Foto: PAN.
Al advertir del comportamiento “poco ético de falseo de resultados” en el que incurrieron la mayoría de las encuestadoras durante los recientes procesos electorales, el diputado federal Fernando Rodríguez Doval (PAN) informó ayer que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentará en breve una iniciativa para saber la procedencia de cada una de ellas y si está financiada por algún partido político o candidato.
Tras aclarar que el objetivo no es sobrerregular una norma electoral que de por sí ya cuenta con estas características, sino legislar para recobrar la confianza en las encuestas, el legislador de Acción Nacional detalló que en fecha próxima se reunirán con los encuestadores, para conocer también su punto de vista y se concrete una propuesta integral.
Rodríguez Doval reconoció que aunque es un buen avance el acuerdo que existe en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para que se transparente la metodología de las encuestas, es necesario establecer este y otros criterios en la legislación, para evitar que se pretenda manipular la intención del voto con una percepción alterada o errónea.
“Las encuestas tienen una incidencia en el comportamiento electoral de las personas, movilizan al electorado en un sentido o en otro, incentivan un voto estratégico, influyen en los donativos, en el flujo de recursos que pueden llegar hacia un candidato o no”, explicó el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agregó que los diputados Acción Nacional impulsarán estas reformas en el Congreso de la Unión, para que estén listas antes de los próximos comicios, ya que su uso se ha convertido en una “estrategia de campaña política” para algunos competidores.
“Lo que nosotros queremos es que las encuestas se transparenten al máximo, no solamente su metodología. Tenemos que ser muy conscientes de que en este último proceso electoral la mayoría de las encuestas fracasaron”, destacó.
Consideró que esta tendencia a manipular las encuestas se evitará si se obliga legalmente al encuestador a señalar quién lo patrocinó y si está o no brindando servicios profesionales a un partido o a un candidato.
“Algo que, por ejemplo, vimos claramente en los procesos electorales estatales del año 2010, es que muchas de estas empresas que difundían sondeos también trabajaban en los equipos de campaña de muchos candidatos y, casualmente, siempre sobreestimaban al PRI. Ese es un fenómeno que está comprobado, no era un sesgo equitativo hacia todos los partidos, las equivocaciones de las encuestas eran sistemáticamente favorables a ese partido”, enfatizó.
Finalmente, el legislador de Acción Nacional aseveró que pretender prohibirlas, como propuso el diputado ex perredista con licencia, Martí Batres, sería un atentado contra la libertad de comunicación y de expresión de los propios ciudadanos, así como inconstitucional.
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