Foto: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que un particular pueda defenderse de aquel congreso local que se negó a admitir u omitió darle respuesta a la denuncia de juicio político que promovió en contra de algún servidor público.
Siete ministros resolvieron que a través de un juicio de amparo indirecto, es posible que el juez federal revise si se cumplieron con los requisitos básicos para desechar la denuncia; o bien, determine si la conducta del funcionario es de aquellas que generan responsabilidad política.
El Máximo Tribunal del País dejó a salvo la facultad soberana y discrecional que tiene el poder legislativo para remover o suspender al servidor público sujeto a juicio político.
La discusión sirvió para resolver una diferencia de interpretación que surgió entre dos tribunales colegiados que analizaron las legislaturas de Quintana y Roo y Sinaloa.
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(Azteca Noticias)
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