Foto: GTSPM
El Reglamento de la Ley de Migración que se publicó el pasado 28 de septiembre si bien incluyó algunos de los comentarios enviados a través de la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (Cofemer) y mejora en algunos temas y procedimientos, no garantiza plenamente los derechos humanos de las personas migrantes que transitan y residen de manera temporal o permanente en México.
Así lo manifestó, mediante un comunicado, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, quien señala que continúa habiendo vacíos que en la práctica se llenan con la aplicación discrecional de la norma por parte de las autoridades migratorias, así como diversas violaciones a los derechos de la población migrante por una falta de claridad en el texto.
Para las organizaciones firmantes, el Reglamento publicado no cumple totalmente con su objetivo de «promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad», ello ya que promueve una migración selectiva a través de los sistemas de puntos y cuotas, sin facilitar o hacer frente de manera integral a la totalidad de los flujos migratorios que transitan por el territorio nacional. Se limita a su gestión, y ello sin innovar en temas como alternativas a la detención. Tampoco se avanzó del todo en la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, como la niñez migrante, las personas con VIH, entre otros.
Si bien se hace un esfuerzo por mejorar en la protección de los derechos de la población migrante, se queda corto y, en algunos casos, la generalidad de su texto limita el acceso a dichos derechos. Tal es el caso de temas como la segunda revisión y el rechazo, en los que comunicar a la persona de su derecho a la protección consular no basta para garantizar su derecho a la defensa, como argumenta la Segob en su respuesta al Dictamen de la Cofemer. De igual forma, persisten algunos requisitos para la regularización que la hacen inaccesible, como es el registro de los empleadores ante el Instituto Nacional de Migración.
En este sentido, enfatizaron que la falta de un espacio verdadero de discusión y construcción de acuerdos dejó como resultado un texto en el que varias de las propuestas presentadas a la Segob y a Cofemer perdieron fuerza y coherencia en el reglamento al incluirse de manera aislada y/o parcial.
Además del Reglamento, ha habido otras iniciativas, como la creación de la Unidad de Política Migratoria, la reestructuración del INM y la creación de dos consejos, uno técnico y uno ciudadano. La Secretaría de Gobernación mencionó que la demanda de participación queda satisfecha a través de la Unidad de Política Migratoria y de la creación del Consejo Ciudadano. No obstante, del texto no se define cómo van a interactuar estas dos entidades; sobre el Consejo Ciudadano no se mencionan, entre otras cosas, quién convocará a las personas que integrarán el Consejo; criterios o perfiles de selección; mecanismo por el que se seleccionará a integrantes y quién seleccionará; finalmente, no hay claridad sobre las propuestas que deriven de este consejo a quién se dirigirán y quién las atenderá.
Además, es preocupante que se publique sin considerar las iniciativas de reforma a la Ley de Migración que se encuentran en el Congreso, así como las normas secundarias que subsanen la inoperancia o en su caso discrecionalidad en la aplicación tanto de la Ley como del Reglamento ya que en las condiciones en las que se avaló, se contradice el espíritu de garantía y protección de los derechos humanos con el que se creó la Ley y ubica a las personas migrantes en un limbo jurídico.
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria está conformado entre otras por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; DPMH Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3, Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala – México; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora.
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