Foto: El Federalista
En la Asamblea Legislativa, el PAN entregó a la Comisión de Gobierno la iniciativa de ley para reformar artículos, tanto del Código Civil, como del Penal del Distrito Federal, para evitar que ex servidores públicos utilicen las influencias de los cargos que ocuparon en asuntos legales.
El proyecto, denominado «Ley Anti Góngora», propone adicionar un segundo párrafo al artículo 311 del Código Civil, con lo que se precisaría que el juez no podrá conceder la disminución en el monto de la pensión bajo el argumento de que el acreedor es una persona en situación de vulnerabilidad o privado de sus derechos civiles por enfermedad.
Lo anterior también busca evitar que el deudor alimentario no cumpla con su obligación por la imposibilidad del juzgador de conocer sus ingresos.
Los asambleístas Federico Döring, Laura Ballesteros, Olivia Garza y Orlando Anaya, quienes impulsan la iniciativa, presentaron dos propuestas:
“Cuando el deudor quede inscrito en el Registro de Deudores, el juez lo obligue a entregar información relativa a sus bienes e ingresos, y en caso de no entregarla, se haga acreedor a un arresto por 36 horas», esto, conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, y «una vez que el juez cuente con la información, la misma será usada para determinar el monto de la pensión (adición al segundo párrafo del artículo 309)”.
Además, los panistas proyectan que derivado del correspondiente estudio socioeconómico, el juez determine que el deudor tiene muy pocos ingresos, aún así la pensión no pueda ser menor a un salario mínimo, lo que constituiría una adición al artículo 311.
En cuanto al tema penal, la iniciativa de Acción Nacional adiciona el artículo 277 bis, a fin de sancionar el tráfico de influencias de dos a seis años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien cometa este ilícito, particularmente a ex presidentes, ex ministros y jefes de Gobierno.
El proyecto aclara que si la conducta, tipificada como promoción de conductas ilícitas —la cual implica la gestión de resoluciones sobre asuntos públicos en los que tengan intereses particulares—, produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad.
El coordinador de los panistas, Federico Döring, explicó que la «Ley Anti Góngora» busca que no se repitan “canalladas” como la que ocurrió con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel.
Explicó que la Comisión de Gobierno remitirá la iniciativa a la de Administración y Procuración de Justicia, donde se dictaminará para pasar al pleno.
=Milenio.com=
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