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Hoy el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Esta nueva ley tiene por objeto: «Establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal previstas en esta Ley, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales previstas en esta Ley«.
También tiene el propósito de «Regular el procedimiento para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones».
Además, de acuerdo con el decreto, el de «establecer las autoridades federales competentes para interpretar y aplicar esta Ley».
El decreto fue firmado el 8 de junio en Los Pinos por el presidente Felipe Calderón. durante el acto, el titular del Ejecutivo dijo al respecto: “Se trata de un paso fundamental en nuestro camino para consolidar leyes que contribuyan a que México sea un país de leyes y que permiten abordar el problema de la corrupción con toda su complejidad”.
Diario Jurídico comparte el Decreto:
Artículo Único. Se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto:
I. Establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal previstas en esta Ley, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales previstas en esta Ley, y
II. Regular el procedimiento para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones, y
III. Establecer las autoridades federales competentes para interpretar y aplicar esta Ley.
Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley:
I. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que participen en lascontrataciones públicas de carácter federal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores,adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos;
II. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que en su calidad deaccionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas,agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácterintervengan en las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta o en interés delas personas a que se refiere la fracción anterior;
III. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales en los términos previstos en la presente Ley, y
IV. Los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas decarácter federal, quienes estarán sujetos a responsabilidad en términos del Título Cuarto de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Autoridades competentes: La Secretaría, los titulares de los Órganos Internos de Control y los titularesde sus respectivas áreas de quejas y de responsabilidades, así como los órganos que al efecto determinen las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México y demás órganos públicos, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley;
II. CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental a que se refieren la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas.
III. Contrataciones públicas de carácter federal: Los procedimientos de contratación, sus actos previos, yaquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones,arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que lleven a cabo lasinstituciones públicas contratantes a que se refiere la fracción VIII de este artículo, en términos de losordenamientos legales en materia de contrataciones públicas y con independencia del régimen especial decontratación o del esquema que se utilice para su realización. Se considerarán incluidos los actos yprocedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos yconcesiones de carácter federal o su prórroga, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con las contrataciones públicas;
IV. Convenciones internacionales para la prevención y el combate a la corrupción: La ConvenciónInteramericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la Convención paraCombatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y las demás que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables sean suscritas por el Estado Mexicano en la materia;
V. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados, así como la ConsejeríaJurídica del Ejecutivo Federal y las unidades administrativas de la Presidencia de la República;
VI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3o, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
VII. Fideicomisos públicos no paraestatales: Los fideicomisos públicos constituidos por la Secretaría deHacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente único de la Administración Pública FederalCentralizada o de alguna entidad de la Administración Pública Paraestatal en términos de las disposicioneslegales y administrativas aplicables, y que no son considerados entidades paraestatales;
VIII. Instituciones públicas contratantes: Las dependencias y entidades de la Administración PúblicaFederal; los fideicomisos públicos no paraestatales, los mandatos y contratos análogos; la Procuraduría; lasentidades federativas y los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros, así como los órganospolítico administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que realicen contratacionespúblicas con cargo total o parcial a fondos federales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, ylas áreas u órganos competentes de las autoridades que refieren las fracciones II a XI del artículo 4 de estaLey, encargadas de las contrataciones públicas de carácter federal;
IX. Intermediario: Las personas a que se refiere la fracción II del artículo 2 de esta Ley;
X. Mandatos y contratos análogos: Los mandatos y contratos análogos celebrados por las dependencias,entidades y, en su caso, la Procuraduría, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y que involucren recursos públicos federales;
XI. Ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas: La Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas; la Ley de Petróleos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos que establezcan un régimen,esquema o mecanismo especial de contratación pública;
XII. Órganos Internos de Control: Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, asícomo de la Procuraduría;
XIII. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;
XIV. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública;
XV. Servidor público extranjero: Toda persona que ostente u ocupe un empleo, cargo o comisión públicoconsiderado así por la ley extranjera respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estadoextranjero, incluyendo las agencias o empresas públicas, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como encualquier organismo u organización pública internacionales, y
XVI. Transacciones comerciales internacionales: Los actos y procedimientos relacionados con lacontratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
Artículo 4. En el ámbito de sus competencias, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley,dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma e interpretarsus disposiciones para efectos administrativos, en relación con las contrataciones públicas de carácter federal que realicen:
I. La Secretaría, en el ámbito de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría, así como de lasentidades federativas, los municipios y los órganos político administrativos de las demarcaciones territorialesdel Distrito Federal que lleven a cabo contrataciones públicas de carácter federal;
II. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federación;
IV. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
V. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los tribunalesagrarios;
VI. El Instituto Federal Electoral;
VII. La Auditoría Superior de la Federación;
VIII. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
IX. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
X. El Banco de México, y
XI. Los demás órganos públicos autónomos que determinen las leyes.
Las autoridades referidas en las fracciones II a XI de este artículo, de conformidad con las disposicionesque les resulten aplicables, determinarán las áreas u órganos encargados de investigar la posible comisión de las infracciones a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de las mismas y aplicar las sanciones correspondientes.
Artículo 5. La Secretaría, así como los titulares de los Órganos Internos de Control y los titulares de lasáreas de quejas y de responsabilidades de dichos Órganos, serán autoridades competentes para lainvestigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, del procedimiento y recurso establecidos en esta Ley.
La Secretaría será la única autoridad competente encargada de investigar la posible comisión de lainfracción a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de la misma y aplicar las sanciones correspondientes.
La Secretaría podrá solicitar a un Estado Extranjero la información que requiera para la investigación ysustanciación del procedimiento administrativo sancionador a que se refieren los Capítulos Tercero y Cuartode esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos Estados seanparte y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 6. Las disposiciones contenidas en los Capítulos Tercero, Cuarto, y Sexto de esta Ley, seránaplicables en todos los casos en que se investigue y, en su caso, sustancie el procedimiento administrativosancionador que derive de la posible comisión de las infracciones previstas en el artículo 9 de esta Ley, conindependencia de que para tales efectos se utilicen los mecanismos de asistencia y cooperación internacional previstos en las convenciones internacionales para la prevención y el combate a la corrupción, de las que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 7. Las responsabilidades y sanciones a que se refiere esta Ley se determinarán y aplicarán conindependencia de las demás responsabilidades y sanciones previstas en los ordenamientos legalesaplicables.
Capítulo Segundo
De las Infracciones
Artículo 8. Cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley,incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal, directa oindirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes:
I. Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, acambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funcioneso con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja, conindependencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado obtenido.
Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando la promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier dádivase haga a un tercero, que de cualquier forma intervenga en el diseño o elaboración de la convocatoria delicitación pública o de cualquier otro acto relacionado con el procedimiento de contratación pública de carácter federal;
II. Ejecute con uno o más sujetos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, acciones que impliquen otengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácterfederal;
III. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en contrataciones públicas decarácter federal, no obstante que por disposición de ley o resolución administrativa se encuentre impedidopara ello;
IV. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos;
V. Intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidaspara participar en contrataciones públicas de carácter federal, con la finalidad de que ésta o éstas últimasobtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la contratación;
VI. Obligue sin tener derecho a ello, a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar undocumento o algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio;
VII. Promueva o use su influencia, poder económico o político, reales o ficticios, sobre cualquier servidorpúblico, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de laaceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido, y
VIII. Presente documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio oventaja.
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que lapersona física o moral a que se refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley obtenga algún beneficio oventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados previo procedimientoadministrativo sancionador que se sustancie en términos de esta Ley.
Artículo 9. Incurrirán en responsabilidad los sujetos señalados en la fracción III del artículo 2 de esta Ley,cuando en alguna transacción comercial internacional, por sí o a través de un tercero, prometan, ofrezcan oentreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida, a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener un beneficio o ventaja, conindependencia de la aceptación o del resultado obtenido.
Cuando además del Estado mexicano otro o más Estados extranjeros tengan jurisdicción sobre lainfracción a que hace referencia el presente artículo, las autoridades competentes de dichos Estados, asolicitud de una de ellas, deberán realizar consultas para coordinar las acciones y medidas para perseguirla ysancionarla.
Capítulo Tercero
De la Investigación
Artículo 10. La investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador iniciará de oficio opor denuncia.
Las autoridades competentes podrán tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan laspersonas sujetas a esta Ley, entre otros, a través de los siguientes medios:
I. CompraNet, por medio del apartado de denuncias establecido en dicho sistema;
II. Denuncia formulada por las instituciones públicas contratantes o cualquier otra autoridad, las cualesdeberán remitirla a la Secretaría o, cuando corresponda, a las autoridades a que se refieren las fracciones IIa la XI del artículo 4 de esta Ley, acompañada de la documentación o información en que aquélla se sustente y demás elementos probatorios con los que, en su caso, se cuente;
III. Denuncia de particulares en la que señalen, bajo protesta de decir verdad, las presuntas infracciones.La manifestación hecha con falsedad será sancionada en términos de la legislación penal aplicable;
IV. Denuncias anónimas que se reciban a través de los medios establecidos para tal efecto, y
V. Denuncia internacional formulada por un Estado extranjero u organismo u organización públicosinternacionales, en la que se deberán precisar las presuntas infracciones y acompañar los elementos deprueba en que aquélla se sustente.
Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la identidad de las personas quedenuncien las presuntas infracciones previstas en esta Ley, así como la de aquéllas que pretendan acogerseal beneficio establecido en el artículo 31 de la misma.
Artículo 11. Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisionesque en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en términos de estaLey. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de las sanciones previstas en la Ley Federal deResponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o del ordenamiento legal aplicable de lasentidades federativas, tratándose de contrataciones públicas federales que realicen dichas entidadesfederativas, los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros y los órganos político administrativosde las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Artículo 12. El escrito de denuncia deberá contener lo siguiente:
I. Los hechos y cualquier otra información que permitan advertir la comisión de presuntas infracciones;
II. Los datos de identificación del presunto infractor, y
III. El señalamiento de los elementos probatorios que acrediten las presuntas infracciones. En el caso delas denuncias a que se refieren las fracciones II y V del artículo 10 de esta Ley, las instituciones denunciantes deberán acompañar los elementos probatorios correspondientes.
Artículo 13. Una vez recibida la denuncia, si las autoridades competentes advierten la posible existenciade infracciones, iniciarán la etapa de investigación a que hace referencia esta Ley.
Artículo 14. Las solicitudes de información se sujetarán a las reglas siguientes:
I. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntasirregularidades cometidas en las contrataciones públicas de carácter federal, deberán atender losrequerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las Autoridades competentes dentro delos plazos establecidos en esta ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechosde los usuarios del sistema financiero.
Para los efectos de tales requerimientos la Autoridad competente fijará un plazo para la atención delrequerimiento respectivo y no será inferior a 5 días hábiles ni mayor a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del requerimiento respectivo, sin perjuicio de poder ampliarlo hasta 10 días hábiles más, cuando, por causas justificadas, así lo soliciten los interesados. En caso de no atender losrequerimientos sin causa justificada, la Autoridad competente podrá imponerles una multa en términos delartículo 25 de esta Ley.
II. Las instituciones públicas contratantes a las que se les formulen requerimientos de información, tendrán la obligación de proporcionarla dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva.
Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados, las institucionespúblicas contratantes requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar prórroga por escritoante la autoridad competente, debidamente justificada. La ampliación del término que en su caso se otorgueserá improrrogable y no podrá exceder de 20 días hábiles.
Cuando los servidores públicos no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, se lesimpondrá una multa en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de esta Ley, salvo que exista mandato legal o judicial o causa justificada a juicio de la autoridad competente que se los impida y con independencia de que se inicien las acciones para fincar a los servidores públicos la responsabilidad administrativa a que haya lugar.
III. La Autoridad competente tendrá acceso, en términos de las leyes en la materia, a la informaciónnecesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legalesconsideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, cuando estérelacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta ley, con la obligación de mantener la mismareserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión la determinación de las sancionescorrespondientes.
La información obtenida en los términos de este artículo tendrá valor probatorio en el procedimientoadministrativo sancionador correspondiente.
Para los efectos de las fracciones I y II del presente artículo, la reincidencia en el incumplimiento derequerimientos se sancionará con multa de hasta el doble de aquélla que se hubiera impuesto en términos deesas fracciones, sin perjuicio de que subsista la obligación de dar cumplimiento al requerimiento respectivo.
Artículo 15. Durante la etapa de investigación, las autoridades competentes podrán, además de requeririnformación en términos del artículo 14, llevar a cabo las demás diligencias que para mejor proveer se estimen necesarias, incluyendo la solicitud de documentación e información a cualquiera otra persona física o moral, tendiente a comprobar las presuntas infracciones.
Para la investigación de la infracción a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, la Secretaría podrápromover las acciones que deriven de los mecanismos de asistencia y cooperación internacional previstos enlas convenciones internacionales para la prevención y el combate a la corrupción.
Artículo 16. Los servidores públicos de las autoridades competentes que con motivo de lasinvestigaciones que lleven a cabo, tengan acceso a información clasificada como reservada o confidencial, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla indebidamente bajo cualquier medio; en caso contrario, seránsancionados en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicosy demás ordenamientos aplicables.
Artículo 17. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades competentes procederán alanálisis de la información recabada, a efecto de determinar la procedencia del inicio del procedimientoadministrativo sancionador.
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la probableresponsabilidad del infractor, se emitirá acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de quepueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios y no hubieren prescrito lasfacultades para sancionar.
Capítulo Cuarto
Del Procedimiento Administrativo Sancionador
Artículo 18. Si de la investigación realizada se advirtieren elementos suficientes que hagan presumir laexistencia de las infracciones previstas en el Capítulo Segundo de la presente Ley, la autoridad competentedictará acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el cual deberá ser notificado entérminos del artículo 19 de esta ley.
El acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener, por lo menos:
I. Nombre del presunto infractor o infractores;
II. Datos de identificación del expediente que se integre con motivo del inicio del procedimiento y lugar endonde podrá consultarse;
III. Señalamiento claro, objetivo y preciso de las infracciones que se le imputan y, en su caso, de quienhaya actuado como intermediario;
IV. Las disposiciones de esta Ley en que se funde el procedimiento, señalando aquéllas que se estimentransgredidas;
V. El señalamiento de los beneficios establecidos en esta Ley para las personas que confiesen suresponsabilidad sobre la imputación que se les formule, y
VI. Nombre y firma de la autoridad competente, así como fecha y lugar de su emisión.
Artículo 19. Las notificaciones se harán:
I. En forma personal, cuando se realicen a los sujetos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, y
II. Por oficio, cuando se realicen a las autoridades.
Para la práctica de notificaciones personales fuera del lugar de residencia de la autoridad competente,ésta podrá auxiliarse de cualquier autoridad federal, quien la llevará a cabo de acuerdo a la normativaaplicable y tendrá la obligación de remitirle las constancias respectivas, dentro de los tres días siguientes aaquél en que se practicó la misma.
Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la autoridad competente también podrá auxiliarse deautoridades estatales o municipales, conforme a los convenios o instrumentos de colaboración que seestablezcan para tal efecto.
Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente a aquél en que se haya realizado.
Artículo 20. Dentro de los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor podrá manifestar lo que a su derecho convenga, por escrito firmado bajo protesta de decir verdad o mediante comparecencia ante la autoridad competente, dando respuesta a todos y cada uno de los actos que se le imputan, ofreciendo y presentando las pruebas que estime pertinentes y, en su caso, reconociendo su responsabilidad en relación con la infracción de que se trate en los términos y para los efectos previstos en la presente Ley.
Si el presunto infractor confesara su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar resolución, salvoque las autoridades competentes dispongan la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de laconfesión. En caso de que se acepte la plena validez de la confesión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley.
Si el presunto infractor no manifestare por escrito lo que a su derecho convenga o no compareciere dentro del plazo establecido en el párrafo primero de este artículo o dejare de responder alguna de las conductas o hechos que se le imputan, éstos se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.
Artículo 21. Transcurrido el plazo para que el presunto infractor manifieste lo que a su derecho convenga, la autoridad competente deberá proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por éste, observando para tal efecto las reglas previstas en el Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Las autoridades competentes podrán allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sinmás limitaciones que las establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 22. Desahogadas las pruebas, se concederá al presunto infractor un plazo de cinco días hábilespara formular alegatos. Transcurrido dicho plazo, se cerrará la instrucción y se dictará la resolución quecorresponda en un plazo que no excederá de cuarenta días hábiles.
Artículo 23. La resolución que se dicte decidirá sobre la inexistencia de responsabilidad o sobre laimposición de las sanciones, debiendo notificarse al interesado en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Artículo 24. Los sujetos sancionados en términos de esta Ley, podrán interponer el recurso de revisiónprevisto en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 25. Dentro de la etapa de investigación o dentro del procedimiento administrativo sancionador, las autoridades competentes podrán imponer medidas de apremio, a efecto de hacer cumplir susdeterminaciones.
Las medidas de apremio, serán las siguientes:
I. Apercibimiento, y
II. Multa, de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Toda medida de apremio deberá estar debidamente fundada y motivada.
Artículo 26. En todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo sancionador no previstas en esta Ley, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Capítulo Quinto
De las Sanciones Administrativas
Artículo 27. Las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente Ley, consistirán en:
I. Tratándose de personas físicas:
a) Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigentepara el Distrito Federal.
Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.
Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resultamenor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y
b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no serámenor de 3 meses ni mayor de 8 años;
II. Cuando se trate de personas morales:
a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario generalvigente para el Distrito Federal.
Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.
Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resultamenor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y
b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no serámenor de 3 meses ni mayor de 10 años.
Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.
Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 8 de esta Ley, sólo resultará aplicable lasanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.
El plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridadcompetente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitaciónderive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter federal cuyos actos debendifundirse en CompraNet en términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará apartir de la fecha de su difusión en ese sistema.
Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o másinhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicaránen forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla se aplicará tratándose de transaccionescomerciales internacionales.
En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por eljuicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.
Artículo 28. Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley se tomarán encuenta los elementos que a continuación se señalan:
I. La gravedad de la infracción en que se incurra;
II. Las circunstancias económicas del infractor.
Para efectos de lo previsto en esta fracción, se podrá considerar la información de los contratos que elinfractor tenga celebrados y estén registrados en CompraNet, o bien, si no se contara con esa información, se podrá considerar el monto del contrato, permiso, concesión o transacción comercial que dé origen alprocedimiento administrativo sancionador de que se trate;
III. Los antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones públicas de carácterfederal previas o, en su caso, en transacciones comerciales internacionales;
IV. El grado de participación del infractor;
V. Los medios de ejecución;
VI. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley, y
VII. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos sehubieren causado.
Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declaradoresponsable de la comisión de alguna de las infracciones a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente enuna o varias de ellas, dentro de un lapso de diez años contados a partir de que surta efectos la notificación de la primera sanción.
Artículo 29. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativasprevistas en esta Ley prescribirán en un plazo de diez años, contados a partir del día siguiente de aquél enque se hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren decarácter continuo.
Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio delprocedimiento administrativo sancionador o con la impugnación de la resolución respectiva por el infractor.
Artículo 30. Las dependencias y entidades, así como la Procuraduría no podrán otorgar a las personasque hubieren sido sancionadas en términos de esta Ley, durante el plazo en que éstas se encuentreninhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios previstos en la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del SectorPúblico y en los demás ordenamientos aplicables.
Capítulo Sexto
De la Reducción De Sanciones
Artículo 31. La persona que haya realizado alguna de las infracciones previstas en esta Ley, o bien, quese encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse albeneficio de reducción de sanciones establecido en este artículo.
La aplicación del beneficio a que hace referencia el párrafo anterior, tendrá por efecto una reducción deentre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:
I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimientoadministrativo sancionador;
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos involucrados en lainfracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las autoridadescompetentes permitan comprobar la existencia de la infracción;
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el procedimientoadministrativo sancionador conducente, y
IV. Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la infracción.
Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo sancionador aque se refiere esta Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia esteartículo, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se resolverá sobre la procedencia dedicho beneficio.
Artículo 32. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, si elpresunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le aplicará una reducción del cincuenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga dentro del plazo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley.
Capítulo Séptimo
De la Prevención
Artículo 33. La Secretaría podrá suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o moralesque participen en contrataciones públicas de carácter federal y en transacciones comerciales internacionales,así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad deorientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación decontroles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética ensu organización.
En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán lasmejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluirmedidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.
Segundo. La implementación de esta Ley deberá realizarse con los recursos humanos, materiales ypresupuestarios asignados a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y entidades de laAdministración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, así como a las demásautoridades facultadas para aplicar dicho ordenamiento, por lo que no implicará erogaciones adicionales.
México, D.F., a 25 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José GonzálezMorfín, Presidente.- Dip. Martín García Avilés, Secretario.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.-Rúbricas.»
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residenciadel Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de junio de dos mil doce.-Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré
Romero.- Rúbrica.
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