Foto: TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la obligación de analizar y resolver todas las impugnaciones que se presenten en contra de los resultados de la elección presidencial, pero sólo podrá modificarlos a partir de las pruebas que aporten los demandantes, indicó el magistrado de la Sala Superior, Manuel González Oropeza.
Afirmó que las sentencias del Tribunal se emiten con absoluta imparcialidad, lo que le da fortaleza estructural al organismo, pues la Sala Superior está integrada por siete personas de distinta extracción y con distintos antecedentes, quienes emiten sus argumentos convencidos y apoyados en la Ley. “Cualquier otro interés o motivación ajena a nuestra función está descartada desde un principio”, sostuvo.
Entrevistado en el programa “Justicia Electoral a la Semana”, transmitido hoy por el Canal Judicial y conducido por la periodista Guadalupe Juárez, el Magistrado precisó que las pruebas deben ser aportadas por el impugnante ya que el Tribunal Electoral no es un órgano con facultades de investigación, sino una instancia que resuelve a partir de los hechos denunciados y los elementos de convicción que presenta el demandante. “No somos como el Instituto Federal Electoral en donde se presenta una queja y quienes la promueven solicitan que se abra una indagatoria”, expuso.
“No basta con decir o descalificar, por ejemplo, que se deben anular casillas por el hecho de que se permitió que votaran personas que no estaban en el listado nominal. Finalmente eso se necesita probar”, señaló González Oropeza y agregó que en muchas ocasiones se tiende a generalizar irregularidades, a enunciarlas de manera abstracta y genérica. Al Tribunal le toca decir si lo que se denuncia ocurrió en realidad, pero sólo puede hacerlo a partir de las pruebas que le son aportadas.
Al concluir el plazo para impugnar los cómputos distritales, el TEPJF ha sido notificado de más de 350 juicios de inconformidad promovidos por partidos políticos y coaliciones, que corresponden a alrededor de 290 distritos electorales. Esto significa, indicó el Magistrado, que cada uno de los siete jueces electorales que integran la Sala Superior deberá atender 50 expedientes para elaborar los proyectos de sentencia correspondientes y someterlos a consideración del Pleno.
Comentó que el órgano jurisdiccional deberá resolver todos los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial a más tardar el 31 de agosto, para que con base en ello, la Comisión especial, integrada por tres magistrados, elabore el dictamen sobre la validez de la elección, el cómputo final, y en su caso, la declaratoria de Presidente Electo, resolución que deberá ser aprobada a más tardar el 6 de septiembre.
Capacidad suficiente para resolver impugnaciones
El magistrado Manuel González Oropeza garantizó a los ciudadanos que el TEPJF cuenta con el personal humano y la capacidad técnica y tecnológica para desahogar, en los plazos previstos por la ley, todos los medios de impugnación que se presenten en contra de las elecciones federales y locales celebradas el pasado 1 de julio. Destacó que del inicio del Proceso Electoral Federal que comenzó en octubre de 2011, a la fecha, el TEPJF ha recibido 20 mil 500 demandas que han sido desahogadas y la mayoría de ellas, resueltas.
“Los hemos desahogado con profesionalismo, porque la selección de personal profesional en este Tribunal es muy estricta, empezando por nosotros, los magistrados, que tuvimos un procedimiento de nombramiento y ratificación muy estricto, tanto, como el de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia”, aseguró.
Finalmente destacó que la elección del pasado 1 de julio fue una de las más vigiladas en la historia del país, lo que se traduce en transparencia en el desarrollo del proceso, fue una jornada ejemplar, puntualizó. Por lo anterior dijo que las impugnaciones que recibirá el Tribunal en contra de los comicios serán sobre cuestiones jurídicas, concluyó.
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