos entre lo que es el texto constitucional y la aplicación real a nuestras necesidades», apuntó Sepúlveda.
Para el experto, aunque la reordenación del texto constitucional estaría a cargo de una comisión creada exprofeso para el tema, en realidad se deberá involucrar a todos los sectores de la sociedad para intentar que el texto reformado refleje la realidad de los mexicanos.
Un esfuerzo para reorganizar el texto constitucional fue elaborado por el senador priista Raúl Cervantes Andrade, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, quien en julio del 2013 presentó una iniciativa de «Ley para Normar los Trabajos para la Discusión de una Constitución de Principios».
En su argumentación, Cervantes señala que es necesaria una revisión y reorganización del contenido, para lo que se propone analizar y armonizar el texto constitucional antes de 2017, cuando se conmemora el centenario de la vigencia de la Carta Magna.
«No obstante la trascendencia ideológica de nuestro texto constitucional casi centenario, éste se caracteriza por una distribución temática desordenada y confusa, la cual es consecuencia tanto de deficiencias técnicas de origen, como de la enorme cantidad de reformas y adiciones de las que ha sido objeto, muchas de las cuales no han sido realizadas con el cuidado necesario», argumenta Cervantes.
Dicha iniciativa plantea la conformación de grupos de trabajo de expertos y representantes de los tres Poderes de la Unión que deberán analizar y depurar el texto constitucional para presentar una nueva propuesta, que entraría en vigor el 5 de febrero de 2017, fecha en que se conmemorará el centenario de la Constitución Política.
Dicha iniciativa fue apoyada por los senadores Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Jorge Luis Preciado y José María Martínez, del PAN; y Luis Miguel Barbosa y Alejandro Encinas, del PRD. Se encuentra en comisiones del Senado.
Otro intento reciente es el convocado por René Bejarano Martínez, líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), quien anunció que el 8 de febrero llevarán a cabo una convención titulada «Por un Nuevo Constituyente» en la ciudad de Querétaro, para comenzar la creación de una nueva Constitución Política para el país.
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(ADN Político)
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