Foto: El Universal
La puesta en marcha de la reforma energética implicará ajustes a cuando menos 18 leyes secundarias que reglamenten, entre otros aspectos, la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex), los contratos del Estado con particulares y las facultades de los órganos reguladores.
Los senadores quienes en principio revisarán estos temas prevén reunirse entre esta y la próxima semana para empezar a diseñar una «ruta crítica» de discusión, incluso antes de que el presidente Enrique Peña Nieto envíe al Congreso las iniciativas en la materia.
Cuando promulgó la reforma el 20 de diciembre, el mandatario federal señaló que presentaría esos documentos a la brevedad. Sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho de manera formal.
A pesar de este pendiente, los senadores ya perfilan definir un calendario para discutir dichas leyes, dijo en entrevista Jorge Luis Lavalle, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Alta.
«Vamos posiblemente a tener una primera reunión, para empezar a ponernos de acuerdo y organizarnos, muy probablemente a finales de esta semana, para ya trabajar en forma a partir de la próxima semana, poniéndonos de acuerdo en los calendarios, en qué orden debemos ir aprobando e ir concatenando cada una de estas 18 leyes», señaló este martes el senador del PAN.
Lavalle mencionó que entre las leyes existentes que tendrán que modificarse están la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, la de Pemex y las de las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE). Además, se tendrán que crear otras nuevas, como la que regule el Fondo Mexicano del Petróleo.
Con la reforma, se permite que el Estado mexicano celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la extracción y producción de energéticos. Esos documentos deberán ser vigilados por la CNH y la CRE, que se convertirán en órganos reguladores del sector.
Tras la promulgación de la reforma, tanto sus impulsores como sus opositores —encabezados por los partidos de izquierda— consideraron que el siguiente reto será garantizar que haya transparencia en los contratos que se entregue a la iniciativa privada.
«El diablo está en los detalles. Es muy importante que para que funcione bien este modelo, todas y cada una de esas 18 leyes queden bien definidas y no dejemos ningún cabo suelto», advirtió Lavalle al respecto.
El PRD aclara, en tanto, que mantendrá su rechazo a la reforma impulsada por el PRI y el PAN, pues la considera «privatizadora», aunque sí participará en las negociaciones de las leyes secundarias.
«Consideramos que no podemos sustraernos. Es decir, si nosotros nos sustraemos de la discusión en el tema de lo secundario, aún y cuando no estemos de acuerdo en lo principal, en lo constitucional, el hecho de abstraerse les va a dar comodidad (al PRI y al PAN) para acordar, a modo y de una manera mucho más libre, lo que a ellos convenga», explicó este martes el senador perredista Rabindranath Salazar, secretario de la Comisión de Energía.
El legislador añadió en entrevista que la estrategia de su partido será, por un lado, expresar sus posiciones dentro de las mesas de negociación, al mismo tiempo que buscará que la reforma energética sea sometida a una consulta popular.
Para el PRD, la reforma representa un «atraco» al país porque implica que el Estado ceda a particulares recursos clave no renovables como el petróleo y el gas.
Con la promulgación de la reforma, se abrió un plazo de 120 días para que el Congreso apruebe las leyes secundarias necesarias. Esto significa que el paquete legislativo debe quedar avalado en ambas cámaras federales a más tardar a finales de abril.
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, aseveró que el tema será prioritario en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero, junto con las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, que debían haber sido avaladas antes del 9 de diciembre.
«Las dos, hay dos muy importantes: la energética, todas las secundarias de la energética, y la de telecomunicaciones y competencia, son de las prioridades que vamos a sacar en el próximo periodo», detalló este lunes ante medios.
Además de esos temas, los legisladores tendrán que discutir las leyes secundarias de la reforma político-electoral, así como asuntos pendientes desde hace meses como la ley de la consulta popular y la creación de un nuevo órgano anticorrupción.
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(ADN Político)
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