Foto: CNN México
El 80 por ciento de las mujeres recluidas en cárceles federales de México están acusadas por delitos menores relacionados con drogas, sin embargo lejos de ser las actoras principales de estos ilícitos contra la salud, en realidad son imputadas por transportar estupefacientes (“mulas”), consumirlos o venderlos al menudeo.
La especialista en políticas sobre drogas Corina Giacomello sostuvo que las mujeres encarceladas son “las pagadoras”, es decir las personas que no violaron la ley pero están encubriendo a sus parejas, hijos o familiares, o bien son las actoras menos importantes de las redes delictivas y ni siquiera son las impulsoras o responsables de estos crímenes.
La experta graduada en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, y egresada de la UNAM afirmó que los varones en prisión son acusados de otras conductas, toda vez que los delitos relacionados con drogas llegan a ser la cuarta causa de su encierro, lo que indica que estas conductas ya tienen un rostro femenino.
Durante su participación en el foro “Mujeres en reclusión”, que organizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Giacomello también señaló que hay que visibilizar las condiciones en que vive la población femenil en los penales federales, ya que las cárceles están organizadas de manera que no responden a las necesidades de las mujeres.
La estudiosa de los sistemas penitenciarios desde una visión de género indicó que cada vez se hace más patente que las mujeres no son individuos aislados, debido a que su aislamiento tiene un impacto en su comunidad y en sus familias, y por tanto el sistema judicial y las autoridades carcelarias deben atender esta realidad.
Mencionó que la ONU ha realizado estudios sobre las mujeres en prisión y encontró que ellas tuvieron complicadas historias de vida, incluso marcadas por violencia de género, abuso sexual o violación, y en algunos casos agredidas por sus propios familiares.
Estos antecedentes, mencionó Giacomello, apuntan a que ellas sufren mayores problemas de salud mental, intentos de suicidio, adicciones a drogas o alcohol, y son vulnerables a padecer abuso sexual por parte de custodios, por lo que el sistema penitenciario debe atender la responsabilidad de garantizarles una reclusión en mejores condiciones.
La autora de “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”, estudio patrocinado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (una red global de investigadores del tema), puso como ejemplo que en Inglaterra se toman en cuenta esas circunstancias y se envía a las mujeres de primer ingreso a una zona de recibimiento para amortiguar la pérdida de libertad, la separación de las y los hijos, y donde se les da asistencia médica y psicológica.
Asimismo indicó que desde 2005 se aprobaron las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, que indican estándares mínimos para atender a la población femenina.
De acuerdo con esas reglas –que en México no se cumplen a cabalidad–, se debe evitar la privación de la libertad a las embarazadas, que las mujeres sean recluidas en penales alejados de su hogar, y por el contrario se les debe dar información y garantizarles servicios básicos como agua y alimentos.
Para la especialista, la prisión tiene una paradoja pues muchas de las reclusas dicen que ahí aprendieron a valorarse, a escribir, a leer y en algunos casos hasta obtuvieron la seguridad de tener alimentos, pero afirmó que esto no significa que las cárceles sean medidas compensatorias de otros derechos ni que favorezcan a la población.
Corina Giacomello enfatizó que las mujeres presas son resultado de las políticas de persecución penal, y ahora se constata que las que participan en actividades de venta y transporte de drogas son las más perseguidas.
=AGM=
(CIMAC)
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