Foto: Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentó hoy en México el informe “Los invisibles de la Frontera Olvidada”, resultado de la Segunda Misión de Observación realizada el pasado 3 de Agosto al Campamento Campesino en Resistencia La Nueva Esperanza, con el objetivo de actualizar el capítulo sobre los desplazados de la comunidad de Nueva Esperanza, Guatemala.
Desplazadas de Guatemala, refugiadas de facto en México y expulsadas nuevamente por autoridades mexicanas en grave y clara violación al derecho internacional humanitario, las familias de Nueva Esperanza se mantienen en la línea fronteriza en un precario campamento denominado «Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza» en condiciones críticas que, a lo largo de un año, se han deteriorado gravemente dejando ya como saldo la muerte de una pequeña niña nacida en México de padres guatemaltecos, señala el comunicado.
En este segundo informe dan cuenta del contexto del desalojo realizado el 23 de agosto de 2011 en la comunidad Nueva Esperanza, del departamento de La Libertad, zona del Peten, Guatemala, bajo el argumento de que la comunidad estaba asentada en un área natural protegida, denominada la Reserva del Lacandón. El resultado de ese operativo fue la destrucción completa de la comunidad, incluyendo las casas, la escuela, la iglesia y el centro de salud.
La comunidad nunca fue notificada de una intención de desalojo, y las condiciones en que este se realizó no proporcionaron a la comunidad ninguna alternativa de reubicación ni seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.
Las exigencias hechas al gobierno mexicano durante el año pasado para asistir humanitariamente a las familias desplazadas ocasionaron que el 9 de enero de 2012, el gobierno de México, realizara una «repatriación voluntaria», lo que significó una acción violenta donde fueron desalojadas 70 personas (14 hombres, 11 mujeres y 45 niñas y niños), para desentenderse de sus obligaciones, vulnerando diversos derechos y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y emocional, particularmente de la infancia. Estos hechos permanecen impunes. Este informe incluye también las condiciones en que se llevó a cabo el operativo de repatriación forzada por parte del gobierno mexicano, vulnerando los derechos de mujeres, hombres, niños y niñas.
Tras la repatriación forzada se ubicaron en la línea fronteriza entre México y Guatemala, del lado de Guatemala. Luego de un año de que las familias han resistido la falta de alimentos, los climas y lluvias de la región, la falta de tierras y las promesas incumplidas de los gobiernos mexicano y guatemalteco se autodenominan Campamento Campesino en resistencia de Nueva Esperanza”. El informe detalla la emergencia en que viven las cerca de 185 personas del campamento, con negaciones de ayuda humanitaria. Cabe destacar que estas condiciones han resultado ya en la muerte prematura de una niña.
El informe recoge las experiencias de niñas y niños de la comunidad, constatando los efectos negativos al haber sido testigos del despojo violento del que han sido víctimas, y el temor de que se repitan acciones violentas contra ellos y sus familias. Destacamos que las acciones llevadas a cabo por parte de los Estados involucrados han incumplido los derechos de la niñez de Nueva Esperanza.
En el informe también se incluye la situación de militarización de la línea fronteriza. Un año después del desalojo no se han comprobado ni sostenido acusaciones de vínculos con el narcotráfico o de afectación de la reserva con las que autoridades guatemaltecas intentaron incriminar a las y los pobladores de Nueva Esperanza, lo que confirma el temor expresado por la Misión Civil de Observación de que fuese una estrategia para criminalizar a las y los desplazados y justificar el desalojo.
En este año la comunidad se ha enfrentado a promesas incumplidas de dos administraciones guatemaltecas. La Misión expresa su extrema preocupación por la táctica dilatoria con la que el gobierno anterior y el entrante de Guatemala han tratado a las y los desplazados, multiplicando reuniones e incumpliendo continuamente acuerdos sobre una posible reubicación, lo que retrasa la solución del conflicto y mantiene a las familias de Nueva Esperanza en condiciones críticas, sin que a la fecha les hayan reubicado conforme a los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU.
Violaciones al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a la vivienda, y a la asistencia humanitaria y agravios a población particularmente vulnerable como la infancia y mujeres embarazadas son documentadas en el informe “Los Invisibles de la Frontera Olvidada”, que concluye con un llamado urgente y exigencias a los gobiernos de México y Guatemala.
El informe concluye con un llamado urgente a los gobiernos de Guatemala y México, instándolos a ambos a atender la emergencia y brindar asistencia humanitaria. Al de Guatemala, además, a resolver de manera permanente la situación y, al de México, a evitar la impunidad en las violaciones cometidas contra esta población desplazada.
Este informe constituye una actualización del informe “La Frontera Olvidada”, que fue resultado de la primera misión de observación realizada en octubre de 2011 para documentar las condiciones y riesgos que enfrentan defensores, migrantes y desplazados en Tenosique.
En la Misión participaron:
• “La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes” ubicada en Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atento al caso y asistiendo humanitariamente en la medida de sus posibilidades a las familias guatemaltecas.
• Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas.
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
• Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada.
• Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).
• Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an.
• Equipo Indignación AC.
Este trabajo de seguimiento tuvo también la atención y respaldo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Diario Jurídico México comparte el Informe completo.
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