La elaboración de la nueva Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una oportunidad para saldar la deuda histórica con ese sector de la población: CDHDF

Foto: CDHDF.

El proceso de elaboración de la nueva Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una oportunidad para saldar la deuda histórica con ese sector de la población, consideró la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mónica González Contró.

Durante su participación en el Foro Hacia una ley general para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que en los primeros meses del año, la Cámara de Diputados intentó votar una iniciativa que no cumplía con los estándares mínimos de contenido, de acuerdo con un boletín emitido por la CDHDF.

Por lo anterior, celebró la disposición de las y los Diputados y Senadores de la LXII Legislatura, por abrirse a las propuestas y críticas sobre la iniciativa de Ley General para la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

En su exposición en la Mesa I “Marco constitucional: implicaciones de las reformas en materia de derechos humanos de 2011”, señaló que en el marco de la Reforma constitucional de 2011, y específicamente del Artículo 73 que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de niñas, niños y adolescentes (NNA), significa una importante oportunidad para saldar la deuda histórica con ese sector de la población, a través de la respectiva Ley.

La también Secretaria Académica del IIJ de la (UNAM), destacó que el Foroes una oportunidad para ejercer la democracia de forma más participativa, a través de la construcción de un diálogo entre todas y todos.

Centró su ponencia en el llamado ‘bloque de constitucionalidad’ en materia de derechos de las NNA, que “Se refiere a la interpretación de que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, no solamente los específicos de derechos humanos, deben ser entendidos como un bloque de la Constitución al más alto nivel normativo del país, que debe ser desarrollado y reglamentado en la Ley General”.

Y es que, advirtió, la Ley debe desarrollar los derechos, más allá de su pura enunciación tal cual están en la Convención de los Derechos de los Niños; especificar y desarrollarlos, para dotarlos de mecanismos para la eficacia, más allá de su pura consagración constitucional y de los tratados internacionales.

“Hasta ahora eso no ha ocurrido con casi ninguna ley, de las que sólo se hace la ratificación de tratados o catálogos de buenas intenciones, aunque de alguna manera sí han servido para la interpretación jurisprudencial y la delimitación e interpretación de los derechos”, lamentó González Contró.

Llamó la atención sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis 2010), donde 6 de cada 10 personas consultadas opinó que NNA deben tener los derechos que les da la ley: “No los derechos de la Convención ni los de los tratados internacionales o los de la Constitución; su derecho a participar y/o a tomar decisiones; sino simplemente los derechos que les da la ley”.

Tres de cada 10 personas dijeron que NNA deben tener los derechos que sus padres les quieran dar “Ni siquiera los de la ley, dada la serie de prejuicios”, advirtió; y más de 3% consideró que NNA no tienen derechos porque son menores de edad.

“Esa es la realidad sobre la que debemos trabajar: sobre los fantasmas que eliminen artículos transitorios; sobre las verdades soterradas, que piensan que los derechos de los niños son ponerlos a dibujar y nada más, en una visión idealizada que no corresponde con la realidad de los derechos humanos y del Estado de Derechos”, advirtió la Consejera de la CDHDF.

Y agregó que se deberá cuidar que la ley pondere el Interés Superior del Niño, que es en cierta forma el principio pro persona aplicada a niñas y niños. No obstante, explicó que ambos parten de supuestos distintos: el pro persona, de la capacidad del titular de derechos para decidir lo que le es más favorable; en tanto, el Interés Superior, de que el niño no puede decidirlo.

“Esto es un tema que debe estar claramente diseñado en la Ley: lo que implica el Interés Superior del Niño y cómo debe ser interpretado, para que no pueda caber cualquier interpretación”, señaló.

En la Mesa I “Marco constitucional: implicaciones de las reformas en materia de derechos humanos de 2011”, participó también la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Senadora Angélica de la Peña; el Defensor de los Derechos Universitarios de la UNAM, Jorge Ulises Carmona Tinoco; y el profesor e investigador del IIJ-UNAM, César Astudillo. Fungió como moderadora la Consejera de la CDHDF, Nashieli Ramírez.

El Foro realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue convocado por esa misma institución, la CDHDF, Save the Children México, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El Foro “Hacia una Ley General para la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” fue inaugurado por el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez; el Jefe de Operaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  México, Gaudeamus Mbabazi; y Mariana Valdés, de Save the Children.