Foto: Diario Jurídico México.
Con lágrimas y la voz cortada, la defensora de derechos laborales Blanca Velázquez anunció que se va de México.
La causa son las constantes amenazas que ha recibido, y la falta de garantías para no temer por su vida.
Originaria de Puebla, formó parte del Centro de Atención al Trabajo, CAT, organización defensora de trabajadores, sobre todo de los que son empleados por las maquilas.
“Me asumo defensora desde hace 15 años, los mismos que tengo como sindicalista”, dijo, ante los asistentes al seminario de derechos humanos impartidos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Era su primera reaparición luego de andar a salto de mata ante las amenazas que recibe desde 2010.
Recuerda que ese año hicieron denuncias contra la empresa Johnson Controls, fabricante de asientos y motores, por las condiciones “terribles”, dijo, en que tienen a sus trabajadores.
Entonces inició su infierno. Las oficinas donde trabajaba fueron allanadas. “Sacaron todo”. Para la organización todo es valioso, y quienes entraron a las oficinas sacaron desde un lápiz hasta una computadora, y sobre todo, se llevaron su plan de trabajo.
Además, dejaron una amenaza escrita en la pared: “No saben con quien se meten”.
Pero el trabajo de la organización continuó, y el hostigamiento también
Su nueva computadora fue hackeada y le llegó una amenaza cibernética. Hicieron alusión al asesinato de otra activista, Digna Ochoa y también le mencionaron tanto a aliados nacionales como internacionales. Además de amenazada, estaban vigilada.
“Si tu no dejas de hacer lo que estás haciendo, te va a pasar exactamente lo que le sucedió a digna Ochoa”, le dijeron. Mientras recuerda, se le salen las lágrimas, pero no deja de compartir su experiencia.
Salió un tiempo del país, pero con la idea de regresar. Pero no sólo fue por las amenazas, sino por la indiferencia de las autoridades.
“Hemos hecho denuncias. Pedimos que interviniera el gobierno de Felipe Calderón, pero entre gobiernos locales y el federal se han echado la bolita”.
Incluso de nada sirvió que identificaran a quien la amenazó cibernéticamente, y el individuo ni siquiera ha declarado.
Pidieron ayuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, quien pidió al gobierno poblano brindarle medidas cautelares de protección y lo único que hicieron fue dar rondines sobre la oficina abandonada.
En 2011 regresaron a la oficina y a los dos meses las autoridades le dijeron que esa oficina era un peligro. Eso ya lo sabía ella.
En febrero de este año les retiraron los rondines y entonces le preguntó a gente del gobierno como de la Comisión Estatal. “Están fuera de peligro”, le contestaron. Pero en abril un compañero desapareció. Pensaron que ya no lo verían. Pero regresó, golpeado, torturado.
Sabía que algo pasaba.
Admite que pudieron irse, pero era huir. “Como si fuéramos narcos, delincuentes, pero somos defensores de derecho”, dice mientras los demás, callados, la escuchan con interés.
En junio cerraron las oficinas. Busca recuperarse de los cambios que ha sufrido. Su vida social y sentimental ha cambiado. Organizaciones solidarias le han ayudado. Ya acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No quiere callar, de hacerlo ella se invisibilizaría.
Tampoco quiere dejar de apoyar a sus compañeros trabajadores, que denuncian crecientemente casos de acoso sexual, y en la Junta local no pasa nada, porque los acusados son reinstalados.
Acusa a las trasnacionales y al priísta Leobardo Soto Martínez, Federación de Trabajadores del Estado de Puebla de la Confederación de Trabajadores de México, quien tiene apoyo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, afirma.
Espera regresar, pero mientras debe dejar su país, por ser defensora de derechos laborales.
Pero debe irse del país. Hará una gira para exponer su problemática. Está indignada.
“Me indigna que los defensores vayamos caminando por caminos tortuosos”.
Al terminar su exposición, algunos de los asistentes le desean suerte y le dan un abrazo. Ella lo agradece con una sonrisa triste.
Focos rojos
En México la actividad de los defensores de derechos humanos es de riesgo, advierte el Oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, Alán García.
En una sesión diferente del seminario, expuso que los defensores enfrenta obstáculos múltiples, cómo déficit de interés en su trabajo de parte de las autoridades. Sufren amenazas, hostigamientos, criminalización, injerencia arbitraria, restricciones indebidas a su derecho de asociación, la impunidad en investigación y finalmente asesinatos.
«Es una actividad cargada de compromiso, riesgo y vulnerabilidad», concluye.
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