Foto: Diario Jurídico México.
El último día de sesiones del actual periodo de la saliente legislatura, los diputados aprobaron la nueva Ley General de Víctimas.
Algunos de los aspectos medulares de la ley son la creación de un Fondo de Ayuda, el Registro Nacional de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Edgar Cortez, coordinador de la Seguridad Ciudadana y Justicia Penal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró positivo que se reconozcan los derechos de las víctimas. Empero, consideró que hubo prisa por la presión del movimiento del poeta Javier Sicilia.
Así lo expresó durante el foro Panorama legislativo y acciones de la sociedad civil contra la mafia en Italia. Lecciones para México, organizado por la Fundación Heinrich Boell.
A las prisas atribuye algunas cuestiones que pueden resultar inconvenientes en la aplicación de la nueva ley.
“Reconoce derechos de las víctimas. El derecho a la investigación, a la justicia, a la reparación. No aclara quién lo va a hacer. Trabajará con el Sistema Nacional de Seguridad, donde están presidente, gobernadores, presidentes municipales”.
El investigador ve en este aspecto un escollo, por la dificultad que representa la coordinación entre actores de distintos sectores de gobierno.
También ve falta de armonización ya que la nueva ley carece de conexión con el Código de Procedimientos Penales. “No hubo armonía entre el conjunto de leyes o sistemas ya creados y es algo que debía cuidarse”, explicó.
No sólo en ese campo habría falta de armonía.
“Aquí (en la ley) va a haber un Registro Nacional de Víctimas, pero el presidente anunció hace dos semanas el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Me parece que de pronto no tenemos datos, ahora vamos a crear una base de datos, pero en lugar de tener una sola se van a crear muchas bases de datos”.
En contraste, la nueva ley no menciona a la Procuraduría Social de Víctimas.
La ley aprobada el 30 de abril crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y propone que sea operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano que será compuesto por 9 integrantes los cuales deberán ser aprobados por el Senado.
El temor de Cortez es que los puestos terminen repartidos entre los partidos, tal como ocurre con los institutos federales Electoral y de Acceso a la Información. “Se corre el riesgo de colar a los suyos”.
Finalmente, previo que como en otros casos, con una gran ley se cree una gran burocracia.
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