El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 311 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, reformas para imponer penas que van de los 40 a 60 años de prisión a quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Fue enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El dictamen, que modifica el Código Penal Federal, las Leyes General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene como propósito garantizar la justicia a las mujeres en los diferentes ordenamientos relativos a su atención ante un delito, informa la Cámara mediante un comunicado.
La minuta, proveniente del Senado, adiciona un título Decimonoveno Bis, denominado Delitos contra la Igualdad de Género con un capítulo uno del Feminicidio, a fin de sancionar a quien por razones de género prive de la vida a una mujer.
Establece que corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública diseñar y promover una página electrónica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en todo el país.
Lo anterior para que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas.
Asimismo, faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías federales, y a todo personal que atiende a víctimas de delitos, en derechos humanos y género.
De igual forma, se encargará de la eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, además que deberá aplicar protocolos especializados para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecías.
Subraya que será la PGR la encargada de crear el Banco Nacional de Datos de Mujeres y Niñas que contenga la información genética de las familias de las mujeres y niñas desaparecidas, así como de aquellos cuerpos registrados como “no identificados” o desconocidos.
Igualmente determina que será esta dependencia la autorizada para elaborar un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.
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