El amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de los mexicanos frente a los abusos de la autoridad. Los cambios que se pretende aprobar vulnerarían la certidumbre jurídica, la confianza de los inversionistas en nuestro país, y la generación de empleos, informó ayer en un comunicado de prensa el Consejo Coordinador Empresarial.
Por ello, señaló el organismo “Se convoca a legisladores y gobierno federal a buscar una mejor solución para frenar abusos sin limitar derechos”. Para el día de hoy está prevista la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Amparo, que se desprende de la reforma constitucional de 2011.
El amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de los mexicanos frente a los abusos de autoridad. Este instrumento ofrece un resguardo a ciudadanos y empresas y es un escudo para todos ante posibles arbitrariedades.
Si bien la nueva ley en su conjunto constituye un avance importante, el dictamen a votación contiene disposiciones que, de aprobarse, provocarían un grave impacto en los derechos de los ciudadanos, y en particular en los sectores productivos de nuestro país.
En específico, la redacción del artículo 129, en sus fracciones XI relacionada con entidades financieras, y XIII referente a concesiones de bienes de dominio de la Nación, obstaculiza la suspensión, herramienta fundamental con la que contamos en México para hacer efectiva la justicia.
Un amparo sin suspensión no es una protección efectiva porque permite que se prolongue la violación de derechos durante toda la vida del juicio y, en ocasiones, que el daño se haga irreparable. Un acto de autoridad arbitrario, con base en los cambios que se proponen, puede provocar la quiebra de una empresa o de cualquier individuo antes de que la autoridad judicial determine el fondo del asunto.
La suspensión es un acto protegido por la Constitución y por los tratados internacionales aplicables, particularmente el Pacto de San José. No puede ser un derecho que se otorgue a unos y se le niegue a otros. Se pretende violentar un principio fundamental del derecho: la igualdad ante la ley.
La reforma en este aspecto atentaría contra la división de poderes, ya que eliminaría en algunos casos la facultad del Poder Judicial de revisar los actos del Ejecutivo.
Asimismo, resulta preocupante la redacción propuesta para el Artículo 5, según el cual, para efectos de amparos, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la propia autoridad. Lo que pedimos en este caso es que se especifique con mayor precisión este supuesto, pues de no ser así se podría abusar de este derecho, en situaciones que no son objeto de amparo.
Con todas estas disposiciones, se atenta contra el espíritu que motivó la reforma Constitucional en materia de Amparo. Se trastoca el sentido de la Constitución en un tema de capital importancia, como es el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.
El sector empresarial reitera su posición en el sentido de que la ley no puede ir más allá de la Constitución.
De aprobarse por el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Justicia, se vulneraría la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas en nuestro país, y por lo tanto, se afectaría la capacidad de generar empleos bien remunerados.
El impacto sería muy grave en sectores productivos que contribuyen con casi una quinta parte de la actividad económica, tales como el de aerotransporte, el financiero, el de las telecomunicaciones, y la minería, entre muchos otros, cuya significación en el empleo es especialmente alta.
Es inadmisible que estas disposiciones se aprueben. De lo que se trata es de reforzar al amparo como instrumento de defensa de los derechos fundamentales.
Estas modificaciones en particular son una clara regresión. Contradicen los avances que se lograron con la reforma constitucional y el propósito de ampliar y actualizar los derechos de los mexicanos.
Hacemos un respetuoso exhorto a los diputados a que analicen con responsabilidad la minuta y que el espíritu que predomine en su decisión sea la protección de derechos, no su limitación.
Reiteramos la convocatoria a legisladores y gobierno federal para, juntos, encontrar una mejor fórmula para frenar abusos sin limitar derechos.
El sector empresarial ratifica su compromiso de contribuir con propuestas y argumentos en este tema y en otros de gran trascendencia para el desarrollo del país.
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