Foto: Senado.
El pleno de senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó ayer su rechazo a la firma del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, ACTA, realizada por el embajador de México en Japón, el pasado 11 de este mes, porque se ignoró la recomendación emitida por el Senado de la República el 6 de septiembre de 2011, de no signar el documento.
Además, la Comisión Permanente aprobó citar al secretario de Economía, Bruno Ferrari, al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Rodrigo Roque Díaz, y a un representante de la Cancillería, para que informen las razones por las cuales el gobierno mexicano suscribió el convenio.
Los senadores argumentaron que el ACTA contiene elementos que pueden vulnerar leyes mexicanas y transgredir derechos consagrados en la Constitución.
En el acuerdo de este miércoles, la Permanente llamó al Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias a fin de que, previamente a su ratificación, se establezca una reserva de México, a efecto de que no sea aplicable en el país el artículo 27 del ACTA, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales.
Asimismo, hizo un reconocimiento a la voluntad y el acuerdo entre países para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, “aunque dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, prensa e información”.
En el debate, el diputado priista Carlos Flores Rico resaltó que “pese a sus buenas intenciones” en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual y de autor, el convenio se contrapone con la libertad de expresión y de prensa, así como con la libre circulación de las ideas y sobre todo a la protección de derechos personales.
Del mismo modo, ratificó la voluntad del Congreso de la Unión para fortalecer los derechos de los creadores mexicanos.
Por el PVEM, el diputado Gerardo Flores Ramírez aclaró que “no estamos en contra de los esfuerzos para proteger los derechos de propiedad intelectual, pero creemos que es muy riesgoso poner en conflicto la protección de éstos con el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales o la presunción de inocencia.
Dijo que el IMPI no atendió las recomendaciones de la Cámara de Senadores ni de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que no se firmara el tratado, pues, por lo menos, la redacción del artículo 27 dificultará la expansión de la infraestructura de banda ancha y el acceso de la población a ella.
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