Foto: Centro Prodh
La Procuraduría General de la República (PGR) negó la reparación de daños ocasionados por el irregular proceso judicial que se siguió a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres ñha ñhus injustamente acusadas y recluidas en un penal por el supuesto secuestro de seis agentes federales en 2006.
Jacinta presentó dicha reclamación en septiembre de 2010, después de ser liberada debido a que la propia PGR presentó conclusiones no acusatorias en cuanto al supuesto secuestro de los agentes del orden. La mujer había sido condenada a compurgar una pena de 21 años.
En el caso de Alberta y Teresa –quienes fueron excarceladas en 2010, después de que la Suprema Corte ordenó su libertad- interpusieron el recurso de reclamación en abril de 2011.
Cabe señalar que en los dos casos la PGR se ha negado a reconocer públicamente la inocencia de las tres indígenas, provocando una revictimización de las mismas.
Más de dos años después de la petición y con la nueva administración federal, la Procuraduría se niega a responder a tres mujeres que han sido víctimas de criminalización debido a su adscripción étnica y a quienes intentó juzgar por un delito que no cometieron.
La petición de reparación de daños interpuesta por las mujeres ñha ñhus tiene como base jurídica la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En el caso de Jacinta, Alberta y Teresa la exigencia es que sean resarcidos los daños económicos y psicológicos ocasionados por el actuar irregular de la PGR. Dichas irregularidades fueron señaladas por la CNDH y la SCJN en su momento, y aceptadas tácitamente por la propia PGR al desistirse de su acusación contra Jacinta.
Las instancias federales que estudiaron el caso reconocieron que durante el juicio que se les siguió a Jacinta, Alberta y Teresa se utilizaron falsos testimonios de los policías, múltiples contradicciones entre los testimonios de los agentes federales y frente a otros testigos y la consignación de la averiguación previa sin tener suficientes elementos de prueba; entre otras irregularidades que les llevaron a concluir que no existían elementos suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos que se señalaron.
Mediante un comunicado, el Centro Prodh informó que considera que esta respuesta por parte de la PGR no abona a la construcción de mecanismos idóneos y eficaces para brindar justicia y reparación a las personas que han sido víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos ocasionados por organismos del Estado.
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