Foto: Centro Prodh
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunciaron la detención injusta de Carmelo Castillo Martínez, quien era comandante de la policía en Pahuatlán y el 4 de julio del 2011 fue detenido por un delito que no sólo no cometió, sino que ni siquiera existió.
En rueda de prensa, las organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer una carta dirigida al Gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y al procurador Víctor Carrancá, para que presenten conclusiones no acusatorias para este caso, que está vinculado al de los defensores comunitarios del agua, José Ramón y Pascual, como un acto de buena fe que restituya en sus derechos a un servidor público inculpado de manera injusta por cumplir con su deber.
El caso se originó cuando Carmelo fue quien acudió al llamado que los defensores del agua –también encarcelados injustamente- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz le hicieron luego de que un miembro del grupo caciquil de Atla, una comunidad de Pahuatlán, intentó atropellarlos.
Al día siguiente, José Ramón y Pascual otorgaron el perdón y se llegó a un acuerdo ante Carmelo Castillo de que el agresor pagaría 3 mil 500 pesos que se usarían para beneficio de la comunidad.
Catorce días después el agresor acusó a Carmelo, José Ramón y Pascual de robo de vehículo. Luego de un proceso lleno de irregularidades, los dos últimos fueron sentenciados y están en prisión desde enero del 2010.
Ahora, Carmelo podría ser víctima de la misma injusticia si el Juzgado Penal de Huauchinango, donde se lleva la causa penal 242/2009, dicta una sentencia en su contra.
Diario Jurídico México comparte la carta enviada al gobernador y procurador del estado.
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