Fernando Herrera Ávila
Foto: Senado
En la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, senadores del PAN y PRD presentaron su propuesta de reforma Político-Electoral, cuyo objetivo es democratizar y modernizar el régimen político del país
La iniciativa se remitió a ocho comisiones legislativas para su análisis y dictaminación correspondiente.
Al respecto, el senador del PAN, Fernando Herrera Ávila señaló que esta iniciativa es un instrumento para democratizar y modernizar el ejercicio de la política en el país; “es una respuesta a muchas de las inquietudes que están presentándose en las entidades tras las últimas elecciones”.
Aseguró que las pasadas elecciones en México dan muestra de que el reto de la democratización no ha sido conquistado del todo, ya que persisten prácticas que se resisten a desaparecer, por lo que se tiene que resolver de manera profunda, estructural y definitiva, a través de un marco constitucional adecuado que permita solventar problemas que siguen “enquistados en nuestro sistema político”.
Puntualizó que este paquete de reformas, presenta un conjunto de modificaciones constitucionales en materia penal, una profunda cirugía al Cofipe y tres leyes reglamentarias.
Afirmó que en el apartado de acceso al poder se modifica el régimen de fiscalización en el país, “introdujimos, en consecuencia, un régimen a partir del cual la fiscalización se realiza durante las campañas electorales, donde el órgano fiscalizador no tiene ningún límite para indagar en los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidatos.
Explicó, además, que se estableció como causales de nulidad de la elección, la pérdida del registro de las candidaturas y de los partidos políticos, cuando se rebasen los topes tanto del financiamiento como de la propia campaña.
En materia de propaganda gubernamental y de partidos políticos, se dijo, establecen en la Constitución las modalidades de acceso a radio y televisión, de tal manera que las candidaturas independientes cuenten con esta posibilidad o este acceso a dichas prerrogativas.
Se instaura también en la Constitución el deber de los partidos políticos de informar sobre los posibles conflictos de intereses de sus candidatos; la creación de un gobierno participativo a través de juntas comunitarias democráticamente electas, con una capacidad de gestión presupuestal y para tomar decisiones sobre prioridades presupuestales.
Se implantó como regla de la elección la segunda ronda electoral, para el Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes; principio bajo el cual se entiende electo aquel candidato que tenga la mayoría de los votos emitidos en una elección en dos rondas de votación, donde en la segunda, únicamente participarían los dos punteros.
Se creó el régimen presidencial mexicano, para introducir la figura del jefe de gabinete y se propone la ratificación de los integrantes del mismo y del programa de gobierno y el Congreso asume la capacidad de que por mayoría absoluta de los miembros se censure al jefe del gabinete o a cualquier secretario, aseveró.
Se propuso, además, la autonomía de la PGR para convertir al Ministerio Público en una Fiscalía General de la República, auxiliar de fiscalías autónomas en los estados y el Distrito Federal.
También se busca que el Senado tenga la facultad de sancionar a los órganos electorales locales cuando no cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia.
Se elimina el fuero para todos los funcionarios del país, incluido el Presidente de la República y la prohibición de la reelección legislativa para diputados, senadores y alcaldes, a los cuales se les otorga la posibilidad máxima de reelección hasta por 12 años.
En el caso de los legisladores locales únicamente se elimina la prohibición para que cada legislatura acuerde el modelo que más le convenga.
Se hace una revisión profunda sobre los delitos electorales, para penalizar el turismo electoral, “es decir, el cambio intencional de domicilio para incidir en un proceso electoral”.
El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez dijo que México demanda una transformación profunda de su régimen político que nuevas reformas electorales no pueden ofrecer, por lo que es necesario crear las condiciones legales y políticas que permitan la construcción de nuevas reglas, claras y definitivas para regir los asuntos de la vida pública del país.
Aseguró que se ha agotado el sistema presidencialista y por más que se pretenda restaurar, la pluralidad de la sociedad mexicana obliga a transitar hacia un sistema democrático, con los equilibrios propios de una república federal y representativa que garanticen estabilidad, certidumbre y gobernabilidad.
Ante ello, puntualizó que las iniciativas que se presentan, proponen diversos cambios a la Constitución y a distintas legislaciones secundarias, a través de las cuales se busca transformar las formas de acceso al poder, avanzando hacia una reforma profunda al régimen electoral y al sistema de partidos.
Además se busca cambiar los mecanismos de ejercicio del poder público, eliminando el conflicto de interés y fortaleciendo el equilibrio y los contrapesos entre los poderes de la Unión, fortaleciendo a la vez los mecanismos de control político y centrando las bases de un gobierno participativo.
Asimismo, resolver en definitiva los mecanismos de rendición de cuentas, la eliminación de fueros y garantizar la participación a la que tienen derecho los ciudadanos en la vida pública del país.
Además, dijo, dar certidumbre a las formas de acceso al poder y garantizar la rendición de cuentas, a fin de avanzar a un régimen plural y democrático; “se trata de construir una nueva relación entre el Poder Público y la ciudadanía”.
Subrayó que las elecciones del pasado 7 de julio estuvieron marcadas por la violencia, el fracaso del Pacto por México, la injerencia impune de gobernadores en los comicios, el desvío de recursos públicos y la pérdida de la autonomía de los órganos electorales.
“Son señales inequívocas de que el ciclo de las reformas electorales coyunturales de las últimas tres décadas ha llegado a su fin, por lo que requerimos un cambio de régimen que fortalezca el Congreso, acote las atribuciones discrecionales que prevalecen en el Ejecutivo y ensanche las libertades y garantías de los mexicanos”.
El proyecto de decreto por el que se reforma el Cofipe se remitió a las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.
Las reformas a la Constitución Política se turnaron a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.
Las modificaciones del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder de la Federación y de la Ley de Planeación se turnaron a las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.
El proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales, en materia de participación e iniciativa ciudadana, se envió a las comisiones de Gobernación, Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.
El proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria para el artículo 134 Constitucional en materia de propaganda gubernamental se turna a las comisiones unidas de Justicia, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera del Senado.
El proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo sexto de la Constitución Política, en materia de derecho de replica se turna a las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado.
=Senado=
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