Foto: CDHDF.
Ante las recientes manifestaciones de jóvenes en la ciudad de México y en otras partes del país, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, sostuvo ayer que se requiere una visión de Estado para reconducir el destino de este sector de la población, ya que no bastan programas de gobierno pensados a seis años.
Al presentar el Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal, 2010-2011, enfatizó que no se les puede seguir metiendo a la cárcel: “Tenemos que pensar en alternativas que sean más profundas, que tengan visiones a largo plazo para entender qué es lo que nos están diciendo, para tomarlos en serio, para construir un camino que les permite tener un futuro”.
Aseveró que hay una enorme necesidad de tomar en serio a la juventud porque se ha estado manifestando de distintas maneras: expresiones artísticas y culturales, manifestaciones pacíficas y también de manifestaciones violentas.
“Todas ellas son sintomáticas y reflejan una ruptura en el diálogo entre el mundo adulto y el joven, el cuál implica una seria responsabilidad para ser restablecido”, indicó.
El Ombudsman capitalino explicó que las y los adultos no han sido capaces de construir un relato para ellas y ellos, con el fin de que los proyecte al futuro, y que al mismo tiempo construya el destino para quienes son niñas, niños y jóvenes en este momento.
“Esa narrativa se ha basado en el potencial de riesgo de algunas juventudes, sobre todo aquellas en mayor situación de marginación. Esa narrativa no se ha hecho cargo de las diferencias porque no es lo mismo ser joven en la Delegación Milpa Alta que en Benito Juárez, o serlo en Miguel Hidalgo. No es lo mismo ser mujer joven que hombre joven”, sentenció.
Luis González Placencia dijo que cuando se ve solamente el tema del riesgo y de lo que hicieron, con una mirada de escarmiento, de “vamos a poner orden”, se pierde de vista el daño tan importante que se le puede hacer a una persona joven con una pena tan severa, una pena de 30 años.
El Presidente de la CDHDF indicó que este Informe Especial, a cargo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH) de este Organismo, refleja una problemática que ha hecho crisis en los últimos tres años, ante la incapacidad de generar expectativas para este sector de la población tanto en la ciudad de México como en el resto del país.
En tanto, la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, remarcó que para la actual administración el sector de la juventud es prioridad: “Ningún gobierno, el de la ciudad, ni de los estados ni el federal, puede cerrar los ojos ante las necesidades apremiantes de las y los jóvenes”.
Indicó que este Informe Especial le servirá al Gobierno capitalino para generar políticas públicas de manera integral con una evaluación de impacto social, como ocurre con otros programas.
El inicio de un gobierno, dijo, es buen momento para corresponsabilizar a las autoridades, a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a la propia CDHDF para elaborar políticas públicas concretas al respecto.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dinorah Pizano Osorio, mencionó que junto al Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de ese órgano legislativo, Antonio Padierna, están trabajando para poder derogar el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal.
Comentó que junto con OSC los legisladores están generando un estudio sobre dicho Artículo, porque considera penas tan elevadas, de 5 a 30 años, que incluso, dijo, instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han mencionado que es violatorio de derechos humanos y excesivo.
Destacó que aunque haya voces a las que no les agrada esta postura, sin embargo se tiene que discutir. “Este tipo de Informes nos ayuda de manera real a desarrollar una perspectiva a saber cuál es la realidad y sobre ello legislar”.
A su vez, la Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Clara Meyra Seguro, señaló que el Artículo 362 del Código Penal local criminaliza la protesta social. Añadió que no existe política de juventud en México y criticó que leyes, reglamentos y políticas públicas estén desfragmentadas.
“El anterior gobierno federal no ratificó la Convención de los Derechos de la Juventud, con el argumento de que había artículos que afectaban a la juventud, sin embargo, afectaba intereses gubernamentales y empresariales, porque se habla de objeción de conciencia ante el servicio militar y acceso a la justicia, no criminalización de la protesta, educación sexual y derechos laborales”, aseveró.
Criticó que se siga considerando a las y los jóvenes como sector vulnerable, “sin darnos la vía para poder ser reconocidos como sujetos plenos en derechos, capaces de participar y transformar esta realidad tan adversa”.
Refirió que desde la Revolución Industrial los jóvenes han sido vistos como fuerza de trabajo, como criminales, o como agentes de asistencia, no como sujetos plenos de derechos, como agentes capaces de transformar su realidad y construir historia.
En tanto, la Consejera de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que en el Distrito Federal hay 15 mil jóvenes sin escolaridad, donde el mayor porcentaje corresponde a mujeres, quienes cada vez más están al frente de sus hogares.
“El problema tiene que ver con el empleo, ¿qué está pasando para que los varones abandonen la educación? Tenemos un problema que cruza por la apuesta económica cuando 6 de cada 10 empleos en el país están en la informalidad y la marginalidad: ‘¿Para qué estudio?, si vendiendo discos pirata gano más que siendo médico’. Esa es la lógica y en ella tenemos que entender las decisiones de escolaridad de las y los jóvenes en esta ciudad”.
Dijo que el promedio de años de escolaridad en el Distrito Federal alcanza los 10.5, en contraste con la media nacional de 8.6; no obstante, dijo, mientras en Benito Juárez el promedio es de 14.87 años de escuela para varones de 25 a 29 años, en Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco no llega a los 11 años. En el caso de las mujeres el rango de diferencia también es de 3 años en las mismas Delegaciones.
El nivel de estudios superiores es también diferente para las y los jóvenes de 25 a 29 años, con más de 50% en Benito Juárez, contra apenas dos de cada 10 en Milpa Alta e Iztapalapa.
La también Directora de Ririkiri Intervención Social, A.C., se refirió al Capítulo III del Informe Especial, y señaló que la clave de intervención en políticas públicas está en la obligación del Estado respecto de los DESCA, así como en dejar de estigmatizar a la población juvenil.
En la presentación del Informe Especial, el profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Alfredo Nateras Domínguez, urgió a contar con una política de Estado, que no de gobierno, en materia de jóvenes, para que no sea el capricho y la moral del funcionario en turno la que determine las acciones y programas públicos.
Lamentó que en el imaginario colectivo, tanto como en la acción de las autoridades prevalezca la sospecha sobre el ‘ser joven’, recrudecido a partir de la edad, de una piel morena, que vive en barrios populares o en zonas desfavorecidas, con una estética no convencional.
Al respecto, señaló el caso de las ejecuciones de jóvenes en la Delegación Iztapalapa, la tragedia ocurrida durante y después del operativo en la discoteca New’s Divine y la detención de las y los jóvenes identificados como reguetoneros, así como su estigmatización dentro de los sistemas escolares.
Agregó que la violencia en contra de las y los jóvenes pasa también por la criminalización de la manifestación y la protesta social, de su derecho a la reunión y la asociación, por lo que urgió a investigar a quién benefician políticamente los hechos vandálicos registrados el pasado 1º de diciembre y a quienes se está castigando por ello.
EL INFORME ESPECIAL
Actualmente, en el mundo habitan alrededor de mil 200 millones de adolescentes y jóvenes, lo que significa 18% de la población mundial total. Se estima que en 2030 la cifra sea de mil 300 millones de personas jóvenes.
En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, habitan alrededor de 29 millones 706 mil 560 personas de entre 15 y 29 años de edad; 2 millones 203 mil 472 de ellas viven en el Distrito Federal.
Las y los jóvenes representan 26.8% de la población total en el país, en tanto que en el Distrito Federal significan 25.5%; de esas 2 millones 203 mil 472 personas, 51% son mujeres.
Son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón las demarcaciones capitalinas que albergan el mayor número de jóvenes en el Distrito Federal, en tanto que es en Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, en donde las demarcaciones tienen el mayor porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años, con respecto a la población que concentran.
Un panorama general de los servicios de orientación, protección y defensa proporcionados por la CDHDF durante 2010 y 2011, relacionados con la población de entre 15 y 29 años, permite identificar las principales problemáticas denunciadas, así como las autoridades involucradas.
De 74 mil 901 servicios proporcionados durante 2010 y 2011, 15.9% estuvieron relacionados con personas de 15 a 29 años; de esas 12 mil 667 personas, 45.4% fueron mujeres.
En cuanto a medidas precautorias para la protección de las y los jóvenes, en el que, de acuerdo a esta Comisión se vulneró o estuvieron en peligro sus derechos humanos, tramitó y envió 3 mil 323 (casi 30%) de un total de 11 mil 199 medidas precautorias a diversas autoridades entre 2010 y 2011, solicitando su intervención urgente para evitar daños irreparables y que se tomen todas las acciones necesarias con la finalidad de salvaguardar o restituir el ejercicio de sus derechos.
Durante 2010 y 2011, 18.6% de los servicios de protección y defensa proporcionados por la CDHDF involucraron a por lo menos una persona joven, acumulando un total de 5 mil 545 servicios; en éstos, estuvieron involucradas un total de 6 mil 65 personas, principalmente hombres (62.0%), a diferencia de los servicios de orientación y prevención donde dominan las mujeres peticionarias.
De los 5 mil 545 servicios de protección y defensa, derivaron 3 mil 615 quejas presuntamente violatorias a derechos humanos, en las que los derechos humanos presuntamente vulnerados fueron los derechos relacionados con la seguridad pública y el sistema de justicia que concentraron 75% de las menciones; le siguieron las afectaciones a los DESCA con 21% de las menciones y, las denuncias por violaciones a derechos vinculados con el ejercicio de la democracia y la participación social con 4% de menciones. La tendencia se mantuvo en ambos años.
Entre 2010 y 2011, 40% de las Recomendaciones de la CDHDF, documentaron violaciones a derechos humanos en agravio de por lo menos una persona joven, sumando 10 Recomendaciones, 3 emitidas en 2010, y 7 en 2011.
PROPUESTAS GENERALES
Acorde con las estrategias y las líneas de acción a seguir por el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y las Recomendaciones emitidas por la CDHDF, el Informe Especial propone medidas tendientes a reorientar el curso de las acciones emprendidas por las autoridades capitalinas en materia de política juvenil., con el fin de enfocarlas a atacar las causas estructurales de falta de oportunidades y la recurrencia de violaciones a sus derechos humanos.
En convicción de este Organismo, urge un cambio de orden estructural, orientado a superar prejuicios y concepciones despectivas, paternalistas o utilitarias sobre las y los jóvenes, y reivindicar una nueva concepción desde su condición de sujetos plenos de derechos y actores estratégicos para la transformación de la sociedad.
La nueva concepción de la juventud debe atravesar el andamio legal e institucional y constituirse como la base para la construcción de una política de Estado con y para las y los jóvenes que genere condiciones para que puedan participar plenamente en la construcción de la sociedad.
Entre las acciones generales recomendadas se señalan aquellas para la armonización legislativa, de política pública, de actuación de las autoridades, en general; así como las respectivas para el ámbito de acceso a la justicia, para la armonización legislativa, de política pública y de actuación de las autoridades.
También considera entre las acciones generales recomendadas, las de política pública y de actuación de las autoridades, en materia de DESCA; así como las respectivas de política pública en materia de democracia y participación.
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