Foto: Cámara de Diputados
Las entidades federativas prácticamente no participan en el diseño ni en la implementación de programas sociales de los 125 municipios más pobres y son corresponsables con otros niveles de gobierno de que prevalezca la marginación rural, señaló el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Mediante un comunicado, indicó que aunque la estrategia 100×100 –programa para superar las condiciones de pobreza-, posee un repertorio amplio y diversificado de planes sociales, la falta de coordinación con los estados y los ayuntamientos ha provocado incumplimiento de metas y una débil estructura intergubernamental para superar la pobreza.
A través del documento “Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 municipios mexicanos más marginados”, precisó que dicha estrategia no parece tener la capacidad requerida para cumplir con las funciones efectivas de colaboración entre representantes del gobierno federal, los locales, grupos del sector productivo y de la sociedad civil.
Resaltó que la Estrategia 100×100 (E100x100) no cuenta con la jerarquía requerida para crear instancias de gestión o supervisión de los proyectos ejecutados. “La parte más visible de este problema es precisamente la falta de cumplimiento de los compromisos establecidos”.
En México, detalló, la multidimensionalidad de la pobreza incluye factores como ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de vivienda y alimentación, entre otros.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), algunas de las carencias que inciden en la pobreza multidimensional en el país disminuyeron entre 2008 y 2010.
Como por ejemplo, añadió, la falta de acceso de servicios de salud se redujo de 40.8 por ciento (44.8 millones de personas) a 31.8 por ciento (35.8 millones de habitantes); la carencia de seguridad social pasó de 65.0 por ciento (71.3 millones de personas) a 60.7 por ciento (68.3 millones de personas).
La escasez de servicios básicos en la vivienda pasó de 19.2 por ciento (21.1 millones de personas) a 16.5 por ciento (18.5 millones); el rezago educativo disminuyó de 21.9 por ciento (24.1 millones) a 20.6 por ciento (23.2 millones), y la carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7 por ciento (23.8 millones de personas) a 24.9 por ciento (28.0 millones de personas), refirió.
En el documento se menciona que la E100x100 hace un diagnóstico correcto de uno de los principales retos que enfrenta el país en la actualidad: la marginación rural, a diferencia de anteriores políticas de superación de la pobreza en ese ámbito.
A primera vista, se precisa, es una plataforma muy completa para la superación de la marginación, ya que contiene un gran número y variedad de programas tanto asistenciales como de desarrollo humano e infraestructura social.
Sin embargo, se añade que esos programas sociales se enmarcan en un conjunto complejo de relaciones intergubernamentales propias de un contexto que lejos de ser cooperativo ha sido marcadamente centralista.
La E100X100, se subraya, intenta detener y eventualmente revertir las enormes desigualdades económicas y sociales que afectan a las áreas rurales más pobres del país.
El CESOP precisa que aunque este programa ha demostrado flexibilidad y capacidad de innovación, no ha resultado suficiente para mejorar la calidad de vida de los 125 municipios más marginados del país.
Reitera que a coordinación de la E100x100 tiende a ser rígida, basada en mandatos por decreto y convenios que no toman en cuenta las dinámicas, prioridades y poder relativo de los actores institucionales involucrados.
Menciona que las fallas en los procesos de coordinación de este plan, al menos en Tehuipango, Veracruz, han generado incumplimiento en las metas de inversión de los programas de Oportunidades y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.
La Estrategia 100X100, afirma, es el conjunto de acciones realizadas por el gobierno federal para reducir la violencia mediante seis ejes rectores: educación, salud, generación de ingreso-productividad, infraestructura social básica, mejoramiento de la vivienda y medio ambiente.
Diario Jurídico México comparte el documento íntegro.
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