Uso de tarjetas Monex no corresponde al día de la jornada electoral: Alfredo Cristalinas Kaulitz

Foto: IFE

En reunión con la Comisión encargada de la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz, afirmó que el uso de tarjetas Monex no corresponde al día de la jornada electoral.

“En el caso de las tarjetas, las erogaciones, retiros y aplicaciones en terminales de punto de venta, no corresponden al día de la jornada electoral, ni a los dos días previos”, subrayó.

“Esta autoridad después de analizar el flujo del dinero en el mapa geográfico de utilización y retiro de cajeros, que conjuntan más de 32 mil operaciones de las 7 mil 851 tarjetas, el resto no tenía fondeo, pudimos identificar el día y la entidad donde se hicieron las disposiciones una a una”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación, diputado Roberto López Suárez (PRD) subrayó que es indispensable conocer si se revisaron las cuentas bancarias y declaraciones ante el SAT de las empresas involucradas en torno al financiamiento de las campañas electorales 2012.

Esto al no tener facultades la Unidad de Fiscalización para verificar el origen de los recursos otorgados.

“La comisión trabajará hasta llegar al fondo de esta investigación y requeriremos información en temas como Soriana y Monex”, apuntó.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) destacó que la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V, otorgó al PRI un financiamiento por 66 millones 326 mil pesos, préstamo que conforme al artículo 326 del Reglamento de Fiscalización, se tuvo que informar a la Unidad de Fiscalización por la apertura de créditos o su equivalente a más tardar después de cinco días de celebrarse la operación.

En su turno, el diputado del PT, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, pidió se aclare el origen de los recursos otorgados para el financiamiento de tarjetas, ya que la Unidad de Fiscalización del IFE no investiga a fondo la situación, apuntó.

En el mismo sentido se pronunció la diputada del PRD, Mejía Guardado Julisa, quien afirmó que tanto la Condusef, como el Órgano de fiscalización, se “dedicaron a meter la basura debajo de la alfombra”.

Durante su participación, el diputado Fernando Castro Trenti, del PRI, dijo que las autoridades electorales se condujeron con transparencia durante las investigaciones. “El IFE consideró como lícitas la distribución de recursos mediante la estructura partidista durante la campaña electoral 2012”.

El diputado Fernando Charleston Hernández Fernando, del mismo partido, sostuvo que las respuestas dadas por el IFE indican que no hubo operaciones ilícitas en el pago de servicios ni se comprobó la triangulación de recursos.

En respuesta, Cristalinas Kaulitz explicó que se realizaron más de cinco mil diligencias ante diferentes autoridades locales y federales, trascendiendo el secreto bancario, fiduciario y fiscal, así como investigaciones e indagaciones a través de terceros relacionados con partidos políticos.

“No nos conformamos con el dicho de partidos políticos, candidatos y precandidatos, no sólo revisamos lo que viene en los informes correspondientes, sino que hacemos investigaciones de operaciones que no vienen ahí”.

Respecto al caso Monex Tarjetas, explicó que Grupo Comercial Inizzio contrató directamente con Grupo Financiero Monex la utilización de tarjetas, monederos de prepago, para hacer llegar recursos a esos monederos través de un esquema de solicitudes de dispersión.

Indicó que se acreditó la capacidad económica de las empresas que participaron en el fondeo, pues la estructura de financiamiento está bancarizada y para hacer cualquier transferencia debieron tener, por lo menos, la misma cantidad de recursos a transferir.

Mencionó que existe un contrato entre la Importadora y Comercializadora EFRA S.A. de C.V. y Grupo Financiero Monex por 750 tarjetas que no guardan pertinencia con el Revolucionario Institucional, porque no fueron fondeadas, a excepción de una por 60 mil pesos, cantidad que continuaba en la tarjeta; no tuvo movimientos.

Manifestó que la cadena de contratación para que el PRI utilizara las MONEX, no es ilegal, pues son empresas constituidas. “Si son fantasmas o no, no se califica en ese sentido; son otras autoridades las que tienen esquemas de fiscalización, el SAT, para determinar si son fachadas, fantasma o de papel”.

Enfatizó que “no estamos en presencia de una acción ilegal, porque no se trata de la contratación de servicios financieros propiamente, sino de servicios de planeación y utilización de dinero, el cual no tenía que pasar por la cuenta del PRI. “Lo que contrató no fue un crédito en efectivo, sino un servicio”.

Aclaró que hubo más de 40 mil operaciones en nueve mil 924 tarjetas, pero sólo nueve mil 224 tuvieron pertinencia con el PRI y de ellas, sólo siete mil 851 tenían fondeo, lo que corresponde a poco menos de 30 mil operaciones, incluyendo los retiros. “El resto no guarda pertinencia operativa o de representación y no hay elementos que permitan advertir que corresponden al partido”.

Respecto a la dispersión del monto, destacó que todas las tarjetas tuvieron distintos niveles de fondeo, que iban desde cinco mil a 400 mil pesos y que la entrega de tarjetas que el PRI dijo que eran de gasto ordinario, tienen que ver con su estructura de campaña.

“La Unidad de Fiscalización tomó análisis de las operaciones de las tarjetas que guardan pertinencia con el partido para identificar la aplicación de esos recursos y, atendiendo al lugar y fechas en que se retiraron, la unidad de fiscalización determinó que 50 de 66 millones correspondían a gastos de campaña”.

Destacó que por primera vez la autoridad electoral –a través del análisis de cuentas y, en este caso, de detalle de operaciones, puede establecer con seguridad dónde se llevaron a cabo las operaciones y en qué fechas.

Durante la reunión se le entregó al Titular del órgano Fiscalizador una lista de 24 preguntas al titular de la Unidad de Fiscalización del IFE para que pudieran ser contestadas en 10 días.