A través de la diputada Olivia Garza de los Santos, el PAN en la ALDF, precisó que están conscientes de la trascendencia e importancia de la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sin embargo, se lamentó que se llegará tarde a la discusión y se trate de una ley que no operará al cien por ciento pues quedará invalidado una vez aprobado el Código Federal.
Asimismo, la diputada panista enfatizó que el acuerdo político mostrado por los grupos parlamentarios en los procesos legislativos que se han llevado a cabo no solo en el Congreso de la Unión, sino el propio «Pacto por México», sugieren que la aprobación de un Código Nacional de Procedimientos Penales será un hecho inminente, y es posible anticipar que será dentro de los primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones cuando el proyecto de dictamen sea aprobado en comisiones y posteriormente, en el pleno del Senado de la República.
«En las próximas semanas los Congresos Locales de los Estados, así como la ALDF, dejarán de contar con la atribución de legislar en materia de Procedimientos Penales del fuero común, por lo que este cuerpo normativo que habremos de aprobar será el último en la historia de la ALDF. No estamos en contra de perder tal atribución si a cambio habremos de contar con mejores instrumentos normativos para eficientar el proceso penal», detalló Olivia Garza.
Además, mediante un comunicado, Garza de los Santos señaló que «Acción Nacional votará en lo general a favor de este dictamen, pues aunque este código llega tarde, tenemos la esperanza y el firme deseo de que por la trascendencia de su contenido, pueda poner el ejemplo y aportar en el debate de teorías de avanzada en la materia procesal penal y en la implementación de la reforma, así como para la creación del código único procesal. Es una apuesta por seguir enriqueciendo la discusión de un código de procesal general, que fortalezca el sistema jurídico mexicano, y que traiga por fin procedimientos justos en materia penal para nuestro país».
Y recalcó que la expedición de un Código Procesal Penal de aplicación Nacional impactará de manera positiva la calidad de justicia que recibirán todos los mexicanos pues evitará que la interpretación e implementación del modelo acusatorio, en general, quede a discreción de las autoridades locales y garantizará que la adecuada procuración de justicia sea una constante en todo el país.
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