Foto: Excélsior
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo y Legislativo a aprobar un Código Procesal Penal Único para todo el país, ya que éste «innegablemente fortalecerá el Estado de Derecho» y el pleno respeto a los derechos humanos.
Al participar en el Simposio sobre el Código Penal Único, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ministro agregó que la existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano «ha permitido advertir las inconsistencias e incluso dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa”.
Esto sin contar, la disparidad de marcos punitivos o penas aplicables, «lo que indefectiblemente genera un ambiente de desigualdad e inseguridad jurídica para las personas sujetas a proceso, a quienes por hechos tipificados de similar forma por leyes diversas, les corresponderán penalidades también distintas, en mayor o menor medida».
Lo cual, sostuvo, «ha incidido en una inapropiada percepción del sistema de impartición de justicia en México, al apreciarlo las personas afectadas como relativo y deficiente».
En la práctica, agregó, esta dispersión trae como consecuencia «la aplicación de normas opuestas, por ejemplo, que en una entidad federativa un hecho delictivo sea considerado grave, mientras que en otra, con los mismos elementos configurativos, no sea considerado como tal» , lo que se traduce en la procedencia o no de beneficios, como el otorgamiento de la libertad caucional o bien, la imposición de la prisión preventiva.
Silva Meza recordó que en fecha recientes, con la adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y con la celebración del llamado Pacto por México, «resurgió con mayor fuerza la idea de lograr una codificación penal única».
Por este motivo, urgió a hacer realidad la reforma constitucional penal de 18 de junio de 2008, mediante una implementación ordenada, uniforme, sistemática, y congruente, y sobre todo, respetuosa de los Derechos Humanos, «lo que en mucho se logrará con la emisión del Código Procesal Único para todo el Estado mexicano, como ley secundaria que redefinirá los contenidos del debido proceso penal y que permitirá dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a sus habitantes».
Recordó que actualmente hay 33 códigos penales y procesales que corresponden, uno a la Federación, 31 de las entidades federativas y uno del Distrito Federal, que regulan tanto el derecho sustantivo como procesal penal.
Además, con el inicio de vigencia del Sistema Procesal Penal Acusatorio en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, se suman 12 legislaciones procesales.
“El logro de una codificación única no es ociosa, por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México, el que, junto con los Estados Unidos, constituyen las excepciones de estados federados que no cuentan con una legislación penal aplicable en todo su territorio”, aseveró.
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(La Jornada)
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