Foto: SFP.
El gobierno federal evitó que cuatro directivos de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) realizaran un fraude que hubiera provocado a esta institución un daño patrimonial por más de 110 millones de pesos.
El trabajo coordinado, por parte de las secretarías de la Función Pública (SFP), de Gobernación (Segob), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), impidió esa grave afectación al erario.
Los servidores públicos involucrados ya fueron separados de sus cargos y el área jurídica de Pronósticos para la Asistencia Pública presentó una denuncia penal ante la PGR.
Ayer se dio a conocer en el Diario Reforma la operación para defraudar a PAP, mediante un concurso de Melate, que fue grabado previamente a su transmisión, para que un grupo de personas ligados a los funcionarios separados, los llenaran y se quedaran con el premio, que ascendía a más de 154 millones de pesos.
Para ello contaron con la complicidad de la empresa Just Marketing, encargada de grabar el sorteo.
Aunque las personas recibieron cheques cuyo monto era de 110 millones de pesos, las cuentas bancarias les fueron detenidas, al detectarse que tenían relación con los funcionarios investigados.
La PGR ha establecido hasta ahora la presunta responsabilidad penal de:
– Los cuatro servidores públicos de PAP
– Dos particulares de una empresa proveedora (Just Marketing)
– Y seis personas más vinculadas al caso que, igualmente, intentaron defraudar a la entidad pública.
Antes y durante la celebración del sorteo Melate 2518, el 22 de enero pasado, dichos servidores públicos involucrados cometieron diversas irregularidades.
Los implicados ocupaban los cargos de Director de Marcas Deportivas Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos; subdirector de Concursos y Sorteos; Coordinador Profesional Ejecutivo y otro servidor público, los dos últimos adscritos a la Subdirección General de Concursos y Sorteos.
Además están bajo investigación, por parte de PAP, la Coordinadora Técnica y Jurídica, dos empleados adscritos a la Subdirección General de Informática; dos jefes de Departamento de Seguridad y Vigilancia.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, separó de sus funciones como interventora a la servidora pública que supervisó el sorteo señalado, con el fin de agilizar las investigaciones.
En paralelo, las autoridades adoptaron varias acciones preventivas, entre ellas:
• El aseguramiento las cuentas bancarias de los cuatro presuntos responsables, por un monto acumulado de más de 110 millones de pesos, con lo que se evitó que usaran recursos sustraídos ilegalmente de la institución.
• En materia administrativa, la SFP inició investigaciones y procedimientos de responsabilidades a diez servidores públicos federales, por sus diversos grados de participación en los hechos.
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