Se les exige Inglés e Internet en comunidades indígenas
Foto: Mi punto de vista HSS
Tras las protestas magisteriales y las nuevas disposiciones en el sistema docente, están las demandas de miles de profesoras que ven afectados sus derechos.
Excluidas del debate sobre la reforma educativa, las maestras –quienes representan más del 66 por ciento del personal en educación básica– se aprestan a afrontar una nueva legislación que al parecer les afectará de manera negativa, sobre todo a quienes laboran en comunidades rurales e indígenas.
Para la profesora Tatiana Coll, académica de la Universidad Pedagógica Nacional, la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente genera una situación de “excepción arbitraria” en la que no se tomaron en cuenta las condiciones de marginación en las que laboran miles de profesoras.
La especialista explica que la reforma educativa pretende que la docencia gire en torno a una evaluación, con pruebas estandarizadas y reduccionistas que dejan de lado las capacidades pedagógicas necesarias y exclusivas de la docencia.
Coll destaca que la mayor parte del magisterio está conformado por mujeres, y que son ellas quienes acuden a las 100 mil escuelas “multigrado” que hay en el país a dar clases a niñas y niños que van de los 6 a los 14 años de edad en una misma aula, en un contexto de carencias tecnológicas y abandono por parte de las autoridades.
Detalla que 44 por ciento del total de escuelas son “multigrado”, las cuales están en comunidades rurales y de difícil acceso, muchas de ellas con techo de paja, piso de tierra, material escaso, y es ahí donde estas maestras imparten clases con sus propios recursos y sin apoyo oficial.
Incluso, apunta, en las “telesecundarias”, que representan el 55 por ciento del total de secundarias del país, las docentes van a zonas alejadas a ejercer labores de dirección, docencia, de cuidado y hasta administrativas… todo por el mismo sueldo.
Según cifras de la SEP, hay un millón 842 mil 896 maestras y maestros en todos los niveles. En preescolar, ellas representan 96.2 por ciento del total de docentes, y en las primarias el 66.6 por ciento. En secundaria, 51 por ciento son maestras.
Sin embargo, ellas no tienen las mismas posibilidades de ascenso laboral que los varones: la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje muestra que sólo 34.7 por ciento de los directores de secundarias en México son mujeres.
Más obstáculos
La Ley General del Servicio Profesional Docente tiene por objetivo “mejorar la calidad de la educación; mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, y asegurar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente”, por lo que a partir de 2015 los ingresos se darán por concursos públicos de oposición y el personal en activo tendrá que someterse a las evaluaciones.
El artículo 53 de esa norma estipula: “En los casos de quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad”. Es decir, serán despedidos.
Tatiana Coll advierte la improcedencia de aplicar la misma prueba a maestras que imparten clases, por ejemplo, en la delegación Coyoacán, y a aquéllas que tienen que desplazarse a comunidades marcadas por la pobreza.
A decir de la experta, la nueva ley atenta contra los derechos laborales de las y los maestros que tienen una plaza de base, ya que no hay otras y otros profesionales en el país a quienes se les aplique una evaluación y se les pueda despedir sin ninguna responsabilidad por parte de la SEP, a pesar del cúmulo de años laborados.
Resistencia
La maestra Rosa María Medina, con 36 años de servicio docente, aclara que las profesoras no se niegan a ser evaluadas o a la actualización, sino que –sostiene– el gobierno no consideró la pobreza y marginación en la que ellas laboran en los estados, ya que tienen que recorrer largas distancias para llegar a las escuelas y ganan apenas 2 mil 700 pesos quincenales, y ningún apoyo para capacitación.
Catalina León, profesora de telesecundaria en Oaxaca y quien hasta el pasado viernes permanecía en el plantón de la CNTE en el Zócalo del DF, acusó que no hay ningún respaldo por parte de las autoridades para continuar con su preparación, y que, en el colmo, les “ofrecen” posgrados en el Tec de Monterrey y otras escuelas privadas, cuando ellas carecen de los recursos para pagarlos.
María Santiago, también maestra en Oaxaca, resalta que no es posible que se les pida el idioma inglés para brindar una educación “de calidad”, cuando en su entidad los idiomas principales son el zapoteco o el mixteco.
La profesora Elizabeth Escobar critica que con la nueva ley se les exija trabajar con páginas de Internet, cuando hay comunidades en las que ni siquiera hay energía eléctrica.
=LOA=
(CIMAC)
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